Firmar un contrato mercantil es un paso estratégico para el crecimiento de cualquier empresa, pero también conlleva riesgos si no se evalúan adecuadamente sus cláusulas y consecuencias. Uno de los errores más frecuentes es no contar con el asesoramiento de un profesional especializado antes de la firma, y eso puede derivar en conflictos legales innecesarios. Por eso, es fundamental entender qué debe contener un contrato mercantil y cómo actuar ante posibles incumplimientos.
Todos tenemos muy claro que firmar un contrato de distribución, de agencia o un contrato mercantil es muy importante porque puede hacer crecer nuestro negocio, pero nos olvidamos de las consecuencias que este contrato puede tener. Y realmente es muy importante que valoremos antes de firmar el alcance de lo que firmaremos.
Principalmente, el primer error que cometen las empresas es no asesorarse debidamente antes de firmar. Es esencial acudir a un asesor mercantil de confianza y revisar con detalle todas las cláusulas y sus posibles implicaciones. Todos somos conscientes de que firmar un contrato de distribución, de agencia o cualquier otro contrato mercantil puede impulsar un negocio, pero con frecuencia se subestima el alcance real de sus consecuencias. Evaluar correctamente el contenido del contrato antes de comprometerse es fundamental.
Elementos clave de un contrato mercantil
Un contrato mercantil debería incluir, como mínimo:
- Una política clara de retribución de precios.
- Procedimientos detallados de resolución de conflictos.
- Cláusulas que definan las consecuencias de un incumplimiento.
- Condiciones claras de salida en caso de que la relación no cumpla expectativas.
- Penalizaciones bien especificadas que definan responsabilidades durante y después de la finalización del contrato.
Con estos elementos, se logra un contrato suficientemente protegido que minimiza riesgos y aporta seguridad jurídica a ambas partes.
Actuación ante un incumplimiento
En caso de incumplimiento, el primer paso es comunicar el incumplimiento formalmente. Cada contrato establece los mecanismos de comunicación y resolución de conflictos, así como los plazos y procedimientos aplicables. La comunicación debe ser escrita, ya sea mediante burofax, correo electrónico certificado o utilizando el método definido en el propio contrato, instando a la parte incumplidora a corregir la situación de manera inmediata. Si no se produce la rectificación, se abren las vías judiciales o alternativas, como arbitraje o mediación.
Nuevas obligaciones legales
Desde el 3 de abril de este año, la Ley Orgánica U/2025 está en vigor y establece como requisito previo a la admisión de demandas haber acudido a mecanismos adecuados de resolución de conflictos. Esta obligación legal refuerza la necesidad de revisar y actualizar periódicamente los contratos.
La necesidad de revisión periódica
El mercado es dinámico y lo que hoy resulta válido puede quedar obsoleto en seis meses o un año. Cambios en la demanda, en políticas de precios o en los compromisos de entrega de mercancías pueden hacer que las condiciones originales de un contrato ya no se ajusten a las necesidades de la empresa o de sus clientes. Revisar y actualizar los contratos de forma periódica permite detectar problemas a tiempo y evitarlos antes de que se conviertan en conflictos graves.