La controvertida reforma judicial de Beniamin Netanyahu, aquella que antes de los ataques de Hamas desató nueve meses de masivas protestas, ha resurgido con la aprobación de uno de sus engranajes clave: una ley que modifica el comité de selección de jueces, supeditando los nombramientos al control político. La mayoría oficialista logró superar la inédita catarata de 71.023 objeciones presentadas por la oposición, que llevaron a extender la sesión en la Knéset (Parlamento israelí) de la noche del miércoles a la mañana del jueves. Sin el bloque opositor, que hizo boicot, la norma obtuvo 67 votos a favor y uno en contra.
Hasta ahora, dicho comité estaba compuesto de nueve miembros, cinco jueces o abogados y cuatro políticos. Con la reforma, la rama judicial pierde dos asientos, que pertenecían al Colegio de Abogados, los cuales recaerán en dos representantes públicos, uno seleccionado por el Gobierno y otro por la oposición. Así, el cuerpo se conformará de tres jueces (el presidente del Tribunal Supremo y otros dos magistrados) y seis políticos, que se completan con el ministro de Justicia, otro miembro designado por el gobierno de turno y dos parlamentarios. Bastará con una mayoría simple de cinco votos para nombrar a un juez del Supremo en lugar de los siete de hoy, y los representantes políticos tendrán poder de veto en las nominaciones de candidatos tanto para los tribunales regulares como para el máximo órgano de justicia.
La oposición promete revertir la ley tras las próximas elecciones generales
Tras horas de acalorado debate, los líderes de los cuatro partidos judíos de oposición consideraron que la coalición de extrema derecha “no ha aprendido nada del desastre” porque “está aplicando la misma legislación que dividió a la población antes del 7 de octubre” y “sigue socavando la resiliencia nacional, profundizando la división e ignorando sus verdaderas tareas: la seguridad, la economía y la unidad”.
Como este cambio entrará en vigor en la próxima legislatura, la oposición promete revertirlo bajo la Knéset que surja de las elecciones generales previstas para octubre del 2026. Para ser efectiva, la ley también tendrá que sobrevivir a las múltiples peticiones de anulación que ya se han entregado al Supremo. Entre los demandantes están el partido opositor Yesh Atid, la Asociación para los Derechos Civiles en Israel (ACRI), el Movimiento por un Gobierno de Calidad y un grupo de académicos, economistas y otras figuras.
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Los detractores advierten de que, en una estructura estatal con pocos mecanismos de control, el poder judicial funciona como un cortafuegos frente a un ejecutivo y un legislativo que trabajan en tándem. “La Corte Suprema es la última y única barrera contra la tiranía de la mayoría. La politización de los nombramientos conducirá a una situación en la que todos los jueces dependerán del favor de políticos para su ascenso y temerán fallar en contra de los cargos gubernamentales”, denunció ACRI en su demanda.
El ministro de Justicia, Yariv Levin, festejó un “cambio histórico y necesario” para abrir el sistema judicial “a todos, incluidos aquellos con diferentes agendas y orígenes” y contrarrestar al Supremo, que según él “ha efectivamente abolido la Knéset” y “puede invalidar cualquier acción del Gobierno”.
La sesión del miércoles en el Parlamento se inició con cánticos de fondo por el octavo día seguido de protestas en Jerusalén. Estas marchas, que han perdido algo de fuelle, no han impedido al Gobierno avanzar en sus planes de despido del jefe de la inteligencia interior y de la fiscal general, o sus mortíferos ataques en Gaza, ignorando el reclamo de mantener el pacto con Hamas para la liberación de los 59 rehenes que aún están en la franja. “Estamos aquí para luchar contra un gobierno que no respeta el proceso democrático –dijo a La Vanguardia Inbar, una manifestante, desafiando el desánimo–. No le importa el ciudadano, lo vemos en lo que ahora impone en la Knéset. Solo trabaja para su propia audiencia y no merece el amplio respaldo de los israelíes”.