El mismo día que Médicos Sin Fronteras ha anunciado que retira del Mediterráneo al barco Geo Barents por la presión del Gobierno italiano sobre las organizaciones humanitarias, desde Europa llegan malas noticias para las oenegés que socorren a migrantes en estas aguas. Los ministros de Justicia y de Interior de la UE han votado a favor este viernes de una nueva directiva que actualizará el marco para castigar a los traficantes de migrantes y que, dentro del agravamiento de las penas, también permite la criminalización de las organizaciones humanitarias, una muestra del endurecimiento del debate migratorio en Europa.
Se trata de una medida en el punto de mira porque, según fuentes diplomáticas críticas con esta nueva directiva, pone al mismo nivel tanto a los traficantes que cobran 6.000 euros a los migrantes para cruzar el mar en un bote precario como a los que echan una mano a los migrantes por razones humanitarias. La directiva sustituirá a una normativa del 2002 que ya regulaba los castigos a los que facilitan la entrada irregular a países comunitarios, y ahora la UE quería actualizarla para agravar las penas y ampliar la definición del delito de tráfico de migrantes.
Los Estados miembros tendrán libertad para aprobar o mantener normas nacionales más estrictas
El punto de discordia es esta cláusula humanitaria, que buscaba dejar por escrito que ayudar a los migrantes irregulares de manera altruista, como en el apoyo para satisfacer sus necesidades básicas o ayudando a sus familiares más cercanos, no podía ser considerado un delito penal como el tráfico de migrantes. Sin embargo, después de mucha presión de los Estados miembros, la presidencia húngara del Consejo de la UE decidió llevarla por compromiso al preámbulo, por lo que no es vinculante y deja en manos de cada país perseguir o no a estas organizaciones que prestan socorro a los migrantes por motivos humanitarios.
“Como esta cláusula se mantendrá en los considerandos, corresponderá a los Estados miembros decidir cómo tratar la cuestión en el Derecho nacional”, explica el Consejo de la UE en un comunicado. El texto también subraya el hecho de que los Estados miembros tienen libertad para aprobar o mantener normas nacionales que establezcan medidas más estrictas.
Una mujer desembarca en Salerno, en el sur de Italia, del barco 'Geo Barents' de Médicos Sin Fronteras
En este debate, España se ha quedado sola a la hora de votar en contra de la directiva al considerar que la cláusula humanitaria no tenía suficientemente peso en la nueva directiva. “El mensaje político que se lanza llevándolo a los considerandos puede ser preocupante”, ha sostenido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en su llegada a la reunión. También Alemania y Portugal, sin embargo, han querido insistir en el debate que la ayuda humanitaria no debe ser penalizada al mismo nivel que los contrabandistas que cobran frente a la desesperación de los migrantes para llevarlos a Europa.
Esto no es el final del proceso sino que, tras la aprobación de esta iniciativa en el Consejo, ahora el texto será la base para unas futuras negociaciones con el Parlamento Europeo que todavía está definiendo su posición sobre el proyecto legislativo. Entonces, el Consejo y el Parlamento Europeo deberán llegar a un acuerdo sobre un texto conjunto.
Al menos el 90% de los migrantes en situación irregular recurren a los traficantes
La nueva directiva establece que los países deberán castigar la pena máxima con al menos tres años de cárcel el delito de tráfico ilícito de migrantes, unas penas máximas que se podrán ampliar a al menos ocho años cuando operen dentro de una organización criminal o cometan actos de violencia contra los migrantes. En el caso de que esta actuación lleve a la muerte de una de estas personas, la pena de cárcel sería de al menos diez años, pero queda en manos de los Estados miembros la decisión de imponer sanciones máximas mayores.
Todo ocurre en un momento en que en Europa la orientación política sobre la migración ha girado en gran medida a la derecha, y después de que, por ejemplo, los centros para deportar inmigrantes que ha creado la primera ministra italiana Giorgia Meloni en Albania estén siendo definidos incluso por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como un modelo europeo. Quince países ya han pedido al Ejecutivo comunitario que siga el ejemplo italiano y busque “soluciones innovadoras” para acelerar la deportación de migrantes en situación irregular. Según los datos de Europol, al menos el 90% de los migrantes que llegan a la UE por canales de entrada ilegales –que en el 2023 fueron unos 380.000– recurren a los traficantes.
