Narendra Modi primero se metió a los indios en el bolsillo y ahora pretende meterse en el bolsillo de los indios. O lo que es lo mismo, en sus teléfonos móviles. Así interpretan algunos la orden cursada para que todos los fabricantes e importadores de India empiecen a preinstalar una aplicación gubernamental en todos los dispositivos en un plazo máximo de 90 días.
La app deberá estar “preinstalada, visible y operativa desde la primera configuración” en los aparatos destinados al mercado nacional, según la directiva enviada el viernes a Samsung, Xiaomi, Apple, Vivo y otros fabricantes. Esta precisa además que no debe haber opción para limitar o desactivar sus funciones. El nombre hindi de esta “aplicación de seguridad”, Sanchar Saathi, significa “socio de comunicación”, pero más de uno ve en ella un ciberespía, más que un aliado.
La aplicación, que existe desde hace un par de años, permite comprobar si un teléfono es auténtico mediante su número IMEI, único en cada dispositivo y denunciar dispositivos perdidos o robados y bloquearlos, consultar cuántas líneas están registradas a nombre de un usuario, así como denunciar llamadas sospechosas y enlaces fraudulentos.
El gobierno indio no se olvida de los cientos de millones de móviles ya en uso y pide a los fabricantes que incluyan la aplicación en sus actualizaciones de software. En un plazo de 120 días, deberán presentar un informe de cumplimiento.
El clamor ante la aparente intromisión del estado en la vida privada digital de cada uno han obligado este martes a que un ministro de Comunicaciones de rancio abolengo, Jyotiraditya Scindia, aclarara que la prohibición de desinstalar se aplica a los fabricantes, no a los usuarios. “Los usuarios pueden desactivarlo si lo desean”, ha dicho. Según algunas fuentes, en la versión para Android, la letra pequeña autoriza a la aplicación a acceder a mensajes y llamadas.
“Gran Hermano”
Deberán llevar la app todos los teléfonos a la venta y los 700 millones ya en el mercado deberán incorporarla en actualizaciones
El gobierno indio asegura que la aplicación se ha descargado 10 millones de veces mientras ha sido voluntaria, permitiendo la recuperación de 4,2 millones de teléfonos robados y la supresión de 30 millones de conexiones fraudulentas. Cifras que, como tantas otras con origen en India, provocan reacciones de escepticismo.
Desde la oposición, el Partido del Congreso tildó la medida de “inconstitucional” y exigió su retirada inmediata. “Es el Gran Hermano, una herramienta distópica para vigilar a cada ciudadano”, afirmó su secretario general, K. C. Venugopal. Desde las mismas siglas y en términos parecidos se pronunció Rahul Gandhi, uno de los trescientos indios (40 de ellos periodistas) espiados hace cuatro años mediante Pegasus, el sistema israelí que solo se vende a estados. Nadie ha rendido cuentas por ello.
En este caso, la aplicación ha sido desarrollada por el propio gobierno. En teoría, para la seguridad de cada usuario. En realidad, en el mejor de los casos, para aumentar el arsenal de medidas de prevención antiterrorista, pocas semanas después de la desarticulación de una célula insurgente pro cachemir que había acumulado toneladas de material explosivo, tras una fachada impecable como facultativos y profesores de medicina.
La aplicación india de ciberseguridad, “Sanchar Saathi”, permite bloquear el móvil en caso de pérdida o robo, pero temen que comprometa la privacidad de mil millones de indios
Apple habría manifestado que no piensa cumplir con la orden. La empresa estadounidense -que sigue fabricando sus iPhones mayoritariamente en China- tiene en India una de sus cuotas de mercado más bajas, por debajo del 5%. Su actual número dos, Sabih Khan, es precisamente un indio musulmán nacido en Muradabad. Su principal reto en India no es ese, sino librarse de una multa potencial de miles de millones de euros por frenar la libre competencia de aplicaciones en su entorno.
La imposición de la aplicación también ha sido condenada por la Internet Freedom Foundation, una asociación con sede en Delhi que dice defender las libertades digitales, pero que en su día hizo campaña en contra de que los datos de los indios tuvieran que quedarse en servidores indios. ”Todas las aplicaciones esponsorizadas por el Estado son una forma de espionaje estatal”, sintetiza el activista digital Srinivas Kodali.
Otras asociaciones civiles han comparado la iniciativa india con la que tomó Rusia hace tres meses, al obligar a los fabricantes a incluir alternativas rusas entre sus aplicaciones preinstaladas: Max en lugar de Whatsapp. Como siempre, “por motivos de seguridad”. Vladimir Putin, que esta semana visitará Nueva Delhi, no tendrá nada que reprocharle al primer ministro Modi.
