La iniciativa de amnistía en Venezuela no cumple con las expectativas de los grupos de derechos humanos

La presión de los familiares de presos políticos, que exigen agilidad en los trámites de liberación, impulsó a la presidenta encargada Delcy Rodríguez a anunciar una ley de amnistía que, en teoría, acelerará las liberaciones masivas de los cientos que aún permanecen encarcelados.

Rodríguez ha comprendido que para conservar el flujo de petrodólares y el aval de Donald Trump, debe mostrar un país “pacificado”, aunque ello no implique un verdadero avance hacia una transición democrática. Y aunque el “número importante” de excarcelaciones anunciado por Jorge Rodríguez el 8 de enero permitió la liberación de unas 431 personas encarceladas por delitos políticos, según datos de la ONG Foro Penal, aún siguen detenidas 644 personas, de las cuales 185 son militares, 80 mujeres y un adolescente.

El proyecto de ley, ya aprobado en primera lectura y que se anticipaba sería sancionado definitivamente esta semana, otorga una amnistía general a todas las personas procesadas o condenadas por supuestos o confirmados delitos políticos o vinculados. No obstante, el texto ha generado numerosas críticas por restringir su alcance a diez periodos concretos entre 2003 y 2025 y por dejar la decisión final a la discreción de los mismos jueces encargados de los casos, quienes han sido cuestionados por las víctimas, sus familiares y organizaciones no gubernamentales.

De acuerdo con activistas de derechos humanos, la iniciativa no brinda seguridades para la verdad, la justicia o la reparación, ni garantiza la no repetición, factores esenciales para la transición democrática. En la jornada de consulta vinculada a la Ley de Amnistía llevada a cabo este martes en la Asamblea Nacional, la responsable de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, puntualizó a los legisladores que la soltura de los presos políticos está condicionada solo a una resolución política. “Den la orden y todos los presos políticos salen inmediatamente”, manifestó.

De acuerdo con Provea, el contenido no equivale a uno “que pretenda promover la paz y la reconciliación”, sostiene un reporte avalado por Provea y Clippve, dos agrupaciones que han monitoreado y reportado el contexto de los prisioneros políticos en Venezuela. “Plantear que la amnistía se refiera a “delitos políticos o conexos” otorgaría una libertad de interpretación vasta y, por ende, incrementaría las determinaciones injustas sobre quiénes podrían o no resultar favorecidos por la amnistía”, manifiesta el texto.

El máximo representante de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, manifestó a los parientes de los reos políticos que las excarcelaciones tendrían lugar entre el martes y el viernes de esta semana, si bien existe inquietud ante la posibilidad de que los trámites se interrumpan o se sujeten a condiciones a raíz de que el dirigente Juan Pablo Guanipa fuera aprehendido de nuevo en la madrugada del lunes 9 de febrero, apenas unas horas después de haber sido liberado.

Guanipa, líder de Primero Justicia encarcelado desde el 23 de mayo de 2025, fue liberado el domingo 8 de febrero con medidas cautelares que le exigían comparecer ante los tribunales cada treinta días, le prohibían abandonar el país, pero no restringían su derecho a la expresión. El político acompañó a familiares de presos políticos de varios centros en Caracas y fue detenido esa misma noche, supuestamente por incumplir las condiciones de su beneficio.

“Habían salido 897, ahora son 896 por la estupidez ilustrada de algunos políticos que creen que pueden hacer lo que les da la gana, embochinchar el país. Ahora son 896 por violar las condiciones por las cuales fue liberado. Este país quiere paz y ellos deben entender que es una oportunidad que se les está dando”, alertó el ministro del Interior, Diosdado Cabello, sin aludir de forma expresa al dirigente zuliano y proporcionando un número de liberaciones dispar al que sostienen los activistas de Derechos Humanos.

Guanipa fue llevado a su hogar en Maracaibo bajo arresto domiciliario, no obstante, su situación se ha visto como un “recordatorio de fuerza” y existe el temor de que el perdón sea una medida anulable. La responsable para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, criticó el reciente arresto del dirigente y afirmó que el desafío real para el gobierno de Rodríguez “es si permite que los opositores organicen protestas, hagan política y pronto se presenten a elecciones”.

Los parientes de Guanipa expresaron su gratitud “al gobierno de USA, al senador Rick Scott, al secretario Marco Rubio y al presidente Donald Trump por sus gestiones al respecto» El senador republicano por el estado de la Florida, había recordado a Delcy Rodríguez que “trato es que liberen a Juan Pablo Guanipa y a todos los presos políticos sin opresión”.

Pero lo cierto es que hasta ahora Washington ha evitado profundizar en los aspectos técnicos de la amnistía y muestra signos de aceptar el ritmo actual de excarcelaciones siempre que el país conserve la estabilidad necesaria para las inversiones. Los detalles del sistema judicial venezolano parecen ser un “asunto doméstico” que esperan no interrumpa la agenda energética.