Donald Trump, vecino de Nueva York poco querido en su cuna, según las urnas, y exiliado en Florida antes de recuperar la Casa Blanca, tiene a su ciudad entre ceja y ceja y no le importa ejercer el puño de hierro en contra de la mayoría de los neoyorquinos.
Su gobierno anunció este miércoles el primer paso para revocar de inmediato el peaje de acceso a la parte baja de Manhattan, como prometió en campaña. El llamado precio para evitar la congestión (nueve dólares en hora punta), y recaudar para invertir en el transporte público, todavía no tiene una fecha concreta para que el gobierno federal finiquite la aprobación recibida del ejecutivo de Joe Biden. Solo es cuestión de calendario. Todo indica que el asunto acabará en los tribunales.
Trump se proclamó a si mismo el monarca de Nueva York en un mensaje en su red social, a pesar de ese rechazo mayoritario, como si fuera otra propiedad inmobiliaria. “La tarifa por congestión ha muerto. Manhattan, y todo Nueva York, está a salvo. Larga vida al rey”, escribió.
La jugada se completó con un mensaje de la Casa Blanca, en la que el presidente aparece coronado, en una imagen en que se imita a la portada de la revista Time, pero bajo el título “Trump”.
La coronación de Trump, el rey de Nueva York, en una imagen difundida por la Casa Blanca
La gobernadora del estado, Kathy Hochul respondió de inmediato. “No somos súbditos de un rey. Nueva York no ha tenido rey en más de 250 años y no va a volver ahora”. Y sobre el asunto en cuestión lo atajó con con brevedad: “Nos veremos en los juzgados”.
Todo esto se desató una vez que, en una carta a Hochul, el secretario de Transporte, Sean Duffy, le informó de ese movimiento hacia la revocación y calificó este programa de “atrasado e injusto”, aunque en ningún momento tiene en consideración la reducción de tráfico que se ha producido desde que se implantó el pasado 5 de enero, a su vez que la circulación por la zona más lenta del mundo ha mejorado.
“Comparto con el presidente la preocupación por el impacto en la clase trabajadora estadounidense que ahora tiene una carga financiera adicional que dar cuenta en su vida diaria”, señaló Duffy.
“Los ingresos generado bajo este programa piloto se destinan al sistema de tránsito en lugar de las autopistas, no creo que esto sea un trato justo”, indicó. “La terminación del programa puede privar de fondos al sistema de tránsito, pero cualquier dependencia de este flujo de financiación no era razonable dado que la autorización federal era solo para un proyecto piloto”, insistió.
Duffy reiteró que el peaje es un sobrecosto al precio del combustible en detrimento de los trabajadores, que deja a los conductores sin alternativa. También remarcó que el sistema perjudica a los pequeños comercios que confían en los clientes de Nueva Jersey o Connecticut.
Como ha sido habitual en los republicanos, su queja se centra más en la gente que no reside en Nueva York, que traen la polución a la ciudad, que en los vecinos de la Gran Manzana, perjudicados directos por la contaminación, los atascos y el mal estado del transporte público, en especial el metro, por la carencia de inversiones.
De inmediato replicaron las organizaciones que defienden esta medida de financiación. “Los usuarios del transporte público lograron este peaje y ahora disfrutamos de un servicio de autobuses más rápido y fiable entre Nueva York y Nueva Jersey”, recalcó Betsy Plum, directora de Riders Alliance.
“Nos hemos estado organizando durante décadas y prevalecido en los tribunales de los tres estados después de años de exhaustivos estudios medioambientales. Estamos comprometidos con su mantenimiento y su expansión”, añadió Plum.
La medida, pionera en una ciudad de Estados Unidos, se aplica desde la calle 60 hasta el vértice final del sur de la isla. Los cálculos suponían recaudar 15.000 millones de dólares anuales, que revertirían en la reparaciones y modernización de sistemas en el deteriorado metro de la Gran Manzana, la espina dorsal de la metrópolis, así como en la ampliación de la flota de autobuses.
Además, al desanimar la entrada de vehículos se han constatado una reducción de la polución. Los republicanos aseguran que el tráfico y la contaminación ha ido a más, sin embargo, en los barrios de fuera de la zona controlada, donde los conductores tratan de dejar el coche para evitar el pago del peaje.
En la primera semanas de febrero, el tráfico diario dentro de esa zona cayó un 9%, comparado con la misma semana del 2024, con una media de 561.678 vehículos entrando en el área, por debajo de los 617.000 de hace doce meses, a partir de la autoridad metropolitana de transporte (MTA), que opera el programa.
Por el contrario, ha aumentado el tráfico peatonal, que es la medida de la actividad de los negocios. Hasta el 31 de enero, 35,8 millones de personas entraron en esa zona cercada, un 5% más que en el mismo mes del pasado año.
