Trabajo monitorizará con los agentes sociales el impacto de la guerra de Irán
Laboral
Yolanda Díaz da un mensaje de tranquilidad por el escudo social ya disponible, con medidas como los ERTE, y con disposición a adoptar nuevos instrumentos si es necesario
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz
La reunión de hoy de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los líderes sindicales y patronales ha sido para escenificar que, para afrontar el impacto de la guerra con Irán, España cuenta con un escudo laboral y tejido durante los últimos seis años, los de la pandemia y la invasión de Ucrania, y que está disponible para utilizar en cuanto lleguen los efectos. Algunas medidas como los ERTE, el mecanismo RED y bonificaciones y aplazamientos ya a punto, y otras, si hay que ir más allá, como el control de precios energético o el escudo social, que necesitarían aprobarse de nuevo.
Es decir, algunas medidas ya están a disposición y otras se tendrían que activar si se considera necesario. Es lo que analizará la mesa de seguimiento que pondrán en marcha el ministerio y los agentes sociales para monitorizar de forma continua los efectos de esta guerra en el mundo del Trabajo..
En la reunión de esta mañana, han participado la ministra, los secretarios generales de CC.OO., Unai Sordo, y UGT, y Pepe Álvarez, y por parte de la CEOE, su secretario general, José Alberto González-Ruiz Martínez, que ha sustituido al presidente Antonio Garamendi, que ha excusado su presencia por motivos de agenda.
Yolanda Díaz ha querido dar un mensaje de tranquilidad. “Estamos preparándonos. En el Ministerio de Trabajo lo que hacemos es actuar ex ante, lo que hemos hecho en pandemia, lo hemos hecho en todas las crisis, en el volcán de la Palma, en la dana, lo hemos hecho recientemente en Andalucía y hoy lo vamos a volver a hacer”, ha declarado, para añadir que “nuestro país está preparado para tomar las medidas que sea menester”.
En este terreno, siguen a disposición mecanismos aplicados en anteriores crisis, como los ERTE, que tuvieron un papel fundamental en la pandemia para evitar la pérdida de puestos de Trabajo, y el mecanismo RED, que pueden servir como alternativa al despido y que se pueden activar de forma inmediata ante caída de la actividad, por ejemplo, por un potencial shock energético. También figuran la posibilidad de acceder a bonificaciones o aplazamiento de obligaciones de las empresas, lo que va acompañado por una limitación del despido cuando la compañía se beneficia de ayudas públicas o bonificaciones. Otros elementos son las prestaciones por desempleo y cese de actividad, el trabajo a distancia, la flexibilidad horaria, y planes de empleo extraordinarios para sectores o territorios específicos ante situaciones adversas.
Además de estos instrumentos ya utilizables ahora mismo, Trabajo está abierto a impulsar otros, ya conocidos de otras crisis, como control de precios energéticos, bonificaciones al gasóleo y el escudo social, con ampliación del bono social eléctrico, prohibición de desahucios y prórroga de alquileres. Sin embargo, aquí ya se necesita una tramitación, y no hay garantía de que se consiga su aprobación, como se ha visto con la derogación la semana pasada en el Congreso por segunda vez del real decreto ley que incluía algunas de estas medidas.
Por otro lado, los sindicatos han pedido a Trabajo que elabore una memoria económica con el impacto fiscal de las medidas que se pongan en marcha. El objetivo, han explicado Sordo y Álvarez, es poner en valor el dinero público que se utiliza para ayudar a empresas y trabajadores. “No puede ser que se gasten recursos públicos para proteger empresas, y luego haya manifestaciones en contra de pagar impuestos”, ha dicho Unai Sordo.
