La extrema derecha francesa se desfoga con las hipérboles, a cual más exagerada, ante la rabia que siente por la condena a Marine Le Pen, inhabilitada para volver a ser candidata presidencial en el 2027. Ella misma calificó ayer la sentencia de “bomba nuclear” para evitar que llegue al poder. Su lugarteniente, Jordan Bardella, habló de “la tiranía de los jueces”.
El partido afectado por este seísmo político, el Reagrupamiento Nacional (RN), ha reaccionado con una de sus armas predilectas y más eficaces, el victimismo. Lo sucedido a Le Pen sería el corolario de una estrategia para cerrarles el paso. Si el verano pasado, en las elecciones legislativas, fue el “frente republicano” (la alianza coyuntural entre el centro macronista y toda la izquierda) el que malogró en la segunda vuelta una victoria de la extrema derecha que parecía segura, ahora habrían sido unos jueces de izquierda los encargados de frenar su ascenso.
Muchos votantes del RN, en su mayoría de la Francia rural o periurbana, sienten que no les toman en cuenta, que las elites, la casta dirigente de siempre, desde su superioridad moral, se confabulan contra ellos. La sentencia contra Le Pen sería otra evidencia de esta conducta. Existen paralelismos con el fenómeno Donald Trump en Estados Unidos.
Para movilizar a esos partidarios, organizar la resistencia y hacer subir la presión en busca de una difícil salida política o jurídica, el RN ha convocado actos durante el fin de semana en toda Francia. sobre todo el sábado en los mercados en las plazas, para recoger firmas. Habrá también una concentración de apoyo en una plaza de París, el domingo, cerca de los Inválidos.
La polémica decisión judicial ha dividido aún más a la clase política y acentúa una atmósfera ya muy crispada desde el verano pasado. La presidenta del tribunal que pronunció la condena, Bénédicte de Perthuis, tuvo que ser puesta bajo protección policial debido a las amenazas recibidas.
El primer ministro, Bayrou, defiende a los jueces pero lamenta la condena y plantea cambiar la ley
Le Pen y el RN, siempre hábiles con el populismo, destacan solo los fragmentos de la sentencia, de 152 páginas, que pueden encrespar a su público. Se escandalizan, por ejemplo, de que los jueces justificaran su decisión de declararla “inelegible” con carácter inmediato por “la perturbación de orden público democrático que entrañaría” que “una condenada por malversación de fondos públicos”, fuera candidata a la máxima magistratura. Para los lepenistas, eso sería la prueba del nueve de la parcialidad política flagrante del tribunal.
Ni los líderes de la ultraderecha ni sus exaltados altavoces mediáticos se detienen en detalles reveladores de la severa argumentación de los jueces. Uno de ellos alude a la posibilidad de reincidencia de Le Pen y del resto de acusados, dado que “en ningún momento expresaron una toma de conciencia de su violación de la ley y de la importancia de la honradez”. La sentencia constató el desprecio de los condenados hacia las leyes de la República y del Parlamento y manifestó su perplejidad ante el hecho de que estas personas, muchas de ellas abogados o con formación jurídica, tengan “una concepción poco democrática del ejercicio político y de las exigencias y responsabilidades que comportan”.
El contenido de la sentencia, si se hace una lectura atenta, es demoledor. Con todo, la clase política está dividida. Hay en algunos un reflejo corporativista. Llama la atención la actitud del líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélénchon, poco satisfecho con la sentencia. El propio primer ministro, el centrista François Bayrou –absuelto el año pasado en un caso idéntico al de Le Pen– tuvo que hacer sus habituales equilibrios al ser preguntado en la Asamblea Nacional. Dijo que había que “proteger” la decisión judicial, pero al mismo tiempo mostró su abierta incomodidad con la sentencia y admitió que habría que hacer “una reflexión” sobre la ley que permitió la condena, sugiriendo que podría cambiarse. El diputado Éric Ciotti, aliado de Le Pen, anunció precisamente una iniciativa legislativa en esa dirección que a buen seguro será controvertida.
Algunos ecologistas y socialistas fueron mucho más claros que Bayrou al defender a los jueces. El primer secretario socialista, Olivier Faure, recordó que a menudo, por delitos de robo menores, se puede ir a la cárcel, por lo cual no habría que rasgarse las vestiduras por una condena contra quienes malversaron más de cuatro millones de fondos del Parlamento Europeo.
En el mismo sentido, el editorial de Le Monde reprochó a la extrema derecha y la derecha que siempre pidan “impunidad cero”con los delincuentes, mientras que cuando un caso les afecta cambian el discurso.
El Reagrupamiento Nacional recoge firmas y prevé movilizaciones en la calle
Le Pen confía en el recurso presentado. Ayer por la tarde el tribunal de apelación de París anunció que preveía acelerar los plazos para poder llegar a una decisión en verano del 2026, mucho antes de las presidenciales. Pero está por ver si ese tribunal revocará la primera sentencia, sobre todo en la cuestión clave de la inelegibilidad.
Lo curioso de la ley francesa es que la inhabilitación impide presentarse a elecciones para cargos públicos, aunque sí se permite seguir ejerciendo el puesto actual. Le Pen continúa pues al frente del grupo parlamentario del RN en la Asamblea Nacional. Incluso en la eventualidad hipotética de que la condena no fuera revertida y que la extrema derecha ganara las presidenciales con otro candidato, seguramente Jordan Bardella, este podría nombrar a Le Pen primera ministra. No habría ningún impedimento legal para ello. Sería chocante, pero legal. Supondría una inversión de los roles previstos por este tándem. Salvando las distancias, ocurrió algo así cuando Dmitri Medvedev ocupó la presidencia de Rusia entre el 2008 y el 2012 mientras Vladímir Putin, que había agotado los mandatos presidenciables posibles, era primer ministro.
