La UE cuestiona la eliminación de los alojamientos vacacionales en Barcelona.
Coloquio Círculo Ecuestre
Especialistas de los sectores económico, legal y corporativo advierten que la eliminación completa de los permisos programada para 2028 perjudicaría el modelo financiero, la estabilidad legal y la capacidad competitiva de la urbe sin lograr una reducción en los precios de los arrendamientos.
Reunión de charla matinal en el Círculo Ecuestre: “La Barcelona del futuro. El impacto real de eliminar los pisos turísticos”
Barcelona encara una de las discusiones más delicadas acerca de su esquema de ciudad y turismo: la supresión íntegra de los permisos para viviendas de uso turístico proyectada por el Ayuntamiento para el año 2028. Esta determinación que, conforme señalaron especialistas de los sectores financiero, legal y corporativo, colisiona con la postura de la Comisión Europea y podría generar consecuencias negativas en la actividad económica, la certeza legal y el posicionamiento global de la urbe, sin solucionar las dificultades de entrada al mercado habitacional.
Tales deducciones se manifestaron en el Desayuno-Coloquio llevado a cabo en el Círculo Ecuestre denominado “La Barcelona del futuro: el impacto real de eliminar los pisos turísticos”, promovido por la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), ante un auditorio lleno y una nutrida presencia de figuras empresariales, institucionales y políticas de la urbe. La cita, acontecida el martes pasado y que contó con la introducción del presidente del organismo anfitrión, Enrique Lacalle, funcionó para cotejar el relato político frente a la estadística y para ubicar la deliberación en el escenario europeo.
La CE desestima vetar los arrendamientos de breve estancia y recalca la importancia de emplear criterios de proporcionalidad y ordenación.
La comunicación emitida desde Bruselas constituyó uno de los pilares fundamentales de la charla. La Unión Europea ha manifestado con nitidez que no promoverá restricciones globales a los arrendamientos temporales y que toda normativa tiene que fundamentarse en principios de proporcionalidad, datos objetivos y una armonía entre los factores financieros y comunitarios. Dentro del contexto del Plan Europeo de Vivienda Asequible, la CE ha rechazado la implementación de bloqueos absolutos. El mismo comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, ha definido ante la opinión pública un veto integral como “desproporcionada” y “no una buena idea”, una declaración con un fuerte matiz político, dado que forma parte del mismo grupo socialdemócrata que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
La reunión dio comienzo con la exhibición de un trabajo de PwC, que deduce que el auge de las viviendas de uso turístico no ha impactado en el alza del coste del alquiler, debido a que ha seguido invariable en los pasados diez años con 10.000 autorizaciones. Basándose en dicho informe, estos inmuebles conforman el 1,2% del mercado habitacional, una cifra poco relevante para alterar de forma notable los precios.
Un estudio realizado por PwC determina que la expansión de las viviendas vacacionales no ha tenido impacto sobre la subida en el coste de los arrendamientos.
Jordi Salvador, responsable de Strategy & Economics de PwC en Catalunya, indicó que los alojamientos turísticos suministran 1.928 millones de euros al PIB urbano y originan más de 40.000 ocupaciones laborales, incluyendo vacantes directas, indirectas e inducidas. “Por cada 1.000 visitantes que se alojan en viviendas de uso turístico se crean 14 puestos de trabajo”, puntualizó el especialista. Dicho estudio asocia el alza del coste habitacional a una disponibilidad restringida ante una necesidad en aumento ligada al progreso económico y laboral.
Salvador señaló que prescindir de esta modalidad de hospedaje mermaría el potencial de Barcelona para albergar acontecimientos de gran escala. Al carecer de pisos turísticos, la urbe enfrentaría complicaciones para gestionar todo el requerimiento en encuentros tales como el Mobile World Congress, el Primavera Sound o el Sónar, lo cual perjudicaría su estatus como anfitriona de certámenes globales.
Referente en Europa
El máximo responsable de Apartur, Enrique Alcántara, respaldó el esquema normativo que Barcelona emplea desde 2014, el cual se apoya en una cifra restringida y supervisada de permisos y en procesos de fiscalización que han logrado disminuir considerablemente la actividad clandestina.
Bajo su criterio, la capital catalana ha liderado la vanguardia en Europa y se ha transformado en un punto de referencia para otras urbes que pretenden organizar el ámbito sin aplicar vetos.
Una Barcelona carente de pisos turísticos sería menos asequible, menos competitiva, más humilde y seguiría teniendo el idéntico conflicto de vivienda que sufrimos actualmente.
Alcántara señaló que el retiro de los permisos reglamentarios significaría prescindir de casi un 40% de la oferta de plazas turísticas en la localidad. “Barcelona será a partir de 2028 una ciudad menos accesible, menos competitiva y más pobre, y todo ello sin haber resuelto el problema de la vivienda”, declaró.
