Brasil puso fin a cien años de impunidad después de la histórica decisión del Tribunal Supremo de condenar a 27 años de cárcel al expresidente Jair Bolsonaro, cabeza de una trama golpista en el 2022 contra el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva. Pero aún no se ha escrito el desenlace: un proyecto de ley de amnistía que, en el caso poco probable de que sea aprobado, dejaría impune al expresidente, al igual que los generales de la dictadura tras el golpe de 1964.
Los golpes de estado, consumados o fracasados, han sido el pan de cada día en la turbulenta historia de la democracia brasileña. Ha habido 15 desde la creación de la república en 1889, y, en muchos casos, una posterior amnistía ha animado a los perpetradores a volver a intentarlo.
El ejemplo más obvio: los dos militares de tiempos de la dictadura, Walter Braga Netto, de 68 años, y Augusto Heleno de 77 años. Los dos participaron en el régimen militar, cuyos integrantes fueron amnistiados, condición sine qua non para el apoyo castrense al restablecimiento de la democracia en 1985. Los dos se implicaron en el plan de Bolsonaro para perpetuarse en el poder tras su derrota electoral en octubre del 2022, mediante el asesinato de Lula, de su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y del juez Alexandre de Moraes, que ha coordinado el juicio contra Bolsonaro.
El 54% de los brasileños rechaza una amnistía para Bolsonaro y sus cómplices, con un 38% a favor. “Ninguna democracia madura se hace el harakiri”, dice el jurista Lenio Streck, en una entrevista en Carta Capital . Pero en el Congreso, los líderes del poderoso bloque de diputados conocido como el gran centro – Centrão –, aseguran tener votos suficientes para una amnistía que se aplicaría también al centenar de bolsonaristas encarcelados por participar en el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasil el 8 de enero del 2023.
Muchos diputados temen ser percibidos como traidores por el líder derechista más popular de la historia de la democracia actual, que recibió más de 58 millones de votos en las elecciones de 2022.
Pero una amnistía no será fácil y menos para Bolsonaro. Lula y el Partido de los Trabajadores (PT), conscientes del peligro de añadir otro capítulo a una larga historia de impunidad, harán todo lo posible para que no se apruebe. Puede obtener una mayoría en la Cámara, pero es más difícil en el Senado. Incluso en el caso de ser aprobada en las dos cámaras, Lula intentaría vetarla.
El espacio de la ultraderecha en Brasil lo disputa ahora el gobernador de Sao Paulo, De Freitas
Es más, tiene que ser ratificada como una medida constitucional por el propio Tribunal Supremo. “La amnistía es posible pero muy difícil a no ser que sea después de las elecciones en caso de que gane la derecha”, dice Fabio Kerche, analista político de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en una entrevista. Con o sin amnistía, es casi imposible que Bolsonaro pueda presentarse a las elecciones presidenciales del 2026.
Pero Bolsonaro difícilmente tirará la toalla. “Aún tiene proyecto político; consiste en mantenerse como líder de la extrema derecha brasileña”, dice Kerche,.
Los partidarios de una amnistía incluyen a Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo, con gran apoyo entre los poderosos empresarios de Faria Lima. Probable candidato presidencial, De Freitas es sumamente ambiguo para el expresidente: su principal aliado y a la vez, su principal rival.
De Freitas necesita los votos de la base bolsonarista para imponerse a Lula. El gobernador se ha aproximado al bolsonarismo en las últimas semanas y compareció en la gran manifestación del pasado domingo en São Paulo, donde tachó a De Moraes de “tirano”, repitiendo el insulto bolsonarista (y trumpista). Apoya la amnistía y se ha comprometido a aprobar un indulto si gana las elecciones
Pero no está claro que Bolsonaro quiera devolver ese apoyo. Puede preferir lanzar como candidato a uno de sus hijos, Flávio, senador en Brasilia o Eduardo, afincado en Texas, o incluso a su mujer Michelle, que podría ser “una Evita Perón de la extrema derecha”, según afirmó a The Guardian la analista Camila Rocha en Brasilia.
Para echar más salsa al guiso, Washington ya está preparando más sanciones para Brasil por supuestamente suprimir los derechos democráticos de Bolsonaro. Washington ya ha restringido los viajes de los jueces brasileños a EE.UU., ha congelado sus activos y ha aplicado aranceles del 50%.
Las posibilidades de que la Cámara adopte una ley de amnistía son pocas y tropiezan con múltiples obstáculos
Según la sorprendente lectura del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la condena a Bolsonaro es la prueba de que “el estado de derecho en Brasil se está desmoronando”, afirmó el lunes en Fox News. “Habrá una respuesta de EE.UU.”
El problema de Rubio y Trump es que la adopción de sanciones hasta la fecha ha fortalecido a Lula, que ha añadido seis o siete puntos a su favor en las encuestas, al ser percibido como defensor de la soberanía brasileña. Para Trump y Bolsonaro, “el tiro les ha salido por la culata”, dice Kerche.