Mientras Donald Trump se prepara para desplegar a los soldados de la Guardia Nacional de Texas que llegaron el martes a Chicago para reprimir protestas, el presidente ha escalado su retórica contra el alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, que se han opuesto con firmeza a la militarización de sus calles. En una publicación en su plataforma, Truth, el mandatario dijo ayer que ambos “deberían ir a la cárcel por no proteger a los agentes del ICE”, las siglas en inglés del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
La tercera ciudad más poblada del país ha vivido en las últimas semanas un fuerte incremento de la presencia de agentes del ICE, que están llevando a cabo macrooperaciones, con helicópteros incluidos, para detener a centenares de supuestos inmigrantes indocumentados, lo que ha incluido también el arresto de ciudadanos estadounidenses. La discrecionalidad ha llevado a los residentes de Chicago a protestar delante de edificios del ICE, con manifestaciones pacíficas pero tensas, que han sido reprimidas con gases lacrimógenos, balas de goma y gas pimienta, con una intensidad que los activistas ven desproporcionada.
Trump ha usado estas protestas para autorizar, como hizo en verano en Los Ángeles y después en Washington, el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en Chicago, algo para lo que en teoría necesita la autorización del gobernador. El martes llegó a una base militar a las afueras de la ciudad un centenar de los 400 militares de la Guardia Nacional de Texas que están en camino, y Trump planea activar a otros 300 de la de Illinois, en lo que Pritzker ha definido como una “invasión militar”.
El gobernador Pritzker dice que hay que impedir que Trump use al ejército para “invadir los estados”
El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, presentó el lunes una demanda contra la Administración para tratar de evitar el despliegue, pero la jueza del Tribunal de Distrito, April Perry, se negó a bloquear de inmediato la entrada de las tropas en la ciudad y se prevé que responda hoy a la petición. La demanda llegó después de que otra jueza, Karin Immergut, declarara el sábado que es ilegal el despliegue de soldados en Portland para el mismo uso, acompañar a los agentes durante las protestas.
Como señal de resistencia ante el ataque federal contra Chicago, su alcalde firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los agentes del ICE operar en propiedades de titularidad municipal. “Así ya no servirán como bases de operaciones para estas redadas”, dijo Johnson durante su firma el lunes. “No podemos permitir que arrasen nuestra ciudad sin control ni equilibrio. Nadie está por encima de la ley. Si el Congreso no pone freno a esta Administración, entonces lo hará Chicago”.
La Casa Blanca acusó al alcalde de “ayudar y encubrir a inmigrantes ilegales criminales”, a los que definió como “asesinos, violadores, traficantes y pandilleros”. Y ahora Trump pide directamente su encarcelamiento. Su publicación en Truth puede parecer una amenaza vacía, pero el presidente también usó ese método para llamar al procesamiento de otros adversarios políticos, como el exdirector del FBI, James Comey, que ya fue imputado por el Departamento de Justicia y ayer compareció ante el juez en Virginia.
Trump prevé el despliegue de 400 soldados de la Guardia Nacional de Texas y otros 300 de Illinois
Trump también ha pedido el arresto del gobernador Pritzker, que ha ganado en las últimas semanas una gran atención mediática en su resistencia contra el presidente. “Cualquier tipo de tropas en las calles de una ciudad estadounidense no tiene cabida, salvo en caso de insurrección”, dijo Pritzker, señalando lo que dice la ley: que Trump solo puede autorizar unilateralmente el despliegue de la Guardia Nacional en un Estado, sin autorización del gobernador, en caso de que los agentes del orden se vean sobrepasados, algo que no ha ocurrido en las tímidas protestas de Chicago. “Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para impedir que utilice al ejército para invadir los estados”, declaró Pritzker.
El envío de militares a la ciudad forma parte de una campaña de Trump contra las ciudades demócratas, con la que busca hacer una demostración de fuerza federal frente al poder de los estados, así como intimidar y normalizar al ejército en las calles. El uso de soldados contra los propios ciudadanos está expresamente prohibido por la ley Posse Comitatus, de 1878, que establece que las fuerzas armadas no pueden ejecutar leyes dentro de EE.UU. La excepción que permite su uso es la ley de Insurrección, que Trump dijo que se planteaba aplicar “si es necesario”, es decir, si finalmente la justicia falla en su contra en la demanda presentada por Illinois.