El Tribunal Supremo de EE.UU. Considera ilegales los aranceles globales de Trump
Guerra comercial
Este duro golpe a la pieza clave de la política económica de la Casa Blanca se sustenta en que el presidente se excedió en sus poderes al no tratarse de una emergencia nacional
El fallo tiene como fondo la recaudación de 240.000 millones de dólares desde abril, lo que supondría devolver unos 120.000 millones, o un 0,5% del PIB de EE.UU, si bien el alto tribunal guarda silencio en este asunto
Donald Trump ha defendido reiteradamente que como presidente de Estados Unidos tiene el derecho a fijar aranceles sin contar con el apoyo del Congreso
El día A, por los aranceles llegó este 20 de febrero. El Tribunal Supremo de Estado Unidos, asestando un duro golpe a Donald Trump, dictaminó este viernes que el presidente se excedió en su autoridad al imponer amplios aranceles amparándose en una ley reservada para una emergencia nacional (IEEPA).
El presidente, que estaba en una reunión con gobernadores al salir la noticia, se mostró muy agitado y furioso. Al margen de un lenguaje poco correcto políticamente, consideró que esta decisión es “una desgracia”. El aura de invencibilidad que Trump creía tener ha desaparecido por obra y gracia de un tribunal que tantas veces se ha puesto de su lado. Gana la justicia, coincidieron numerosas voces, y se demuestra que Trump no es invencible. El Dow Jones, en el que deposita tanta fe, le salió rebelde y se disparó al alza.
La ley que sustenta esos aranceles de importación “no autoriza al presidente a imponer aranceles”, dictaminó la mayoría de los magistrados de un tribunal dominado por jueces conservadores por seis a tres. De esta manera dejan fuera de lugar la mayor parte de los gravámenes globales impuestos por la Casa Blanca. Los conservadores Clarence Thomas, Samuel A. Alito Jr. Y Brett M. Kavanaugh expresaron su opinión contraria a la mayoría.
Al escribir en nombre de esa mayoría, el presidente del Tribunal Supremo, el también conservador John G. Roberts Jr., afirmó que la ley no autoriza al presidente a imponer aranceles. “El presidente afirma tener el poder extraordinario de imponer unilateralmente aranceles de cuantía, duración y alcance ilimitados. A la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de esa autoridad que afirma tener, debe señalar una autorización clara del Congreso para ejercerla”, escribió el presidente del Tribunal Supremo”.
La decisión tenía una dimensión muy superior a las barreras nacionales, puesto que su política comercial con los llamados aranceles recíprocos y universales están afectando a prácticamente la totalidad de los países del mundo. Además debía suponer el reembolso de miles de millones.
Además del recorrido político y su repercusión en el comercio global y el particular de este país, la resolución decisión tiene un impacto en las arcas de EE.UU. Se abre una lucha potencial por un valor de al menos 240.000 millones de dólares recaudados desde el pasado abril. El Departamento del Tesoro calculó que esta resolución le obliga a reembolsar unos 120.000 millones, o un 0,5% del PIB de EE.UU., a los importadores. En principio, el Supremo guarda silencio sobre esas devoluciones, no clarifica el proceso a seguir, lo que avalaría que el ejecutivo ha de devolver el dinero.
Antes de este fallo, la administración de EE.UU. Había dicho que una derrota en el caso podría obligar al gobierno a deshacer acuerdos comerciales con otros países y potencialmente pagar cuantiosos reembolsos. Ahora parece que no será tan fácil y los propios jueces que se opusieron a la ilegalización señalan que ese reembolso sería un desastres. Los demandantes ya contrataron abogados, avanzándose a esta resolución, para iniciar las reclamaciones.
Muchas empresas ya anticiparon que, incluso con un fallo judicial que validara su reclamación, Trump no pondría un camino fácil para hacer ese reembolso. Empresarios como Jim Estill, director ejecutivo de la canadiense Danby Appliances, indicaron que no está en el ADN de este gobierno devolver dinero.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, avanzó hace unas semanas que la decisión del tribunal podía traer un panorama nublado si determina en contra de los gravámenes de Trump y que “el presiente perdería flexibilidad en el uso de estas tasas, tanto por seguridad nacional como poder de negoación”.
Sin embargo, Bessent matizó que la administración pude reemplazar estos ingresos con un movimiento hacia otro tipo de aranceles, lo que demuestra que no hay intención de renunciar a esta política.
Aunque la Casa Blanca sostuvo que planea sustituir los aranceles impuestos en virtud de la IEEPA por otros gravámenes utilizando facultades más claramente establecidas, esas disposiciones legales suelen exigir que el representante de Comercio de Estados Unidos lleve a cabo una investigación y solo se aplican a determinados sectores. Esto impediría que Trump utilizase los aranceles como un arma de chantaje como ha hecho con muchos países, por ejemplo Brasil.
Trump ya trató de influir en la sentencia cuando se produjo la vista oral en el Supremo el pasado noviembre, en proceso aceptado por el alto tribunal por la vía expeditiva, al asegurar que los jueces debían darle la razón porque se trataba de un caso a vida o muerte para la nación.
