Apenas unas horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, Brendan Carr, calificara de “repugnante” la broma de Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk, ABC canceló indefinidamente su programa. El máximo organismo regulador de la industria de la radiofusión ha pasado durante años desapercibido, pero ha cobrado un papel protagonista tras el episodio de censura, pues ha exhibido la fragilidad de la primera enmienda de la Constitución, que se creía sagrada.
“Las empresas pueden encontrar la manera de cambiar conductas y emprender acciones. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Si no lo hacen en el caso Kimmel, habrá trabajo adicional para la FCC”, amenazó Carr en un podcast conservador, sugiriendo que ABC (propiedad de Disney) debía despedir al presentador o, en caso contrario, la Administración Trump iba a tomar cartas en el asunto.
Carr entró en la comisión en el 2012 y fue ascendiendo en el entorno conservador hasta alcanzar su cargo
Este comentario propició que Nexstar, la cadena de emisoras locales afiliada a la ABC, propietaria de 200 emisoras locales, con las que llega al 70% de la población, anunciara que dejaría de emitir el show, lo que propició el anuncio posterior de ABC. El asunto es que Nexstar se encuentra en medio de un lucrativo negocio, para el que necesita el permiso de la FCC, para adquirir Tegna, uno de sus mayores rivales, por 6.200 millones de dólares.
Desde que fue nombrado por el presidente Donald Trump en enero, Carr ha convertido su cargo –destinado a aprobar licencias de televisión y fusiones entre los grandes medios– en una tribuna para presionar a los medios para cambiar sus políticas o programación, ha abierto investigaciones sobre las cadenas CBS, NBC y ABC, entre otras, y ha enviado cartas a distintos medios para que cambiaran sus políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) si no querían perder sus licencias.
Carr, un abogado de 46 años, conoce bien el alcance del poder de la FCC. Entró en su plantilla en el 2012 y fue escalando en paralelo a su ascenso dentro del Partido Republicano. Durante el primer mandato de Trump, obtuvo un alto cargo por parte del presidente en la comisión. Desde el principio, se mostró muy crítico con los medios de comunicación convencionales, a los que acusaba de tener sesgos progresistas.
Durante la última campaña electoral, fue uno de los redactores de Project 2025, el manual del centro conservador Heritage Foundation para el primer año de mandato de Trump, del que el presidente trató de desvincularse, a pesar de sus evidentes vínculos, y acabó nombrando a varios de sus redactores cuando regresó al poder. Ganando números para convertirse en su presidente, Carr se encargó del capítulo sobre la FCC, donde articuló una serie de estrategias que, un año después, ha estado siguiendo al pie de la letra.
Una de sus primeras acciones fue lanzar investigaciones contra programas de DEI, amenazando con desmantelarlos si no actuaban las cadenas de televisión. En enero, reabrió una serie de denuncias contra CBS, NBC y ABC que acusaban a las cadenas de sesgo político y que habían sido desestimadas durante la anterior administración. En abril, acusó a Comcast, propietaria de NBC, de “distorsión informativa”.
En julio, intervino en la denuncia presentada por Trump contra el programa 60 minutes de la CBS, a quien había acusado por editar una entrevista con la exvicepresidenta Kamala Harris para favorecer su imagen. Entonces, Paramount (empresa matriz de CBS) tenía pendiente completar una fusión de 8.000 millones de dólares con Skydance, lo que requería la aprobación de la FCC. Finalmente, Paramount resolvió la demanda de Trump contra CBS con un acuerdo por valor de 16 millones de dólares para el presidente y, semanas después, Carr aprobó la fusión Paramount-Skydance. El acuerdo no se realizó sin intromisión editorial, pues poco después CBS anunció que iba a cancelar el programa nocturno de Stephen Colbert, días después de haber criticado a Trump en antena.
Aunque la FCC no puede prohibir directamente a una cadena de noticias por su contenido, Carr ha argumentado que “tiene la obligación” de asegurarse de que aquellos canales con licencia actuen en base al “interés público”, o lo que ello signifique para él, por lo que estará justificado revocarlas si no lo hacen. El censor de Trump argumentó el miércoles en Fox News que, a lo largo de los años, el organismo “se apartó de hacer cumplir esa obligación”, y prometió actuar en consecuencia, sin importar que sus presiones suponen una amenaza directa a la libertad de prensa y de expresión.