El Tribunal Supremo de Estados Unidos facilitó el jueves a las personas de orígenes mayoritarios, como los blancos o los heterosexuales, la presentación de demandas por discriminación “inversa” en el lugar de trabajo.
En un fallo por 9-0 cuyo autor es el juez liberal Ketanji Brown Jackson, los magistrados anularon la decisión de un tribunal inferior que desestimó una demanda de derechos civiles de una mujer de Ohio, Marlean Ames, contra su empleador, el Departamento de Servicios a la Juventud del estado.
Ames afirmó que tenía un supervisor gay cuando fue rechazada para un ascenso en favor de una mujer gay, al tiempo que fue degradada, con un recorte salarial, en favor de un homosexual.
La regla del exceso de pruebas
El litigio se centró en cómo deben probar los demandantes como Ames una violación del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, religión, origen y sexo, incluida la orientación sexual.
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Ames impugnó un requisito utilizado por algunos tribunales estadounidenses según el cual los demandantes pertenecientes a grupos mayoritarios deben aportar más pruebas que los de minorías para presentar una demanda inicial de discriminación, en virtud de una sentencia de la Suprema de 1973 que rige el proceso para resolver tales casos.
Entre estos tribunales se encuentra la Corte de Apelación del 6º Circuito, con sede en Cincinnati, que falló en contra de Ames. Exigen que los demandantes de grupos mayoritarios demuestren “circunstancias de fondo” que indiquen que el demandado acusado de prejuicios en el lugar de trabajo es “ese empleador inusual que discrimina a la mayoría”.
Sin discriminación a minorías ni mayorías
El fallo redactado por el juez Jackson indicó que tanto el lenguaje del Título VII como los precedentes del tribunal dejan claro que no puede haber distinciones entre los demandantes de grupos mayoritarios y minoritarios.
“Al establecer las mismas protecciones para todos los individuos —sin tener en cuenta su pertenencia a un grupo minoritario o mayoritario—, el Congreso no dejó margen para que los tribunales impusieran requisitos especiales sólo a los demandantes de grupos mayoritarios”, escribió Jackson.
Ames, de 61 años, presentó en 2020 una demanda por daños y perjuicios. Argumentó que fue discriminada en las decisiones de empleo de su departamento en 2019 porque es heterosexual y que estaba más calificada que las dos personas homosexuales a las que se les dieron los puestos de trabajo en lugar de ella.