Esquerra votó a favor de la ordenanza del civismo que empezó a aplicarse el 1 de enero del 2006 tras un largo debate que terminó con la abstención del PP y el voto contrario de Iniciativa, por aquel entonces socio del gobierno del PSC liderado por Joan Clos, que estaba a un telediario de ceder la alcaldía a Jordi Hereu. Han pasado casi 20 años, la ciudad ha cambiado una barbaridad y la normativa lleva ya tiempo en la cartera de documentos pendientes de actualizar. Si nada lo evita, debería debatirse en el pleno municipal del mes de diciembre, que se celebra el 19 de diciembre. Los grupos van deshojando la margarita, y ERC, que admite llevar semanas de conversaciones con el gobierno de Jaume Collboni, lo ha hecho este lunes festivo, con un petición: una modificación que sea más social que punitiva. Y que en en ningún caso sirva para limitar el arraigo de las personas migradas.
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Por boca del concejal Jordi Coronas, los independentistas abogan por una nueva ordenanza “más efectiva y justa que la actual”, cosa que pasa, a su modo de ver, por “incorporar criterios de proporcionalidad, mediación y protección de las personas en situación de vulnerabilidad”. Que hayan elegido este punto de vista más social no es para nada baladí, puesto que hasta la fecha se ha dado por hecho que la normativa solo podrá reformarse con el voto favorable de Junts.
Grafiti pintado en una de las puertas traseras de la Basílica de Santa María del Pi
Esquerra reclama a Collboni “priorizar la mediación y ampliar los equipos de intervención comunitaria”, trascender a la sanción con medidas alternativas “con una mirada restaurativa” y establecer criterios de “proporcionalidad y de intervención social en todos los procedimientos sancionadores”. También piden aplicar el acuerdo de incorporar 100 agentes más a la Guardia Urbana y que ninguna sanción perjudique a las personas migradas en sus informes de arraigo. Con estos avances, señala Coronas, Barcelona “no volverá a caer en recetas antiguas y propias de una ordenanza de derechas”.
El antecedente
PSC y Junts pactaron en noviembre instar a Estado y Govern a incluir información relevante sobre convivencia en los informes de arraigo
En los dos años y medio que llevamos de mandato, ERC se ha convertido en el socio prioritario del PSC, sobre todo en materia presupuestaria, pero parece que Collboni, en esta ocasión, buscará calidez en la bancada neoconvergente. En el pleno del pasado mes de noviembre, de hecho, los socialistas ya votaron a favor de una proposición de Junts que insta al Estado y a la Generalitat a revisar la normativa para “incluir información relevante sobre convivencia en informes de arraigo”. Cualquier modificación -seguía la propuesta, muy hábil con las palabras elegidas- en estos informe “deberá garantizar la seguridad jurídica, la proporcionalidad y el respeto a los derechos fundamentales y la ausencia de discriminación”. La pelota está en el tejado del PSC, que sabe que con los cinco votos de Esquerra solo suma 15 de los 21 necesarios. Con los 11 de Junts se planta en los 21 exactos.