No hay tregua para Starmer

Si una sociedad es un contrato entre los muertos (que ya han pagado y cobrado lo que les correspondía), los vivos (que lo están haciendo) y los todavía por nacer (que se supone que lo harán), la fórmula del filósofo Edmund Burke, considerado el padre del conservadurismo moderno e inspirador de Margaret Thatcher, ya no funciona en el Reino Unido. Para los muertos, por razones obvias; para los vivos, porque su poder adquisitivo no ha subido ni un céntimo en dos décadas y tienen que sudar tinta para alquilar un piso, y no digamos comprarlo, y para generaciones futuras, porque no está claro que jamás vayan a percibir una pensión o disfrutar de una sanidad gratuita.

Al primer ministro Keir Starmer le preocupan en este momento los vivos, que son los que van a las urnas, cuyo voto de confianza recibió hace menos de año y medio con una promesa de “cambio y estabilidad”, de hacer las cosas bien y aplicar la ley, de buena y aburrida gestión en contraste con el caos de los últimos gobiernos conservadores, sin necesidad de subir los impuestos. Pensando en ellos ha presentado esta semana unos presupuestos que, en el mejor de los mundos, iban a ser un punto de inflexión tras 17 meses desastrosos plagados de errores, una especie de renacimiento.

“Antepondré el interés de la gente al interés de mi partido”, garantizó en numerosas ocasiones, durante la campaña y tras ganar las elecciones. Pero de la palabra al hecho hay mucho trecho, como dice el refrán, y Starmer ha caído en la misma trampa que casi todos los políticos del sistema, adoptando medidas para salvar su propio pellejo, ganar tiempo y después ya se verá. Puesto entre la espada y la pared por los diputados del Labour, ha girado a la izquierda con una subida de impuestos para financiar un incremento del gasto público y de los subsidios a los sectores más desfavorecidos. La carga fiscal en Gran Bretaña es ya el 38,9% del PIB, pisando los talones a Francia y en la línea de las socialdemocracias europeas.

El problema es que eso no es lo que votaron en julio del 2024 los británicos, acostumbrados hasta hace poco a un nivel europeo de servicios con un nivel de impuestos como el de Estados Unidos, una ecuación insostenible con los bajísimos índices de crecimiento desde la crisis financiera del 2008. Crecer para generar más recursos fue el elixir mágico que vendió Starmer a los votantes, pero hasta ahora en la botella no ha habido más que agua del grifo. Y así van las cosas, de mal en peor.

Paranoico sobre un posible intento de golpe (el descontento en el Labour es palpable, pero por ahora nadie ha disparado), Starmer tiene cuatro grupos ante los que dar cuentas: los votantes, el mundo de los negocios (del que depende en gran medida el crecimiento), los mercados (que financian la enorme deuda pública del país, 120.000 millones de euros al año solo en intereses) y el grupo parlamentario laborista (del que depende para sobrevivir). En el presupuesto ha atendido a las aspiraciones de los dos últimos a expensas de los dos primeros.

El cortoplacismo es el gran vicio de la política (para qué tomar medidas impopulares de las que en todo caso se beneficiarán los que gobiernen después), y la prioridad del premier ha sido calmar los ánimos de los diputados del Labour, muchos de ellos novatos, salidos de la inesperada mayoría absoluta del año pasado, idealistas que creen en la distribución de la riqueza y que consideran que su misión es combatir la pobreza y fomentar la igualdad. “El problema es que hay muchos don nadie que se creen JFK”, comenta con desprecio uno de los hombres de confianza de Starmer.

