Nayib Bukele ya tiene vía libre para eternizarse en el poder.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó anoche una reforma exprés de la Constitución para permitir la reelección presidencial indefinida. Este era uno de los objetivos políticos más ansiados del mandatario, quien, desde que accedió a la jefatura de Estado en el 2019, ha ido avanzando hacia un régimen cada vez más autocrático, y que ya el año pasado forzó las costuras legales del país al presentarse para un segundo mandato consecutivo –algo que pudo hacer gracias al aval del Tribunal Supremo, afín al Ejecutivo–.
El trámite de aprobación de la reforma no pudo ser más plácido. El partido de Bukele, Nuevas Ideas (NI), controla 54 de los 60 escaños de la Asamblea, por lo que la medida salió adelante por amplísima mayoría: 57 votos a favor y 3 en contra –los de los únicos partidos de la oposición, Arena y Vamos–.
Medida controvertida
La oposición denuncia que la democracia “ha muerto” en El Salvador
La reforma no solo permite la reelección “sin reservas” del jefe de Estado y de Gobierno, sino que también contempla una ampliación del período presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral. Además, se ha acortado en dos años el actual mandato del presidente, para que las próximas elecciones generales puedan coincidir con las legislativas y municipales, previstas para el 2027.
La diputada opositora Marcela Villatoro, de Arena, alertó en el plenario de las graves consecuencias de esta modificación constitucional: “Este día ha muerto la democracia en El Salvador”, dijo. Para Human Rights Watch, el país centroamericano está recorriendo “el mismo camino que Venezuela”. “Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar el poder, y termina en dictadura”, afirmó en un mensaje en la red social X la directora de esta oenegé, Juanita Goebertus.
De hecho, la reforma llega tras una fuerte ola de represión interna. El Gobierno de Bukele detuvo en mayo y junio a destacados defensores de derechos humanos y voces críticas, entre ellos la abogada Ruth López, quien estaba investigando supuestos casos de corrupción estatal. Ante este acoso, muchos han optado por el exilio. Es el caso de la oenegé Cristosal –a la que pertenecía López–, con una larga y reconocida trayectoria de activismo, que este mes anunció que abandonaría el país para resguardar la seguridad de sus trabajadores.
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Pese a esta escalada represiva, Bukele goza de gran popularidad entre los salvadoreños. Su política de mano dura contra el crimen ha servido para contener a las pandillas, que habían llevado al país a una situación límite con sus asesinatos y extorsiones. Eso sí, según han denunciado entidades como Amnistía Internacional, esta drástica reducción de la actividad delictiva se ha producido a costa de la vulneración de las libertades civiles y del retroceso del Estado de derecho. Detenciones arbitrarias, juicios masivos, hacinamiento en cárceles, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia estatal… La lista de acusaciones es larga, y seguirá creciendo: el país se rige desde hace más de tres años por un régimen de excepción que propicia los abusos.
Pero Bukele hace oídos sordos a los que cuestionan sus métodos: “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero eso a que maten salvadoreños en la calle”, dijo el pasado junio. Tiene motivos para mostrarse tan confiado. Además de contar con el respaldo mayoritario de la población –su índice de aprobación es de más del 80%, según una encuesta de Gallup publicada en mayo–, goza de la protección de Estados Unidos. La decisión del presidente salvadoreño de apoyar a la Casa Blanca en su política de deportaciones, aceptando que presuntos pandilleros sean trasladados desde territorio estadounidense a la megaprisión CECOT, le ha servido para ganarse las simpatías de Donald Trump. Todos ganan en la transacción. Bukele se presenta como un aliado fiable en una región siempre estratégica para Washington como es Centroamérica. Y, a cambio, puede hacer y deshacer en su país sin temor a las injerencias de un presidente estadounidense que comparte con él el deseo de violentar los límites de la ley para expandir su poder.
