La celebración del Día de Europa ha traído buenas noticias para Volodímir Zelenski. Kyiv y sus aliados europeos han anunciado hoy la creación de un Tribunal Especial para juzgar la agresión militar rusa contra Ucrania, uno de los principales objetivos del presidente ucraniano para que los altos mandos de Moscú respondan por las atrocidades de la invasión. Su objetivo es cubrir el vacío que supone que la Corte Penal Internacional (CPI), que ya investiga crímenes de guerra en territorio ucraniano, no tenga competencia para poder fiscalizar los crímenes de agresión de Rusia a Ucrania.
La luz verde ha coincidido con el viaje de la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, a Leópolis, donde ha sido acompañada una veintena de ministros de Exteriores de los Veintisete para reafirmar su apoyo a los ucranianos, entre ellos el español José Manuel Albares. Una treintena de países han dado apoyo político a la creación de este Tribunal y a la conclusión de los trabajos técnicos que eran necesarios para que comenzase a operar el año que viene. Fuentes comunitarias explican que se prevé que este organismo juzgue a unas veinte o treinta personas en la cúpula militar rusa, pero no a personalidades como Vladímir Putin o su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, a quienes no se podría imputar hasta que no acaben sus mandatos políticos y decaiga su inmunidad.
El presidente ucraniano
Zelenski cree que el Tribunal hará que cualquier potencial agresor “se lo piense dos veces”
“Este Tribunal garantizará que los principales responsables de la agresión contra Ucrania rindan cuentas”, aseguró Kallas desde Leópolis. “Un tribunal fuerte para el crimen de agresión puede, y debe, hacer que cualquier potencial agresor se lo piense dos veces”, celebró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Kyiv lleva deseando el nacimiento de este Tribunal desde hace tiempo, especialmente cuando en el 2022 empezaron a aparecer informes sobre las atrocidades cometidas por las tropas rusas que ocupaban el territorio ucraniano. Ucrania acusa a las tropas rusas de haber cometido miles de crímenes de guerra en su país. Rusia, por su parte, lo niega rotundamente.
Entonces los expertos jurídicos pensaron que un Tribunal Especial podría llenar este vacío en el sistema internacional. En el caso ruso, Moscú no ha ratificado el Estatuto de Roma, por lo que la CPI no puede actuar por iniciativa propia para juzgar un crimen de agresión y Rusia puede vetar el establecimiento de un nuevo tribunal al ser parte del Consejo de Seguridad de la ONU, que es quien tiene la capacidad de proponerlo. No solamente podría perseguir a ciudadanos rusos, sino que también los bielorrusos o norcoreanos que han participado en esta guerra podrían ser investigados si se demuestra que han jugado un papel determinante en la invasión ucraniana.
Actualmente la CPI ha emitido una orden de detención contra Putin por crímenes de guerra relacionados con el presunto secuestro de niños en Ucrania, pero ha dejado en manos de los países miembros de la Corte la decisión de aceptarlo o no en su territorio. “Es un buen paso porque llena el vacío de cómo perseguir a los líderes por el crimen de agresión contra otro país”, consideró el ministro de Justicia holandés, David van Weel.
Obstáculos
Fuentes comunitarias reconocen que no está claro si van a poder juzgar a Putin en vida
El Tribunal se creará en el marco del Consejo de Europa, el principal organismo de vigilancia de los derechos humanos del continente, que nació tras la Segunda Guerra Mundial para defender los derechos y el Estado de Derecho. El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, ha indicado que proporcionan el “marco” para la creación de este Tribunal, pero también ha subrayado la importancia de que de que los Estados den seguimiento a la voluntad política que han mostrado hoy. “La justicia también necesita recursos. Hay que garantizar la financiación y proporcionar el apoyo necesario para el funcionamiento del futuro tribunal”, ha avisado, recordando que la financiación estará a cargo de un grupo de Estados que le dan apoyo.
Sin embargo, y pese a las intenciones de Kallas, todavía no queda claro cómo este tribunal podría llevar a Putin o a sus presuntos cómplices ante la justicia, al menos en vida. Sobre todo, porque no es muy probable que cuente con el respaldo de actores clave, comenzando por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Los obstáculos son varios. El principal, la inmunidad de los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de Asuntos Exteriores en ejercicio, y las dificultades para detenerlos. Sólo podrían ser juzgados por el Tribunal Especial si ya no estuvieran en el poder o se les hubiera retirado la inmunidad. Durante este tiempo, sí se pueden llevar a cabo investigaciones y recopilar pruebas para preparar las acusaciones para juzgarles cuando las circunstancias lo permitan. Fuentes europeas reconocen que deberán respetar la inmunidad de Putin y su equipo mientras estén en sus cargos, pero explican que el objetivo es reunir todas estas evidencias y esperar a que su inmunidad ya no esté en vigor.
En Leópolis, además, tanto Kallas como los ministros de Exteriores de Dinamarca, Italia, Países Bajos y Francia han firmado un acuerdo para destinar 1.000 millones de euros generados por los activos rusos congelados a la producción de armamento en Ucrania que se enviará directamente al Ejército ucraniano.