Ante el descarado asalto a las instituciones federales liderado por Donald Trump y ejecutado por su mano derecha, Elon Musk, la reacción inicial de los demócratas ha sido la resignación. La oposición ha quedado superada por el ritmo con el que el presidente firma órdenes ejecutivas a diario –en diez días aprobó más decretos que cualquiera de sus predecesores en los primeros cien días de mandato–, invadiendo la autoridad del Congreso y excediendo los frenos impuestos por la Constitución. Con una mayoría republicana servil en ambas cámaras legislativas, el Partido Demócrata es consciente de su reducido margen de acción a escala federal.
Cambio de actitud
De la resignación, los demócratas, vapuleados en las eleciones, activan sus fiscales como barrera legalcontra Trump
Sin embargo, se cuenta otra historia en las instituciones estatales. Los fiscales generales de estados demócratas están coordinando una resistencia legal al avance de la ultraderecha y, de momento, se han mostrado como el único contrapoder efectivo. Sus demandas han logrado bloquear, al menos de forma temporal, ocho iniciativas del presidente, mientras decenas de casos esperan su resolución.
Los demócratas están empezando a actuar antes de que se cumpla un mes de la inauguración del gobierno Trump
Tras las demandas conjuntas de 22 estados y organizaciones de derechos humanos, dos jueces federales suspendieron la aplicación de la orden ejecutiva que elimina el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Ambos la consideraron “descaradamente inconstitucional”, pues se trata de un derecho protegido por la decimocuarta enmienda, promulgada en 1868. Una decena de demandas se dirige a otras políticas migratorias, como la que permite acceder a los agentes a lugares de culto, el memorándum que acelera y amplía el alcance de las deportaciones, el decreto que restringe las solicitudes de asilo o el que busca retener fondos federales a las ciudades que no colaboren en las redadas de la administración.
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También reaccionaron rápido los tribunales al intento de congelar hasta 3 billones de dólares en fondos para subvenciones, ayudas y préstamos para alinearlos con las “prioridades” del gobierno. Tras el bloqueo cautelar de la justicia, que alegó que es autoridad del Congreso la asignación de fondos, la Casa Blanca reculó y retiró la orden. Con el objetivo de reducir gasto público, el departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por Musk, también envió un correo a dos millones de empleados federales animándolos a dimitir a cambio de ocho meses de sueldo. Un juez de Massachusetts suspendió la fecha límite impuesta para aceptar la oferta, el jueves pasado, y presidirá hoy una nueva audiencia para decidir si levanta la prohibición.
El viernes, otro juez impidió que la Administración Trump llevara a cabo su plan de suspender de empleo a 2.200 trabajadores de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Esta agencia está en proceso de ser desmantelada y ya se ha puesto bajo supervisión del departamento de Estado, que pretende ampliar los despidos y reducir la plantilla de 14.000 a 300 trabajadores “esenciales”.
Los tribunales se han mostrado como el único contrapoder efectivo a las órdenes ejecutivas de Trump
La decisión judicial bloqueó una parte de este plan tras la demanda del mayor sindicato de funcionarios y el sindicato que representa al Servicio Exterior, y el miércoles oirá en una audiencia los argumentos de las partes. Los sindicatos temen que, si la Administración tiene éxito en este caso, tenga vía libre para extender los despidos generalizados a otras agencias, donde por ahora se ha limitado a despidos selectivos en los cargos de liderazgo.
Otro juez restringió el sábado el acceso del DOGE al sistema de pagos e información clasificada del departamento del Tesoro, alegando el riesgo de un “daño irreparable”, pues Musk y su equipo no forman parte del gobierno, sino de una agencia “especial” destinada a auditar la administración y plantear medidas para reducir costes. La decisión llegó en respuesta a una demanda presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y los fiscales generales demócratas de otros 18 estados.
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El gobierno ha reaccionado con desdén hacia estas decisiones. El vicepresidente, J.D. Vance, afirmó ayer que “no está permitido que los jueces controlen el poder legítimo del ejecutivo”, cuando esa es precisamente una de las principales funciones del sistema judicial, según la Constitución: ejercer de contrapeso a la autoridad del ejecutivo e interpretar si sus decisiones se ajustan a la legalidad vigente. Se espera que el gobierno recurra las mencionadas decisiones y agote todas las vías legales hasta llegar al Tribunal Supremo. A pesar de que el alto tribunal cuenta con mayoría conservadora y tres magistrados nombrados por Trump, ha demostrado en el pasado que no siempre dará la razón al republicano.
La vía judicial ya fue la más efectiva para combatir a Trump en su primer mandato, cuando los fiscales presentaron más de 100 demandas contra el recorte del sistema público de salud, los derechos civiles, las políticas climáticas y la inmigración. Al ritmo que va el republicano, es previsible que la cifra se supere con creces en los próximos cuatro años.
Mientras tanto, los legisladores demócratas comienzan a despertar el espíritu combativo que mostraron en el 2017. La semana pasada, se manifestaron a las puertas de distintas agencias gubernamentales bajo el asedio de Trump. “Puede que tengamos algunos escaños menos en el Congreso”, dijo el congresista más joven, Maxwell Frost, en una protesta frente al departamento del Tesoro. “Pero no vamos a ser la minoría, sino la oposición”.
El vicepresidente, J.D. Vance, afirma que “no está permitido que los jueces controlen el poder del ejecutivo”
Concentraciones similares tuvieron lugar frente a la sede de USAID y el departamento de Educación, que Trump ya ha avisado que quiere desmantelar para pasar sus competencias a los estados. Aunque los legisladores reconocen su poca capacidad de acción, al ser minoría en ambas cámaras, confían en entorpecer aquellas votaciones que requieran mayorías cualificadas para evitar el filibusterismo (como las leyes de presupuestos, que deberán aprobar antes del 14 de marzo para evitar el cierre de gobierno), así como convencer a los republicanos moderados para que voten contra ciertas medidas.
También el activismo está tomando forma. La semana pasada, decenas de miles de personas tomaron las calles de las principales ciudades casi a diario, principalmente con mensajes contra el plan de deportaciones masivas, pero también contra la acción del hombre más rico del mundo, Musk, para socavar los programas de los que dependen las comunidades más desfavorecidas. Entre los carteles alzados en la protesta de este sábado en Los Ángeles, destacaba un mensaje: “Demócratas, despertad y parad el golpe de Estado de Elon”.