La Justicia argentina profundizó este lunes en la investigación por un presunto esquema de sobornos en la compra de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucra a exfuncionarios y empresarios vinculados al entorno del presidente Javier Milei, incluida su propia hermana.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó el bloqueo de las cajas de seguridad de los investigados y tomó declaración a Ariel de Vicentes, jefe de seguridad de una urbanización privada, sospechado de haber ayudado en la fuga a otro de los protagonistas de esta trama; Jonathan Kovalivker. Es uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina. Se sospecha que la empresa ha servido como canal para el desvío de fondos públicos mediante sobreprecios y pagos ilegales exigidos a los proveedores.
Javier Milei con su hermana Karina
Kovalivker, prófugo desde el jueves pasado, se presentó ayer en tribunales y entregó su teléfono, aunque se negó a facilitar la clave de acceso. El aparato quedó bajo análisis de los especialistas de la policía que también revisan los dispositivos confiscados a Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis, y a otros involucrados.
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El caso estalló la semana pasada tras la difusión de grabaciones de audio en las que supuestamente se escucha a Spagnuolo describir un sistema de recaudación ilegal con participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem, lo que confirmaría el conocimiento de la trama por el propio presidente.
Horas después de conocerse los audios, Milei anunció la destitución de Spagnuolo y la intervención de la Andis por el Ministerio de Salud.
En la denuncia, presentada por el abogado Gregorio Dalbón, se acusa a Milei, a su hermana y a Lule Menem de integrar “un esquema de cobro y pago” de comisiones ilegales en la provisión de medicamentos, con cargo directo a los fondos públicos. En la causa se investigan posibles delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y violación de la ley de Ética Pública.