El activista ruso Egor Kuroptev (Moscú, 1986) conoce bien el carácter represor del régimen de Vladímir Putin.
Él se vio obligado a abandonar su carrera de productor televisivo en su país después de que el Kremlin intensificara su acoso a los medios. Y ante la amenaza de acabar en prisión por sus ideas políticas, tuvo que exiliarse en la vecina Georgia, donde en el 2019 fundó una delegación de la Free Russia Foundation, una de las organizaciones más importantes del movimiento opositor ruso. Desde ahí trabajó para contrarrestar la influencia de Moscú en el Cáucaso y prestar apoyo a otros exiliados. Pero su situación en Georgia también se hizo insostenible tras el inicio de la guerra en Ucrania y el viraje prorruso del Gobierno local. Así, Kuroptev y sus compañeros de disidencia empezaron a buscar un nuevo destino seguro.
“En el verano del 2023, varios ministerios de Asuntos Exteriores europeos se pusieron en contacto con nosotros”, explica Kuroptev a La Vanguardia , “y el de España fue uno de los que expresaron su deseo de ayudarnos”. Según el activista, las negociaciones con los servicios diplomáticos españoles duraron casi un año, e incluyeron “reuniones de alto nivel” en Madrid. Kuroptev asegura que el ministerio se comprometió a proporcionar visados y permisos de residencia a 276 miembros de su organización.
Promesa incumplida
Según los exiliados, el Ministerio de Asuntos Exteriores español les había garantizado el permiso de residencia
Tras obtener esas garantías, en agosto del año pasado llegó a Madrid un primer grupo de exiliados. Eran 70 personas, entre ellas el propio Kuroptev. Disponían de un visado turístico, aunque la idea acordada con Exteriores, según el activista, era que se les concediera enseguida la residencia por razones humanitarias.
Pero eso no sucedió.
“Me puse en contacto con la gente que supuestamente iba a ayudar a tramitar los permisos y no recibí ninguna respuesta”, dice Kuroptev, quien destaca que hasta ese momento el ministerio se había mostrado “muy eficaz” en las gestiones.
El caso es que, ocho meses después de su llegada a Madrid, estos 70 opositores rusos han quedado atrapados en un limbo legal. Su visado turístico hace tiempo que caducó. No tienen los papeles prometidos. Y no saben a quién recurrir.
“Estamos desesperados”, dice Kuroptev. “No venimos a España a violar la ley”, agrega.
El activista cree que todo se debe a “algún problema interno de comunicación” del ministerio. “Sinceramente, no tenemos ninguna queja. La asistencia que nos brindaron al principio fue muy útil”, dice. “Pero luego, por alguna razón desconocida, todo el proceso se detuvo, lo que significa que un grupo de líderes de organizaciones internacionales, defensores de los derechos humanos y periodistas se encuentra ilegalmente en la Unión Europea”.
Fuentes de Exteriores consultadas por este diario evitan detallar por qué se paralizó el proceso, y aseguran que la dirección no estaba al corriente de este plan de reasentamiento. “Nunca se ha considerado a nivel político”, dicen. Desde Exteriores también confirman que se concedieron los visados Schengen por motivos humanitarios, e indican que los exiliados tienen derecho a solicitar protección internacional. Respecto a esta última opción, Kuroptev indica que hay dos problemas: primero, que no es el estatus que negociaron en su momento; y segundo, “que los rusos casi nunca la reciben”.
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Kuroptev detalla lo que implica para su vida cotidiana esta situación irregular: “En primer lugar, no puedes abrir una cuenta bancaria. Tampoco puedes trabajar legalmente. Tienes problemas para conseguir medicinas y enviar a tus hijos a la escuela. Y no puedes tener un contrato de alquiler a largo plazo, lo que supone tener que pagar mucho dinero”.
Además, debido a su estatus ilegal, estos disidentes ahora tampoco pueden arriesgarse a viajar fuera de España, algo que dificulta el desarrollo de su labor. “Nuestros socios están en Berlín, París, Londres, en muchísimos sitios, y no podemos reunirnos con ellos”, dice Kuroptev, que explica cómo uno de sus compañeros fue detenido temporalmente en Bruselas cuando acudía a un encuentro con miembros del Parlamento Europeo.
“Esperamos que este problema se resuelva lo antes posible”, confía Kuroptev. “Aquí ya nos sentimos como en casa, no queremos irnos. Lo único que realmente queremos es solucionar el problema del permiso de residencia y poder trabajar aquí, ayudando al Gobierno español si nos lo pide. Queremos ser amigos”.