Igualmente advirtió acerca de una consecuencia directa en el turismo de familias, las cuales eligen los pisos vacacionales como su opción de estancia preferida, un aumento anticipado de los costes de hotel y la eliminación de empleos, además de la posibilidad de ser apartados de la agenda de grandes encuentros globales.
Restringir los alojamientos vacacionales afecta negativamente a la totalidad de la urbe. Constituimos un ecosistema integrado: hoteles, hostales, viviendas turísticas... Que brindamos atención a los visitantes.
Bajo una perspectiva corporativa, el máximo responsable y creador de Room Mate Hotels, Kike Sarasola, abogó por la importancia de contar con opciones de hospedaje variadas en una urbe internacional de la talla de Barcelona. Remarcó que las viviendas de uso turístico aparecieron para satisfacer los requerimientos del público e interrogó si las autoridades consideran la información existente.
Sarasola expresó su desacuerdo con el veto y se decantó por una normativa más minuciosa, planteando medidas específicas para dificultades puntuales, como optimizar la administración de las corrientes de turistas. Bajo su punto de vista, agredir a un segmento de la oferta fragiliza la totalidad del tejido turístico, del cual son parte hoteles, hostales y alojamientos vacacionales.
Regular, no prohibir
La discusión jurídica ocupó una porción significativa de la controversia. Pablo Molina, experto en Derecho Urbanístico de Garrigues, advirtió que la supresión masiva de permisos constituye un antecedente de gran impacto. Indicó que consisten en derechos consolidados de duración indefinida, cuya anulación podría verse como una modalidad de expropiación que impacta de lleno en familias y pequeños ahorradores que realizaron inversiones bajo la normativa legal entonces vigente.
Prohibir constituye la desidia intelectual de la autoridad. Resulta indispensable legislar con proporcionalidad, reconociendo los conflictos de cada ayuntamiento y definiendo directrices precisas.
Molina señaló que transformar los permisos permanentes en limitados genera incertidumbre legal y podría replicarse en diversas áreas que requieren aval administrativo. El jurista subrayó que “la prohibición es la pereza del regulador” y mencionó el ejemplo de Nueva York, ciudad en la que se vetaron las viviendas vacacionales, aun cuando era una actividad carente de normativa y de autorizaciones previas concedidas.
Por consiguiente, el resto de los hospedajes para turistas aumentaron su valor y el coste habitacional para los vecinos locales mantuvo su tendencia ascendente. Molina subrayó, por otra parte, la que estimó como la única reparación jurídica derivada del contexto legal presente: la facultad de requerir una extensión de cinco años para los permisos cuyos propietarios consigan probar que no percibieron una compensación suficiente.
Un debate basado en datos
Gonzalo Bernardos, experto en economía, se mostró particularmente severo frente a la narrativa política imperante. Señaló que el coste de los inmuebles se ha incrementado un 72% durante los últimos diez años, a pesar de que la cantidad de permisos para apartamentos vacacionales ha permanecido constante. En los distritos con mayor demanda de Barcelona, puntualizó, los alojamientos turísticos representan menos del 0,3% del total de viviendas, aun cuando en dichas áreas el encarecimiento de los arrendamientos ha sido más pronunciado.
Bernardos se refirió a una “cruzada contra el turismo” y alertó sobre el peligro de transformar Barcelona en una urbe con una economía menos dinámica y una proyección global más débil. “Lo que nos está pasando es que el relato gana al dato”, afirmó con rotundidad.
No hay relación alguna entre el encarecimiento de los inmuebles y los alojamientos vacacionales en Barcelona.
En el transcurso del debate se trataron igualmente temas como la turismofobia y la saturación. Los expertos concordaron en que resulta fundamental organizar de manera óptima la afluencia de personas, empleando restricciones de capacidad y estrategias de reparto por el territorio, en vez de aplicar vetos totales que, bajo su perspectiva, no solucionan la raíz de la situación.
Durante el espacio de consultas, Molina detalló que la normativa podría desencadenar dos disputas jurídicas: el requerimiento de renovar las extensiones de los permisos y el proceso legal sobre su finalización, una situación que suma inseguridad a una industria que previamente funcionaba bajo un esquema constante.
La ceremonia finalizó con una postura conjunta de Apartur y los especialistas que acudieron al encuentro: Barcelona requiere regulación en lugar de prohibición. Se trata de una invitación a retomar una discusión fundamentada en cifras y equilibrio, siguiendo las directrices de la Comisión Europea, y a eludir determinaciones que, en vez de solucionar la problemática habitacional, podrían provocar consecuencias financieras y legales complejas de subsanar.