La migración ilegal tiene que pasar a ser un delito y no una falta”, es el categórico tono que ha marcado en reiteradas ocasiones el abanderado del Partido Republicano chileno, José Antonio Kast, en un terreno que ha generado disputa en la carrera presidencial del país sudamericano. A solo un mes para las elecciones del próximo 16 de noviembre, la inmigración irregular se posiciona como un eje central para los ocho candidatos que buscan llegar al Palacio de La Moneda. Mientras que en la extrema derecha surgen propuestas como el cierre de las fronteras y la creación de centros de reclusión de migrantes, en el bloque oficialista -comandado por la comunista Jeannette Jara- apuestan por el empadronamiento biométrico y el reforzamiento del control fronterizo.
El 8,8 % de los habitantes en Chile son extranjeros, según el Censo 2024. El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), en tanto, estimó que entre 2018 y 2023 la población extranjera alcanzó el 10%, de los cuales un 17 % se encontraba en situación irregular. La comunidad venezolana es la que más ha crecido en los últimos años, principalmente debido a la crisis política que atraviesa el país, pasando de 83.045 personas en 2017 a 669.408 en 2024. De acuerdo al Censo, representan el 41,6 % de todos los extranjeros residentes en territorio chileno y el 3,6 % del total de la población. Un escenario complejo considerando que ambos países no mantienen relaciones diplomáticas, luego que el gobierno chileno no reconociera el supuesto triunfo de Maduro en las fallidas elecciones de julio del año pasado.
Ante este escenario, tanto la candidata de derecha, Evelyn Matthei (Chile Vamos), como los de extrema derecha, José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), han manifestado su intención de reformar la actual ley de migraciones para penalizar el ingreso irregular a Chile, algo que actualmente sólo configura una infracción administrativa. Por otro lado, un punto de consenso entre casi todos los aspirantes a la presidencia es la necesidad de reforzar los más de 7.000 kilómetros de frontera que tiene el país. Para eso, por ejemplo, Jara contempla continuar con el despliegue de las Fuerzas Armadas que ha empleado el gobierno de Boric, entre otras medidas.
“El tema migratorio se viene convirtiendo en un tema de agenda desde hace varios años, especialmente desde que la inmigración irregular comenzó a estar asociada a la crisis de seguridad. El tema migratorio conecta emocionalmente con el debate político”, explica a La Vanguardia Marco Moreno, director del Centro Opinión y Democracia de la Universidad Central.
La inmigración suma un 10% de la población, una parte importante de los cuales son venezolanos
En 2024, la Encuesta Bicentenario de la Universidad Católica reveló que un 91% de las personas atribuía el aumento de la delincuencia a la inmigración, pese a que un 76% respondió que nunca había tenido problemas con personas migrantes.
Percepción de los chilenos que se ha deteriorado, sobre todo por la instalación de nuevas modalidades delictivas -como los secuestros y extorsiones y el sicariato- provenientes de otros países latinoamericanos, a menudo vinculadas a bandas de crimen organizado transnacionales.
De hecho, un 87,7% de las personas percibe un aumento de la delincuencia en el último año, según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana. “En un contexto de inseguridad y desconfianza, la migración opera como un atajo discursivo para hablar del miedo y de la pérdida del control del Estado”, enfatiza Moreno.
Aunque Chile se encuentra en el cuarto lugar de los países más seguros de América Latina, según el Global Peace Index 2025, en la última década el delito de homicidio consumado ha seguido una tendencia al alza, marcando un peak de 1.330 víctimas en 2022. Desde el 2023, eso sí, los casos han ido a la baja. Si bien la mayoría de los imputados por este delito siguen siendo chilenos, la Fiscalía advirtió en su último informe anual que, desde 2016, la cantidad de extranjeros vinculados a causas de homicidios consumados se incrementó en un 1070%, concentrándose principalmente en las nacionalidades venezolana y colombiana.
“En un contexto de inseguridad, la migración opera como un atajo para hablar del miedo”
El gran punto de discordia entre los candidatos que hoy lideran las encuestas es qué ocurre con aquellos migrantes que ya ingresaron irregularmente a Chile, especialmente cuando han cometido delitos. Inspirado en el modelo de la italiana Georgia Meloni -con quien de hecho se reunió-, Kast apuesta a que no existan regularizaciones, que todos los migrantes irregulares sean expulsados y que existan cárceles específicas para extranjeros.
Un camino distinto plantea la abanderada oficialista, Jeannette Jara, quien mantiene la necesidad de empadronar a los migrantes para “saber quienes son”, sin descartar una eventual regularización de quienes ya están en el catastro. “Las propuestas migratorias reflejan con claridad la identidad ideológica de cada candidatura. Kast y Kaiser apelan al orden y al control estatal, con una visión punitiva y soberanista, mientras que Jara y Matthei intentan equilibrar el principio humanitario”, concluye Moreno.