El Gobierno es un asunto de matrimonio en Nicaragua.
Lo certifica la última reforma de la Constitución del país, que entró en vigor el pasado 19 de febrero después de ser aprobada en enero por la Asamblea Nacional y que establece la figura de “copresidenta” para legitimar el poder que ejerce Rosario Murillo, esposa del presidente, Daniel Ortega, y hasta ahora vicepresidenta.
La reforma no sólo iguala el estatus de Ortega y Murillo, sino que extiende de cinco a seis años el periodo presidencial y otorga a la pareja gobernante el control total del Estado. La separación de poderes, o lo que quedaba de ella, ha saltado por los aires: la presidencia bicéfala asume la coordinación de los órganos legislativo, judicial y electoral, así como de la Fiscalía de Cuentas. Las jefaturas del Ejército y de la Policía también quedan bajo su dominio.
Concentración de poder
La modificación de la Carta Magna concede a la pareja presidencial el control total del Estado
Asimismo, una de las modificaciones aprobadas por la Asamblea —en manos del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional— permite la creación de una “Policía Voluntaria”, integrada por civiles, que puede actuar como cuerpo “auxiliar” de las fuerzas de seguridad. Esta medida remite a lo que sucedió en el 2018 durante las protestas contra Ortega, cuando grupos paramilitares atacaron a la población, causando al menos 355 muertes, según denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Otra novedad legislativa importante es que los “copresidentes” del país podrán nombrar a cuantos vicepresidentes deseen, y sin necesidad de que estos sean refrendados por el voto popular. Una forma de garantizar la continuidad en el poder de los Ortega-Murillo: el sexto de los ocho hijos de la pareja, Laureano, hace tiempo que se perfila como el candidato favorito a suceder a sus padres. Ahora puede prepararse para ese rol desde la vicepresidencia.
“Esta reforma consolida un modelo totalitario que centraliza el poder en una estructura familiar, eliminando la separación de poderes y restringiendo los derechos fundamentales de la ciudadanía”, explica a este diario el periodista nicaragüense Néstor Arce, director del medio digital Divergentes y exiliado de su país desde el 2022. Arce cree que la reforma constitucional, lejos de demostrar la fortaleza del régimen, “evidencia la fragilidad” de un Gobierno que, “temeroso de perder el control, opta por institucionalizar su dominio a través de mecanismos legales que socavan los principios democráticos y las libertades fundamentales”.
Represión interna
Ortega, en el poder desde el 2007, ha aplastado a la oposición valiéndose de los métodos más expeditivos
Para la exguerrillera sandinista Mónica Baltodano, exiliada desde el 2018 en Costa Rica, la reforma supone el nacimiento de “una nueva Constitución” que busca “legalizar la subordinación de todos los poderes” a la pareja Ortega-Murillo. “Esta nueva Constitución trata de darle legalidad a las formas mas brutales de represión, como el quitar la nacionalidad a quienes ellos decidan”, denuncia a La Vanguardia Baltodano, a quien el régimen retiró la nacionalidad y sus bienes hace dos años.
Baltodano, que fue ministra durante el Gobierno revolucionario de los años ochenta, piensa que esta profundización en el autoritarismo responde a la debilidad de un régimen que sólo se sostiene “por las armas y por el miedo, que cunde incluso dentro de sus propias filas”.
Debate en el Parlamento de Nicaragua.
Tanto el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua como la Organización de Estados Americanos —que Nicaragua abandonó el año pasado— han alertado de la amenaza que supone la reforma constitucional. Pero las condenas del exterior parecen no hacer mella en un régimen que gobierna con mano de hierro.
Ortega, de 79 años y en el poder desde el 2007, ha aplastado a la oposición valiéndose de los métodos más expeditivos: inhabilitaciones, encarcelamientos, expulsiones del país... Una violencia política que se acentuó tras las elecciones del 2021, en las que el presidente fue reelegido para un quinto mandato después de que todos sus rivales acabaran entre rejas o exiliados.
Ahora, la deriva del régimen hacia una dictadura dinástica supone toda una paradoja: Ortega y Murillo provienen del movimiento guerrillero sandinista, que surgió precisamente para luchar contra una dictadura de ese tipo, la de los Somoza, derrocada en 1979. La historia se repite.
