El Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla, que investiga la denuncia por los contratos sanitarios de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha citado a declarar el próximo 25 de noviembre en calidad de investigados a la actual gerente del este servicio y a sus dos predecesores en el puesto.
En esta causa, el PSOE denunció que el SAS habría utilizado contratos de emergencia por valor de 242 millones de euros una vez superada la pandemia de la covid-19, y cifró en 24 millones de euros el posible daño causado al erario público por este procedimiento “a dedo”.
La denuncia se refería al mantenimiento durante dos años y medio de las contrataciones de emergencia en el SAS cuando ya se daba por finalizada la pandemia de la covid.
El juez ha citado en concreto a declarar a la actual gerente del SAS, Valle García, y a sus dos predecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.
La Junta insiste: los contratos de emergencia estaban “amparados por la ley”
En una providencia de la que ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Juzgado también cita como testigos a tres exinterventoras de la Junta, entre ellas la que fuera interventora general y actual viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez.
También han sido citados el mismo día en condición de testigos el ex director económico del SAS y el ex director de asistencia sanitaria y resultados en Salud. Todos estos testigos deberán comparecer el día 18 de noviembre, una semana antes de que lo hagan los exgerentes del ente.
El juez instructor solicita además a la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS la remisión del expediente que dio lugar a un informe sobre el proceso de verificación de los gastos con fondos europeos conforme al procedimiento establecido en la Instrucción 1/17 de la Dirección General de Fondos Europeos para la terminación del antiguo Hospital Militar de Sevilla.
A finales del pasado junio, la consejera de Salud, Rocío Hernández, reclamó durante la sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento que se dejara actuar a la justicia en este caso de los contratos del SAS, subrayó la “total colaboración” con los tribunales donde ha aportado “toda la documentación” y aseguró que los contratos de emergencia estaban “amparados por la ley”.
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