Rudolph Giuliani, abogado íntimo del presidente, y Eric Trump, su hijo, dirigen el equipo legal en Pensilvania. La razón de sus litigios, como el que han ganado para que sus observadores puedan seguir el recuento más de cerca, no está en sacarlos adelante sino en crear la atmósfera adecuada para que las redes sociales afines a su causa magnifiquen las denuncias de fraude electoral que salen desde la Casa Blanca. Se trata de dar contenido, aunque sea mínimo, a una campaña de propaganda e desinformación que permita salvar la cara al candidato republicano en caso de derrota. El presidente, que ya ha anunciado que no la aceptará fácilmente, siempre podrá decir que los demócratas le han robado el segundo mandato.

Si un litigio en Pensilvania u otro estado se mantiene vivo a mediados de diciembre y de su resolución depende el resultado final de las elecciones, entonces el Tribunal Supremo de EE.UU. podría intervenir, como ya hizo en el 2000. Entonces, George W. Bush ganó Florida por 537 votos, un margen del 0’009% sobre Al Gore. Este triunfo le dio la presidencia.

Trump puede pedir recuentos allí donde haya perdido por poco. Ya lo ha hecho, por ejemplo, en Wisconsin. Sus opciones de revertir el resultado, sin embargo, también son mínimas. Gore no lo consiguió cuando solicitó el recuento en el condado de Palm Beach. Y es que según un estudio de la organización Fairvote, la media de votos que cambia de manos en un recuento es de apenas 282 o el equivalente al 0,016% en unas elecciones con dos millones de sufragios emitidos.

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