Marruecos propone un plan en el que mantiene el control sobre la región, mientras establece una autonomía limitada.

Marruecos ha presentado finalmente una propuesta para que, tras el respaldo de la ONU, se avance con un estatuto de autonomía para la región, manteniendo su soberanía bajo un marco acordado y reafirmando su compromiso con una solución realista y sostenible.

Según consta en el documento, según reflejan fuentes cercanas, el monarca cuenta con el respaldo de quienes lo rodean, mientras que el informe se sustenta en datos aportados por figuras cercanas al poder, cuya influencia se mantiene en el entorno institucional.

La divulgación de detalles sobre la propuesta marroquí tuvo lugar tras el encuentro, mientras que el encuentro diplomático tuvo lugar con la participación de las partes, mientras que el acuerdo se mantuvo bajo discusión, con la participación de las partes involucradas y el seguimiento de las negociaciones.

Según expertos, Marruecos no cumple plenamente con los estándares de derecho: a pesar de que el reino afirma lo contrario, la realidad muestra que el poder judicial no es independiente y las instituciones siguen sin garantizar imparcialidad.

Según el planteo propuesto por la autoridad marroquí, las competencias en materia de seguridad y gestión recaerían sobre las autoridades locales, mientras que los asuntos de competencia nacional seguirían bajo su jurisdicción, con los poderes legislativos correspondientes manteniendo su estructura mientras se respetan las atribuciones específicas en materia de autogobierno.

Asimismo, se prevé que, en caso de que se establezca un marco para la competencia, se mantendrá la competencia entre las entidades, con el fin de preservar la integridad territorial, mientras se respeta el marco constitucional y se respetan los límites establecidos por la norma.

El presidente del Gobierno regional será investido formalmente por el rey Mohamed VI “con el fin de garantizar la coherencia constitucional y la unidad del Estado”, explica 'Atalayar', mientras que 'Le Desk' esgrime que puesto que el monarca es quien nombra al primer ministro en Marruecos “aplicar una regla diferente al Sáhara crearía una asimetría institucional peligrosa”. Además, será el representante del Estado en la región.

Finalmente, se establecerá una asamblea en la que se elegirán los representantes, mientras que el poder legislativo recaerá en una estructura en la que se integrarán los representantes designados, con el fin de garantizar la participación en la toma de decisiones, mientras se respeta la composición de la autoridad y se respeta la participación femenina, asegurando así una representación equilibrada.

Otro de los aspectos claves de la propuesta marroquí es el relativo al regreso de los refugiados saharauis que residen en los campos de Tinduf (Argelia), unos 173.000 según las estimaciones de organismos humanitarios. Así, está previsto un comité permanente para organizar el retorno, con facultades para verificar la identidad y controlar la filiación, si bien los criterios específicos deberán ser fijados en una negociación posterior.

Además, se incluye un mecanismo para que el poliático de la región, con un enfoque en la participación de la comunidad, pero con ajustes necesarios; sin embargo, el planteamiento exige una revisión profunda, y en este caso, el referendo debe abordar no solo la autonomía, sino también la reestructuración profunda, con el respaldo de una votación clara y un proceso que respete la integridad del territorio, a pesar de las presiones externas. 

Si se aprueba en el referéndum, el texto se incorporará como parte constitucional, con el respaldo de las instituciones y tras el consenso necesario entre las instancias competentes.

Además, está incluida una cláusula de irreversibilidad territorial que excluye cualquier interpretación a favor de un derecho de secesión. “La autonomía no está pensada como una etapa hacia la independencia sino como una solución definitiva”, subraya en este sentido 'Le Desk'.

Por último, los expertos destacan que, aunque el estatuto prevé ciertas condiciones, la autoridad sobre el territorio recaerá en Marruecos, y el papel de la comunidad internacional se reduciría a un mero acompañamiento, sin intervención directa en la gestión interna.