El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha acordado prorrogar hasta el 2 de abril de 2026 la investigación del conocido como 'Caso Contratos Sanitarios', una causa que examina posibles irregularidades en la contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que implica cifras millonarias. La ampliación del plazo, de seis meses adicionales, fue solicitada por las acusaciones (PSOE y Podemos) y respaldada por la Fiscalía. El auto judicial justifica la decisión en la imposibilidad de concluir la instrucción antes del 2 de octubre de 2025 y en la existencia de diligencias pendientes de práctica.
La investigación se centra en dos presuntas irregularidades: el uso indebido de la figura de contrato de emergencia y el fraccionamiento de miles de contratos menores. Los informes elaborados por la Intervención de la Junta de Andalucía apuntan a que el SAS habría recurrido a estas vías para eludir la libre competencia y la publicidad legal exigida. La polémica radica en que el procedimiento de emergencia se siguió utilizando hasta 2023, pese a que la normativa excepcional aprobada durante la pandemia quedó derogada en junio de 2021. En el caso concreto de Cádiz, la instrucción analiza un presunto delito de malversación que afecta a 235,4 millones de euros, en el marco de una investigación más amplia sobre contratos por un total de más de 1.200 millones en toda Andalucía.
El SAS ha reaccionado de inmediato a la decisión judicial presentando un recurso de reforma para anular la prórroga, al considerar que el auto “vulnera lo dispuesto en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” por no detallar “por qué no ha terminado la investigación en este tiempo ni cuáles son las diligencias que se encuentran pendientes”. Desde el Gobierno andaluz se defiende que “todas las contrataciones están dentro de la ley” y se asegura la colaboración “con diligencia y transparencia” en todo el proceso. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha restado importancia a las acusaciones, que tilda de “políticas para erosionar”, y se ha mostrado convencido de que la causa será archivada.
En el lado opuesto, la oposición ha respaldado la decisión judicial y ha criticado la postura del Ejecutivo andaluz. La coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha declarado que “si desde el Gobierno andaluz no tuvieran nada que esconder ni que temer, no tendrían por qué oponerse a que se investigue en profundidad”, mientras que el PSOE ha calificado los contratos como “vergonzosos” y denunció que sirvieron para desviar fondos públicos hacia la sanidad privada.
La prórroga judicial mantiene abierta una de las investigaciones más relevantes sobre contratación pública en Andalucía, en la que confluyen acusaciones políticas, técnicos bajo sospecha y un volumen de gasto sanitario sin precedentes sometido al escrutinio judicial.