El principal rival del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Ekrem Imamoglu, se enfrenta a la posibilidad de pasar el resto de su vida en la cárcel, después de que la fiscalía solicitara una condena de más de 2000 años para el alcalde de Estambul.
Esta solicitud sin precedentes intensifica la batalla legal de una de las figuras más prominentes de la oposición turca y aumenta la posibilidad de que se le impida presentarse a las próximas elecciones presidenciales, lo que podría marginarlo por completo de la política activa.
Casi ocho meses después del arresto de Imamoglu por presunta corrupción, las autoridades presentaron el caso en casi 4.000 páginas, con una acusación que nombra a 402 sospechosos y describe a Imamoglu como “el fundador y líder de una organización criminal”. La extensa lista de cargos incluye soborno, fraude, extorsión y manipulación de licitaciones.
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El tribunal tendrá 15 días para decidir si acepta o rechaza la acusación y, en caso afirmativo, fijará una fecha para el juicio. Imamoglu negó previamente haber cometido delito alguno, calificando el caso como un “intento evidente” de impedirle presentarse a las elecciones presidenciales.
Las acciones turcas se desplomaron tras la noticia, con el índice de referencia de Estambul cayendo hasta un 3,8% antes de recuperar parte de las pérdidas. Los bonos también se vieron afectados, con la rentabilidad de la deuda a 10 años en liras turcas subiendo 28 puntos básicos, hasta el 32,61%.
Esta inestabilidad económica es mucho menos intensa que en marzo, cuando la detención de Imamoglu provocó un desplome del mercado y obligó a las autoridades a gastar más de 50.000 millones de dólares de las reservas del banco central para defender la lira. Sin embargo, pone de manifiesto la preocupación por la creciente represión de Turquía contra la oposición.
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“La acusación podría tener profundas implicaciones políticas e institucionales, sobre todo la posible designación de un administrador fiduciario por parte del gobierno para dirigir el municipio metropolitano de Estambul”, declaró Wolfango Piccoli, copresidente de la consultora Teneo, en un informe.
Imamoglu, quien se perfilaba como candidato presidencial por la principal fuerza opositora de Turquía, el Partido republicano del Pueblo (CHP), se enfrenta a penas acumulativas que van desde los 828 hasta los 2352 años de prisión. El fiscal también solicitó a la Corte Suprema que investigue si el Partido Republicano del Pueblo se benefició de los presuntos delitos.
El político del CHP también enfrenta cargos separados en varios otros casos. Una condena a largo plazo podría marginar a Imamoglu, obligando al CHP a buscar con urgencia un candidato fuerte, al tiempo que aumentaría la preocupación de los inversores por la estabilidad política.
Un cartel con la imagen de Imamoglu en una protesta contra su detención
El arresto del alcalde turco ha generado críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos y de vigilancia de la democracia. Sin embargo, Imamoglu ha criticado a los líderes occidentales por su tibia respuesta, acusándolos de priorizar los intereses geopolíticos sobre los valores democráticos.
La acusación formal aumenta la presión sobre la oposición turca, que se ha intensificado notablemente este año. Los municipios encabezados por dirigentes de la oposición se han enfrentado a investigaciones consecutivas, con cientos de funcionarios detenidos en investigaciones por corrupción tras las elecciones locales de 2024, en que los candidatos opositores ganaron poder.
Imamoglu alcanzó notoriedad nacional tras derrotar al Partido AK de Erdogan en Estambul en 2019, lo que supuso la primera gran derrota electoral del presidente en más de dos décadas. Desde entonces, se ha convertido en la figura principal de la oposición y en blanco de múltiples procesos judiciales.
Los problemas legales del alcalde se agravaron después de que la Universidad de Estambul anulara retroactivamente su diploma en marzo, privándolo de las cualificaciones necesarias para presentarse a la presidencia. En agosto, declaró que consideraría apoyar a otro candidato si se le impedía participar en la contienda, lo que indicaba que se preparaba para una larga batalla legal.