Ante la inminencia de este fallo, el presidente estadounidense recargó baterías estos últimos días con su hipérbole habitual. “Esta es la decisión más importante jamás pronunciada”, escribió en su red social.
Justo este jueves, Trump insistió. “Sin aranceles, todo el país estaría en quiebra”, dijo en un acto en Georgia. “He estado esperando esta decisión, he estado esperando por siempre. Y el lenguaje es claro, como presidente de Estados Unidos tengo el derecho de fijar aranceles”, proclamó.
En otra ocasión, cifró en un 70% la posibilidad de perder el pleito y advirtió de que en el supuesto de que anularan su iniciativa de bandera en este mandato, sería “la mayor amenaza a la seguridad nacional en la historia de Estados Unidos”. Esa vista oral dejó ver que hasta jueces conservadores, incluso nombrados por Trump, eran más bien escépticos a su orden sobre gravámenes. Pero el resultado en su resolución hizo que los expertos intuyeran que la mayoría conservadora del alto tribunal mantendría el status quo.
El resultado de este pleito, en el que dos instancias judiciales menores fallaron sobre la ilegalidad de esos gravámenes al haberse usurpado poderes del Congreso, demuestra el golpe y la profunda frustración que supone para Trump, así como las inmensas implicaciones económicas y políticas para las empresas estadounidenses, los consumidores y la guerra comercial desatada por el presidente al atribuirse unilateralmente esa autoridad.
La Federación Nacional de Minoristas expresó su alivio por la decisión. “Proporciona la tan necesaria certidumbre para las empresas y fabricantes estadounidenses”, afirmó en un comunicado David French, vicepresidente ejecutivo de relaciones gubernamentales del grupo. Los reembolsos, añadió, “servirán como un impulso económico y permitirán a las empresas reinvertir en sus operaciones, sus empleados y sus clientes”.
En otro comunicado, Scott Lincicome, vicepresidente del Centro de Estudios de Política Comercial del Cato Institute y una de las principales voces dentro de la oposición conservadora en EE.UU. A los aranceles, remarcó que “la decisión del tribunal es una buena noticia para los importadores estadounidenses, la economía de Estados Unidos y el Estado de derecho, pero aún queda mucho trabajo por hacer”. Insistió: “De manera más inmediata, el gobierno federal debe reembolsar las decenas de miles de millones de dólares en derechos de aduana que recaudó ilegalmente de empresas estadounidenses en virtud de una ‘autoridad arancelaria bajo la IEEPA que en realidad nunca tuvo”.
Muchos legisladores republicanos, que nunca estuvieron a favor de estos gravámenes, celebraron la resolución judicial por el papel preminente que el Supremo da al Congreso, pero optaron por la discreción porque no querían significar públicamente su oposición al presidente en este momento.
“Esto es una victoria para todos los bolsillos de los consumidores estadounidenses”, subrayó el senador Chuck Schumer, jefe de la minoría demócrata en esa cámara. “Ahora Trump debe poner fin a su temeraria guerra comercial y ofrecer a las familias y las pequeñas empresas el alivio que se merecen”, prosiguió. “Ninguna decisión del Supremo puede restaurar el daño ya causado a esos negocios, a las cadenas de suministros y a los hogares que han tenido que pagar más por sus compras”, terció su colega Elizabeth Warren.
Trump, el primer mandatario en casi medio siglo que apela a la ley de emergencia que permite al presidente fijar esos gravámenes, recurrió a la ley de Poder Económico de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) para imponer aranceles a más de un centenar de naciones en un intento por reducir el déficit comercial e impulsar la manufactura en Estados Unidos Trump es el primer presidente que invoca la IEEPA para imponer aranceles. Esta ley ha sido utilizada históricamente para fijar sanciones a adversarios de Estados Unidos mediante la congelación de sus activos. “Aranceles, la palabra más bonita del diccionario, mi palabra favorita”, confesó Trump al defender su apuesta.
Según defendió el abogado del Estado, John Sauer, ante el Supremo, el Congreso había conferido intencionadamente amplios poderes al presidente para hacer frente a las emergencias. Sostuvo que el asunto no versaba sobre la potestad tributaria, sino de la capacidad para regular las relaciones exteriores. Que los aranceles permitan aumentar los ingresos era secundario.
Una docena de estados y pequeños negocios, incluidos un importador de vino y un fabricante de juguetes, impugnaron los aranceles por considerar que son ilegales y que se habían visto forzados a subir los precios y a recortar personal.
Llueve sobre mojado. La pésima decisión judicial para el gobierno coincidió con la publicación del dato del producto interior bruto (PIB) en el que se reflejó que la economía estadounidense se ralentizó en el último trimestre del 2025 y se expandió solo un 1,4% en el valor anualizado. De esta manera se cerró un año volátil en el que el consumo y la inteligencia artificial (IA) ayudaron a mantener la expansión a pesar del impacto de los aranceles.
Una de sus misiones, recortar el déficit comercial, quedó totalmente en entredicho también este jueves. Este déficit ascendió a 1,2 billones de dólares a pesar de la promesa de Trump de que los gravámenes a las importaciones, los más altos en ocho décadas, lo eliminarían.
