Venezuela censura y reprime

La reciente liberación de 19 de los 25 trabajadores de prensa detenidos por motivos políticos en Venezuela fue recibida por el gremio periodístico como una señal de optimismo. Se pensó que podría haber un cambio en las condiciones para el trabajo. Sin embargo, la mayoría considera que todavía no es suficiente.

Los periodistas que siguen haciendo información dentro de Venezuela no han perdido el temor de salir a la calle, firmar notas o aparecer con cámaras para cubrir temas que sean sensibles para el aparato gubernamental. Este temor se incrementó después de las elecciones del 28 de julio del 2024, cuando el ejercicio periodístico se volvió un asunto de seguridad personal.

Según un informe del capítulo Venezuela del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys), en el 2024 se produjeron 14 detenciones arbitrarias y cuatro detenciones temporales de periodistas, así como dos casos de desapariciones y 27 comunicadores obligados a huir del país. Además, el informe da cuenta de 151 agresiones físicas o verbales y 96 casos de discursos estigmatizantes.

Para Marianela Balbi, directora ejecutiva de Ipys-Venezuela, lo primero que se debe exigir es el fin del bloqueo de los portales digitales que hacen periodismo independiente. Luego es necesaria una revisión de las leyes restrictivas y, por último, “el uso adecuado de los medios públicos que se han convertido en los brazos ejecutores de políticas de propaganda”.

La cobertura de la actualidad política, de la conflictividad social y de la crisis económica se realiza contra el amedrentamiento policial, la falta de información oficial y el silencio de los expertos. En el 2025, el Gobierno detuvo a varios economistas y académicos que dieron su opinión sobre la inflación y devaluación del bolívar. El efecto de censura fue inmediato y limitó aún más el derecho del ciudadano a estar informados.

Para que los periodistas puedan sentirse tranquilos es necesario desmontar un aparato regulatorio diseñado para silenciar. El oficialismo no ha cesado en sus acciones para coartar el trabajo de la prensa mediante la aprobación de leyes que violan los estándares internacionales de protección.

La ley contra el Bloqueo Imperialista aprobada en el 2024 establece la revocatoria de la concesión para publicar noticias y multas de hasta un millón de euros a quienes “difundan publicidad, propaganda o mensajes promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas” que afecten a Venezuela.

Por su parte, la llamada ley antioenegé impone requisitos onerosos para el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, limitando su propia constitución y su capacidad de documentar y denunciar violaciones de derechos humanos. Además, suma otra capa de dificultad para el financiamiento de la libre expresión en un país en donde el sector privado es presionado para no pautar publicidad en los medios de comunicación independientes.

Otros instrumentos como la ley contra el Fascismo agrega otras definiciones vagas que podrían ser utilizadas para criminalizar la disidencia y la crítica al Gobierno. Este instrumento se suma a la ley contra el Odio, que desde el 2017 prevé sanciones penales, bloqueos de medios y hostigamiento judicial por “fomentar el odio”, un término ambiguo que facilita su aplicación discrecional contra críticos del Gobierno.

Los periodistas, aunque se mostraron aliviados por la excarcelación de la mayoría de sus colegas, todavía sienten prematuro hablar de una flexibilización teniendo en cuenta que las causas siguen abiertas y al menos cinco informadores siguen entre rejas. Adicionalmente, el 3 y el 9 de enero, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa documentó al menos 14 detenciones. Trece reporteros extranjeros fueron deportados y otros cientos impedidos de entrar en el país.

Los periodistas en el exilio se debaten entre el deseo de volver y el escrutinio de la realidad. “Sí tengo expectativas, pero veremos si con el nuevo ministro Pérez Pirela se mantienen las señales que podamos evidenciar como gestos de apertura”, explica el director de un portal venezolano que se vio obligado a salir del país en el 2024.

Este periodista considera que lo ideal sería que pasasen cosas específicas que tengan que ver, por ejemplo, con la desactivación de la ley del Odio. “Creo que eso va a tardar un poco más, pero mientras se deje de vigilar a los reporteros en la calle será una gran señal”, añadió.

Marianela Balbi cree que esta libertad de movimientos sería lo mínimo en una genuina transición a la democracia.