El pasado 1 de noviembre, los narcos asesinaron a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan (Michoacán) mientras participaba en las celebraciones del día de muertos. Tres sicarios lo acribillaron en la plaza mayor. Uno tenía 16 años y otro 17. Uno de los asesinos murió bajo custodia policial. Los cuerpos de los otros dos se hallaron junto a la carretera que lleva a Paracho.
El sábado, miles de mexicanos, muchos de la generación Z y muchos llevando también el sombrero que Manzo convirtió en símbolo de la resistencia campesina contra los carteles de la droga, se manifestaron en varias ciudades para denunciar el crimen, la corrupción y la impunidad de los narcos. En la plaza del Zócalo de México DF asaltaron el Palacio Nacional con explosivos caseros y se enfrentaron a la policía con piedras, cadenas y palos. Un centenar de agentes y una veintena de manifestantes resultaron heridos. La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a las fuerzas conservadoras de manipular el movimiento juvenil con financiación exterior.
Sheinbaum lucha contra los narcos y la tupida red oficial que los ampara
Sheinbaum lleva un año en el poder. Gobierna bajo el peso de la losa que le dejó su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que pactó con los carteles para que su partido, Morena, creciera en todo el país. Bajo el lema “abrazos, no balazos”, fortaleció los lazos con los narcos, un pacto que benefició a ambos a costa de la vida de miles de mexicanos. La presidencia de AMLO añadió miles de muertos a una tragedia nacional que en las últimas dos décadas se ha cobrado la vida de 275.000 mexicanos.
AMLO vive recluido en el rancho La Chingada (Chiapas). Ni siquiera fue a la boda de su hijo en febrero. Estados Unidos le acusa de haber favorecido a los narcos y él se esconde.
Los jóvenes mexicanos han salido a la calle contra la violencia, la corrupción y la impunidad
Desmantelar la tupida red de intereses cruzados entre políticos, policías, militares, jueces y narcotraficantes “es imposible en un mandato”, asegura Will Freeman, analista del Consejo de Relaciones Exteriores en Washington DC. Asegura que “el Estado protege a los carteles”. La policía borra pruebas, los fiscales y los jueces se ponen de perfil y quijotes como Carlos Manzo caen abatidos. Los beneficios de colaborar con los narcos compensan con creces el riesgo a que estos funcionarios sean castigados.
Sheibaum lo intenta, pero para erradicar el crimen organizado necesita una revolución social y política que hoy parece imposible.
Las políticas progresistas de Morena han sacado a cinco millones de mexicanos de la pobreza, pero los agentes de policía en la mitad de los estados aún ganan menos que el salario mínimo. La tentación de colaborar con los narcos es muy alta.
Sheinbaum ha deportado a 29 capos a EE.UU. y detenido a decenas de cuadros medios de las mafias. También intenta que los militares cedan el control de la inteligencia al departamento de Seguridad. No es fácil. La resistencia del ejército es tan fuerte como las de los políticos de su propio partido, Morena, así como de los policías, jueces y fiscales que se benefician del crimen.
Freeman considera que EE.UU. puede echarle una mano. No atacando a los carteles, como propone Trump, sino sancionando a los políticos y funcionarios corruptos. Sheinbaum, sin embargo, necesitará mucho más para llevar adelante la revolución pendiente que debe acabar con la violencia y la corrupción, empezando por el apoyo de los mexicanos que el sábado intentaron asaltar el Palacio Nacional al grito de “todos somos Carlos Manzo”.
