Meloni respalda el “bloqueo naval” y reafirma su proyecto en Albania dirigido a migrantes.

Impulsado por el giro europeo en materia migratoria, el Gobierno de Giorgia Meloni ha intensificado aún más su política mediante un proyecto de ley diseñado principalmente para obstaculizar a las ONG de rescate en el Mediterráneo y poner en funcionamiento los cuestionados centros para migrantes en Albania, hasta ahora desocupados.

El Consejo de Ministros dio luz verde este miércoles al documento que convierte en ley el denominado “bloqueo naval”, un compromiso previo de Meloni. La legislación establece una “prohibición temporal de cruzar el límite de las aguas territoriales” en situaciones donde se dé una “amenaza grave para el orden público o la seguridad nacional”. Dicha restricción tendrá una vigencia de 30 días y podrá extenderse por un periodo tope de seis meses. Los infractores se enfrentan a sanciones económicas de hasta 50.000 euros y, si repiten la falta, a la incautación de la embarcación. Estas normas afectan de forma directa a las ONG dedicadas al rescate marítimo, que ya se encontraban bajo el escrutinio del Ejecutivo ultraconservador.

La propuesta —que todavía requiere el aval del Parlamento— consolida también el régimen jurídico de los recintos de internamiento en Albania. Roma aguarda a que el actual Pacto Europeo de Migración y Asilo, al implementarse de forma integral, facilite por fin la puesta en marcha definitiva de estas bases, cuya labor ha resultado mínima hasta la fecha.

Conforme al proyecto del Gobierno, los sujetos localizados en alta mar podrán ser remitidos “también a terceros países distintos del de origen o procedencia”, a condición de que Italia cuente con pactos que estipulen la ayuda, el alojamiento o la detención en centros especializados.

El texto impone asimismo una severa limitación a la denominada “protección especial”, una figura central del sistema italiano de asilo y una de las más cuestionadas por la derecha. Hasta ahora, esta protección permitía otorgar un permiso de residencia por motivos humanitarios cuando la expulsión pudiera poner en peligro derechos fundamentales esenciales —como el riesgo de persecución, tortura, tratos inhumanos o un arraigo social sólidamente establecido en Italia—. Con la nueva norma, su concesión dependerá de requisitos mucho más rigurosos: al menos cinco años de residencia legal, conocimiento certificado del italiano, disponibilidad de una vivienda que cumpla con las normas higiénico-sanitarias y una capacidad económica equivalente a la requerida para la reagrupación familiar.

La reforma también amplía los motivos que justifican la expulsión de un ciudadano extracomunitario, incluso por delitos que hasta ahora rara vez conllevaban tal consecuencia, como la violencia o amenaza contra un funcionario público, los delitos contra la familia o la participación en disturbios en los CPR, los centros de detención para migrantes. En estos centros, además, los extranjeros no podrán conservar su teléfono móvil, el cual será retenido por el personal.

Desde los barcos de rescate llegan críticas muy duras. Sea-Watch denunció en un comunicado que “es repugnante tratar como una amenaza para el Estado a hombres, mujeres y niños que huyen de la miseria y la persecución”. Añadió que “es cobarde devolver a las personas a países que las persiguen” y concluyó: “Esto no es seguridad, es deshumanidad. Multiplicaremos nuestros esfuerzos para salvar a quienes arriesgan su vida en el mar”.