La Fiscalía de Andalucía ha emitido un decreto para abrir diligencias tras recibir diversas denuncias sobre los fallos detectados en el programa de cribado del cáncer de mama y ha reclamado a la Consejería de Sanidad de la Junta que le informe sobre estos hechos. La Fiscalía señala en un comunicado que ha pedido también a la Junta que le informe sobre las medidas adoptadas “para la reparación del daño de las víctimas y sobre la prevención de hechos futuros similares”.
La irrupción de la Fiscalía enciende aún más la crisis en la sanidad andaluza tras los fallos en el cribado de cáncer de mama, después de que el Parlamento, con los votos del PP, rechazara en la tarde del miércoles la creación de una comisión de investigación sobre estos errores (con 2.000 mujeres afectadas según datos oficiales) y la posibilidad de indemnizar a las mujeres afectadas, tal como habían solicitado el PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.
La decisión, unida a la ausencia del presidente Juanma Moreno durante el debate ha crispado, aún más si cabe, el ambiente político. También crece la indignación social tras la denuncia presentada a Fiscalía por la asociación Amama, entidad que dio a conocer la polémica, en la que se acusa al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de manipular y borrar mamografías e historiales médicos.
Precisamente han sido las denuncias presentadas por esta asociación y por El Defensor del Paciente, que se han ido ampliando con varios casos particulares de afectadas, y por las de Adelante Andalucía e IU-Convocatoria por Andalucía las que han motivado la incoación de las diligencias por parte del Ministerio Público.
Amama reclama una investigación
Este malestar ciudadano, que se expande más allá de las afectadas directas, se ha trasladado también a las redes sociales, donde cada cual explica su experiencia, el tiempo de espera de los resultados y revisiones, así como las demoras en el sistema. Toda esta incertidumbre se va transformando en rabia y en un seguimiento bajo lupa de los actores implicados. “No todas las mujeres han sido llamadas, y el cáncer no espera”, ha advertido la presidenta de Amama, Ángela Claverol, al presentar la denuncia este martes. La asociación sostiene que algunas pruebas fueron modificadas para sustituir diagnósticos de “lesión sospechosa” por “probablemente benigna”, y que incluso se habrían eliminado nombres de radiólogos de determinados informes. “Nosotras no buscamos ruido, buscamos verdad. Si hay errores, deben reconocerse. Pero si hay manipulación, debe investigarse hasta el final”, subrayó.
Por su parte, el Defensor del Paciente ha pedido a las mujeres que soliciten sus historiales clínicos y denuncien ante el juzgado si no los reciben en 30 días, advirtiendo que la negativa a entregar documentación médica “puede constituir destrucción de pruebas”.
Sanz advierte: “dejen de generar alarma sin pruebas”
Desde el Gobierno andaluz, el nuevo consejero de Salud, Antonio Sanz, negó tajantemente cualquier manipulación o pérdida de datos: “No ha desaparecido ninguna prueba. Se trató de una incidencia técnica puntual en ClicSalud+”, dijo en el Parlamento, en alusión a la caída del sistema que impidió acceder a historiales médicos durante varias horas el pasado 21 de octubre. “El sistema está restablecido y auditado. No hay riesgo de pérdida ni alteración de información clínica”, añadió, acusando a Amama de “generar alarma social sin pruebas”.
Sin embargo, cada vez hay más desconfianza sobre el funcionamiento del SAS y las dudas se extienden hacia otro tipo de cribados, como el del cáncer de colon y el de cérvix. La asociación pone también el foco en estos programas preventivos si bien el Gobierno regional asegura que no han detectado ningún error. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad del Gobierno nacional ha solicitado a la Junta todos los informes de los últimos cinco años “para verificar el alcance y garantizar la transparencia”.
El Parlamento andaluz como campo de batalla
La negativa a la comisión de investigación provocó nuevos enfrentamientos entre los políticos con representación en el Parlamento. De hecho, una de las críticas más repetidas por la bancada de la izquierda fue la ausencia de Moreno Bonilla, que se ausentó tras la primera intervención de Antonio Sanz. El presidente de la Junta se “esconde detrás de su bancada” y deja “vacío su escaño mientras se debate el mayor escándalo sanitario de la legislatura”, declaraba la portavoz del PSOE-A, María Márquez. Desde Por Andalucía, Inma Nieto aseguró que “el PP ha cerrado la puerta a la verdad y a la transparencia”, mientras que José Ignacio García (Adelante Andalucía) calificó el episodio de “vergonzoso y cobarde”. “Quien no tiene nada que esconder no borra pruebas ni evita una comisión”, insistió García, que recalcalba que “las mujeres han sido engañadas y merecen respuestas, no discursos”.
El dirigente de Salud, cuyo cargo estrenó la semana pasada después de que esta crisis obligara a la anterior consejera a dimitir, aseguró que se estaba actuando con “rapidez y rigor”, y ofreció un dato: se han revisado “más de 95% de los casos”, toda vez que se ha puesto en marcha un plan de choque, dotado con 12 millones de euros y que incluye la contratación de más de un centenar de profesionales. La Junta ya anunció que antes del 30 de noviembre todas las pruebas se deben haber realizado.
“No hablamos de estadísticas, hablamos de vidas”
Pese a las explicaciones por parte del Ejecutivo, las concentraciones y las propuestas se siguen sucediendo, bien convocadas por colectivos ciudadanos o bien por sindicatos como CC.OO. Y UGT. “El SAS tiene metástasis” o “Nuestra salud no se privatiza” son algunos de las voces que se pueden escuchar en estas acciones.
El caso ha dejado de ser solo un problema de gestión para convertirse en una crisis de confianza en el sistema público andaluz. Las mujeres afectadas no piden explicaciones técnicas, sino empatía y justicia. “No hablamos de estadísticas, hablamos de vidas”, repite Claverol, “y cada día que pasa sin respuestas, se pierde un poco más de la confianza que tanto costó construir”.
