La medida estrella de Giorgia Meloni corre el riesgo de volverse en su contra. Los centros construidos en Albania para encerrar a los migrantes antes de que lleguen a Italia permanecen prácticamente vacíos, y así podrían seguir por lo menos hasta mediados del 2026. Las deportaciones han sido frenadas por los jueces italianos, respaldados ahora también por sus colegas europeos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció ayer que los gobiernos nacionales pueden señalar qué países se consideran seguros para repatriar inmigrantes, pero dicha lista puede ser sometida a control judicial. En resumen, la justicia podrá seguir bloqueando los traslados a las instalaciones abiertas por Italia en territorio albanés.
Tampoco le ha ido bien al Ejecutivo de Roma en otro apartado de la sentencia, el que afirma que para que un país pueda considerarse seguro debe serlo en todo su territorio y para toda su población. En la práctica, nada cambia: el plan sigue paralizado por vía judicial. Fuentes del Gobierno se mostraban muy optimistas en los días previos respecto al fallo del Tribunal de Luxemburgo, convencidas de que no pondría en cuestión el protocolo con Albania. Por eso, la decisión ha generado “sorpresa”, y desde el Ejecutivo han reaccionado con un durísimo comunicado en el que acusan al Tribunal de invadir competencias que “no le corresponden”.
Un campamento de recepción establecido como parte de un plan del gobierno italiano para procesar a los migrantes rescatados en el mar, en Shengjin, Albania
El efecto de esta decisión es que las grandes instalaciones que Italia ha construido en la costa del Adriático están destinadas a quedar medio vacías. El fallo se refiere al caso de un migrante bangladeshí rescatado en el Mediterráneo y llevado a Albania con arreglo al protocolo firmado con Italia. Fue en este país donde presentó una solicitud de protección internacional que le fue denegada en un proceso acelerado por parte de las autoridades italianas, al alegar que Bangladesh es un país seguro y no cabe el derecho a asilo.
El único aspecto positivo para Roma es que el Tribunal ha especificado que esta interpretación solo será válida hasta junio de 2026, cuando entrará en vigor el nuevo Reglamento sobre el procedimiento de asilo, que modifica los trámites para gestionar a los solicitantes de protección internacional en las fronteras de la Unión.
La oposición acusa a Meloni de haber malgastado millones de euros en un proyecto injusto e ineficaz
Para el gobierno de Giorgia Meloni era un paso crucial: la supervivencia del llamado modelo Albania dependía, de hecho, del aval de los jueces europeos. Muchos países de la UE han seguido con interés esta experiencia, pero a más de un año y medio de la firma del acuerdo con el primer ministro de Tirana, Edi Rama, el plan nunca llegó a arrancar y ha suscitado fuertes polémicas.
La sentencia llega en un momento delicado: el número de llegadas de inmigrantes a las costas italianas ha vuelto a crecer, debido a la inestabilidad en Libia, pero no solo. No por casualidad, Meloni ha emprendido dos misiones urgentes: el jueves estuvo en Túnez para reunirse con el presidente Kaïs Said y ayer voló a Estambul para un almuerzo con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional libio, Abdulhameed Mohamed Dabaiba. Un encuentro especialmente relevante, dada la creciente presencia de Turquía en el equilibrio de poder en Libia. La noticia de la sentencia llegó mientras Meloni volaba hacia Turquía
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Quienes solicitaron el pronunciamiento del tribunal europeo fueron jueces italianos que, en los últimos meses, con varias sentencias, habían cuestionado la legitimidad del Gobierno para ampliar la lista de países considerados seguros, incluyendo, por ejemplo, Bangladesh y Egipto. Se trata de un aspecto clave para el funcionamiento del plan con Albania, ya que designar un país como seguro permite acelerar el rechazo de las solicitudes de asilo de sus ciudadanos y proceder a su devolución. Según los planes de Meloni, estos procedimientos exprés debían examinarse en suelo albanés, pero los jueces han anulado prácticamente todos los traslados. A raíz de ello, el Ejecutivo planteó convertir esas infraestructuras en centros donde recluir a extranjeros ya sujetos a una orden de expulsión.
El fallo se refiere al caso de dos migrantes bangladesíes rescatados en el Mediterráneo y trasladados a Albania conforme al acuerdo bilateral. Uno de ellos presentó allí una solicitud de protección internacional que fue rechazada mediante un procedimiento acelerado por las autoridades italianas, al considerar que Bangladesh es un país seguro y no cabe el derecho de asilo.
Desde el Gobierno no han ocultado su enfado: “Una vez más, la jurisdicción —esta vez europea— reclama espacios que no le corresponden, ante responsabilidades que son de carácter político. El Tribunal de Justicia de la UE decide entregar a cualquier juez nacional la competencia no sobre casos individuales sino sobre una parte de la política migratoria relacionada con la normativa sobre repatriaciones y expulsiones de irregulares”.
La oposición acusa a Meloni de haber malgastado decenas de millones de euros en un proyecto que consideran no solo injusto, sino también ineficaz. En las últimas semanas, un estudio de la Universidad de Bari y la oenegé Action Aid reveló cifras hasta ahora desconocidas: 114.000 euros al día para detener a 20 personas entre mediados de octubre y finales de diciembre de 2024, que luego fueron liberadas. A finales de marzo del 2025 se habían habilitado 400 plazas, cuya construcción costó 74,2 millones de euros
La secretaria del Partido Democrático, Elly Schlein, acusa: “Que asuman la responsabilidad de no haber leído las leyes italianas y europeas y de haber hecho una elección ilegal con centros inhumanos en Albania que pisotean los derechos fundamentales de los migrantes, para los que han despilfarrado más de 800 millones de los italianos”.