Para sobrevivir en las aguas revueltas del Labour, Starmer ha considerado necesario restablecer las ayudas a las familias numerosas (hasta ahora no cobraban nada extra por tener más de dos hijos) y meter más dinero en el pozo sin fondo de la sanidad pública (NHS), con colas de más de seis meses para operaciones. Al mismo tiempo, ha buscado la confianza de los mercados aumentando los fondos de reserva por si se produce una emergencia financiera, esperando que así disminuya el coste de la deuda (en la actualidad, superior al de España, Italia y Grecia). Precio: 30.000 millones de euros en impuestos, que hay que sumar a los 60.000 millones del año pasado. Total: 90.000 millones en dos presupuestos (y eso que prometió que no los subiría).

Entre los votantes hay perdedores y ganadores, más de los primeros que de los segundos. Salen trasquilados los ricos (víctimas de una tasa a las casas o pisos de más de dos millones y medio de euros) y las clases medias (millones de trabajadores caen en la franja impositiva más alta y pierden poder adquisitivo), mientras que salen beneficiados los pensionistas, los que tienen trabajos precarios (sube el salario mínimo) y, sobre todo, quienes viven de los subsidios (seis millones y medio cobran ayudas por no trabajar, y 4,1 millones, por enfermedad o incapacidad, con un coste de 115.000 millones de euros al año para el Estado). Y entre el empresariado reina el convencimiento de que en el presupuesto no hay ninguna medida que favorezca ese crecimiento tan ansiado que sería como maná caído del cielo.

Starmer ha dado con una mano monedas de una libra y con la otra ha quitado billetes de cinco. Se siente capaz de derrotar al populista Farage en las próximas elecciones o confía en que su partido de ultraderecha (Reforma) se auto­des­tru­ya con escándalos de racismo y xenofobia, o no esté a la altura por falta de estructuras y candidatos decentes. Ve posible una coalición salvadora, aunque muchos le voten para evitar algo peor, con la nariz tapada. Pero para llegar a ese punto tiene primero que sobrevivir a posibles rivales dentro de su partido que sean vistos como opciones con mejores posibilidades de triunfar. El actual líder ha ganado tiempo, tal vez hasta las elecciones autonómicas y municipales de mayo, en las que podrían saltar todas las alarmas.

Su Administración, sin embargo, sigue dando señales de extrema incompetencia; la última de ellas, la manera caótica en que se ha gestionado el presupuesto, con filtraciones y globos sonda de los propios ministros para calibrar la reacción de los votantes a las diversas medidas. La ministra de Hacienda, Rachel Reeves, ha sido acusada de mentir sobre el estado de las finanzas públicas y exagerar los males económicos como justificación para subir los impuestos, y los conservadores y la influyente prensa de derechas piden su cabeza. Si el Gobierno esperaba que amainase la tormenta, los vientos y la lluvia han arreciado aún más, si cabe.

Reeves aseguró que existía un agujero de 30.000 millones en las arcas del Tesoro debido a un descenso de las expectativas en materia de productividad por parte de la Oficina de Responsabilidad Fiscal, el organismo independiente que valora los baremos y perspectivas económicas. Echando la culpa de ello a los conservadores, mentalizó a los votantes para que se apretaran el cinturón, dando incluso a entender que subiría el impuesto sobre la renta en dos puntos (a la hora de la verdad, Starmer se lo impidió). Pero ahora –señalan sus detractores– se ha demostrado que esos números rojos nunca existieron, y que ella misma los “fabricó” para limitar los daños de un incremento de la carga fiscal a fin de aumentar el gasto público y los subsidios (quienes los perciben son mayoritariamente votantes laboristas, tentados por pasarse a Farage).

Starmer no tiene un momento de paz y no consigue estabilizar su Gobierno. La alegría inicial del ala izquierda del Labour por el aumen­to del gasto social ha sido neutralizada por la marcha atrás en la reforma de la legislación laboral, que ha quedado muy aguada bajo la presión de los empresarios. La prensa conservadora lo tiene en el punto de mira de su rifle telescópico. Y los votantes se meten la mano en el bolsillo y lo encuentran vacío. Los muertos y los que están por nacer no pueden protestar, pero los vivos, sí.