El freno de las pensiones

Las pensiones públicas en España atraviesan una situación crítica. Aunque el Estado garantiza su pago, representan un obstáculo para el desarrollo económico. En el 2025, el gasto fue de 189.598 millones; por cada cuatro euros pagados en pensiones, las cotizaciones solo cubren tres. Esto generó un déficit de 69.800 millones y elevó su deuda a 136.000 millones.

El envejecimiento de la población y la actualización de pensiones con el IPC impulsan el crecimiento del gasto. Cada año aumentan los pensionistas y sus remuneraciones son superiores a las de generaciones anteriores. A esto se suman incrementos para las pensiones mínimas, lo que provoca que el gasto en la Seguridad Social crezca más del doble que la economía.

A finales de los años setenta, al iniciarse el periodo democrático, España tenía pensiones muy bajas. En 1982, cuando el PSOE llegó al gobierno, uno de sus principales objetivos fue aumentar el poder adquisitivo de las personas jubiladas, que dependían en gran parte del apoyo familiar o de la ayuda pública. Felipe González señaló entonces que una sociedad se considera más civilizada cuanto mejor cuida a sus mayores. Pero desde entonces las cosas han cambiado radicalmente. En los últimos 45 años, España ha tenido uno de los sistemas públicos de pensiones más generosos de la UE en cuanto a tasas de reemplazo (lo que cobra el jubilado respecto a su último sueldo). Sin embargo, su sostenibilidad es limitada por el envejecimiento poblacional y la disminución de trabajadores activos. Solo dos trabajadores sostienen a cada pensionista.

Actualmente, muchos jubilados con buenas pensiones y vivienda propia ayudan económicamente a sus hijos y cuidan de sus nietos. Esta situación indica que las nuevas generaciones dependen de sus padres y que los trabajadores activos tienen que pagar más cotizaciones para cubrir la deuda y el déficit de la Seguridad Social. Una situación insostenible por lo que representa de insolidaridad intergeneracional.

Las pensiones representan casi el 12% del PIB, pero el Estado debería atender otras necesidades. Es necesario invertir en infraestructuras como ferrocarriles, carreteras, energía y telecomunicaciones, ya que las actuales están obsoletas. Sin mejoras y mantenimiento, el país funcionará peor. Además, debemos cumplir con el gasto en defensa acordado con la OTAN y destinar más recursos a sanidad, educación, tecnología y economía productiva para sostener el Estado de bienestar, afrontar el reto de la transformación digital y no quedarnos atrás respecto a Europa.

Las pensiones deben ajustarse a la economía, porque no podemos pagar lo que nos gustaría tener sino lo que podemos costearnos. El gasto en pensiones debe ser sostenible, pero los 9,4 millones de pensionistas suelen ser objetivo electoral.

En 1995, a iniciativa de Convergencia i Unió, todos los partidos aprobaron el Pacto de Toledo para desligar las pensiones de la política electoral. Su finalidad era evitar que se usaran como herramienta para conseguir votos, como está ocurriendo actualmente. A finales del 2013, el gobierno del PP aprobó una reforma de las pensiones vinculándolas al crecimiento del PIB para mejorar su sostenibilidad, aunque sin asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas. Diez años después, el gobierno de coalición progresista revirtió esta medida y garantizó el poder adquisitivo de los pensionistas para captar votos, pero comprometió la estabilidad del sistema. Elegir es renunciar.