Cuarenta y tres personas imputadas, entre mandos policiales, funcionarios, opositores y un psicólogo, en la trama sobre los presuntos amaños en los exámenes a la Policía Local de Granada. Así se desprende de la investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número cuatro de la ciudad de la Alhambra una vez se ha levantado el secreto de sumario tras meses de pesquisas en las que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, una unidad de la Policía Nacional (UDEF) ha reunido conversaciones grabadas, documentación intervenida y testimonios de testigos protegidos. La causa sigue abierta y no se descarta que el número de acusados pueda aumentar.
De momento, la jueza que estudia este caso sostiene que existía un grupo organizado dentro del cuerpo que tenía como fin filtrar las preguntas de los exámenes a familiares aspirantes a mandos policiales y que habrían actuado en diferentes convocatorias. Entre ellos, se encontraría el exjefe de la Policía Local, José Manuel Jiménez Avilés, que dimitió tras los primeros registros de la UDEF que se desarrollaron en febrero.
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Las pesquisas se centran en cuatro exámenes: dos en la capital, entre 2019 y 2022; una en Albolote y otra en Algarinejo. A raíz de ahí, se intenta dirimir si hubo cohecho, pertenencia a grupo criminal, prevaricación, tráfico de influencias, abuso de información privilegiada, revelación de secretos, fraude en la contratación, falsedad documental, extorsión, coacciones y omisión del deber de perseguir delitos.
No se descartan nuevos registros ni más investigados
Fue en julio cuando los agentes de esta unidad de la Policía Nacional realizaron sendos registros en la Jefatura de la Policía Local de Granada, en Huerta del Rasillo, y en las dependencias municipales de Mondragones. En estas instalaciones se incautó material informático y documentación relacionada con los procesos de selección bajo sospecha, una investigación que arrancaba en febrero después de que varios opositores y sindicatos denunciaran irregularidades y falta de transparencia en los exámenes. La intervención inicial llevada a cabo entonces provocó la dimisión del que fuera jefe policial y propició una cadena de registros e imputaciones que podrían ampliarse en las próximas semanas.
Ante las ampollas que este caso ha levantado y el revuelo social y mediático que ha generado, la alcaldesa de la ciudad roja, Marifrán Carazo, ha querido lanzar un mensaje de calma, garantizando que existe una colaboración municipal total con la justicia. “La Policía Local funciona con cierta normalidad después de la nueva etapa que ha supuesto el cambio de jefe”, ha afirmado, toda vez que ha aseverado que el consistorio que dirige ha “aportado toda la documentación y los expedientes que ha reclamado el juzgado”. El objetivo, defiende, es que la investigación “culmine para conocer con veracidad lo ocurrido”, y ha querido recordar que todas las personas implicadas “mantienen su presunción de inocencia”. “La Policía Local hoy es una policía que está en pleno funcionamiento y rendimiento”, ha concluido.
Paralelamente, el Ayuntamiento mantiene abierta una investigación interna sobre las oposiciones convocadas entre 2019 y 2022.
Una investigación compleja
El PSOE de Granada pide apartar a los implicados mientras dure la instrucción del caso
Pero esta actitud de Carazo ha sido abiertamente criticada por la portavoz socialista en el ayuntamiento, Raquel Ruz, quien considera que los principales investigados en este caso de corrupción vinculados al cuerpo de seguridad deberían ser retirados mientras dure la instrucción judicial. “Hay que investigar hasta el último papel, caiga quien caiga”, ha da dicho. Además, la líder del PSOE de Granada ha atribuido a la alcaldesa “cierta responsabilidad” por haber mantenido durante dos años al exjefe del cuerpo “sabiendo que la investigación estaba en curso”.
Granada y Albolote, acusación particular
Los ayuntamientos de Granada y Albolote se han personado en la causa como acusación particular, mientras que la Fiscalía coordina las diligencias.
No se descarta que el juzgado amplíe las imputaciones conforme avance el análisis de la documentación incautada por la UDEF.
