El mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ratificó hoy que se opondrá a una ley aprobada ayer por el Congreso, la cual disminuye las sentencias impuestas al anterior jefe de Estado, Jair Bolsonaro, y a sus colaboradores en la intentona golpista de 2022.
“Las personas que cometieron un crimen contra la democracia tienen que pagar por los actos cometidos”, dijo Lula en una rueda de prensa, en la cual afirmó que él tiene “derecho a vetar”, así como el Congreso “tiene derecho” a posteriormente derribar su decisión.
“Necesitamos tomarnos muy en serio lo que pasó en enero de 2023”, afirmó Lula refiriéndose al ataque a las tres ramas del gobierno que tuvo lugar siete días después de su toma de posesión, momento en que una multitud de seguidores de Bolsonaro intentaron involucrar a las Fuerzas Armadas para destituir a su administración, un evento que, de acuerdo con el Tribunal Supremo, culminó un plan de golpe de estado orquestado por Bolsonaro.
“Si la democracia olvida la importancia que tiene, terminamos perdiendo todos”, declaró el mandatario.
El Senado dio luz verde el miércoles con votos mayoritarios a una propuesta legislativa que permitiría la disminución de sentencias para aquellos declarados culpables de crímenes contra el sistema democrático. Dicha iniciativa ya contaba con la aprobación previa de la Cámara de Diputados, siendo remitida posteriormente para la ratificación presidencial, si bien Lula ya había adelantado su intención de ejercer su derecho a veto.
El 11 de septiembre, el Tribunal Supremo sentenció a Bolsonaro a una pena de 27 años y 3 meses de cárcel por “liderar” una conspiración golpista destinada a “perpetuarse en el poder”, después de su derrota electoral en 2022 ante Lula por una escasa diferencia.
El 25 de noviembre, tras agotar todas las vías de apelación, el tribunal superior dictaminó la ejecución de la sentencia contra el prominente líder de extrema derecha. La ejecución tuvo lugar en una sala de la sede de la Policía Federal, ubicada en Brasilia, lugar donde el individuo había estado detenido durante varios días.
Bolsonaro se encontraba bajo arresto domiciliario desde el 4 de agosto anterior debido a la infracción de varias medidas de precaución establecidas dentro del proceso, y fue trasladado a la Policía Federal tras intentar deteriorar un dispositivo de monitoreo electrónico que formaba parte de dichas limitaciones.
De acuerdo con las estimaciones de sus partidarios, si la propuesta de disminución de sentencias se aprueba, el exmilitar del Ejército podría pasar solo dos años en confinamiento.