Los padres de Sandra Peña, la alumna de 14 años del colegio concertado Irlandesas Loreto que se quitó la vida el pasado 14 de octubre tras sufrir presuntamente acoso escolar, llegaban esta mañana a la sede de la Fiscalía de Menores de Sevilla para declarar en calidad de testigos perjudicados. Una comparecencia especialmente dura, marcada por el recuerdo de su hija y la esperanza de que el proceso judicial avance con rapidez.
A las puertas del edificio, el tío de la menor y portavoz de la familia, Isaac Villar, explicaba que José Manuel Peña y Zara Villar se encontraban “nerviosos, evidentemente, pero con la tranquilidad de que contarán la verdad; aunque con malestar, por tener que volver a revivirlo todo”.
Los errores que se han cometido en el centro escolar provocaron la decisión que tomó mi sobrina de quitarse la vida. Es nuestra lucha, y estamos aquí para que esto no se repita”
Antes de la declaración, Villar expresó que los padres solicitarán una sanción “contundente y ejemplarizante” contra el colegio, al que consideran responsable de no haber actuado a tiempo. “La única forma de que no se vuelvan a repetir casos así es que esa sanción sea firme, para que a ningún centro se le pase por la cabeza ignorar una denuncia de acoso”, aseguraba.
El portavoz añadió que la familia “se ha sentido arropada por la Junta de Andalucía, por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y muy especialmente por el Defensor del Pueblo”, y confía en que la Administración “esté a la altura y sea contundente” a la hora de resolver el expediente administrativo sobre el colegio. “No puede haber otra sanción que no sea la más alta”, aseveraba, “porque los errores que se han cometido en el centro escolar provocaron la decisión que tomó mi sobrina de quitarse la vida. Es nuestra lucha, y estamos aquí para que esto no se repita”.
Dos líneas de investigación abiertas: una, de las compañeras presuntamente implicadas; otra, sobre la responsabilidad del centro
El suicidio de Sandra conmocionó a Sevilla y reabrió el debate sobre el acoso que muchos menores sufren, dentro y fuera de las aulas, además de generar una ola de indignación y dolor que trascendió los centros educativos. Pocos días después de conocerse el caso, miles de jóvenes se sumaron a la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes, que pidió medidas más firmes contra el acoso escolar y reclamó responsabilidades institucionales. Las concentraciones, celebradas en distintas ciudades españolas, sirvieron también como homenaje a la menor sevillana.
Por la parte judicial, Fiscalía de Menores mantiene abiertas dos líneas de investigación: una, centrada en las tres compañeras del centro educativo presuntamente implicadas, que ya han declarado ante la Policía Nacional, junto a una decena de testigos; y otra, que analiza la posible responsabilidad del colegio Irlandesas Loreto, que no habría activado los protocolos de acoso ni los de prevención de conductas autolíticas pese a las denuncias presentadas por la madre.
Fuentes del caso apuntan a que la investigación policial se encuentra en su fase final. El análisis del teléfono móvil de la joven, una de las piezas clave para entender su situación, no ha aportado resultados concluyentes ya que Sandra borraba con frecuencia sus mensajes. Los expertos creen que parte del acoso podría haberse producido a través de canales efímeros de mensajería instantánea, una práctica cada vez más habitual entre menores y muy difícil de rastrear.
El acoso digital, una extensión del aula
Según UNICEF España, uno de cada cinco adolescentes reconoce haber sufrido acoso en entornos digitales, una cifra que sube al 30 % entre las chicas.
El último informe sobre Infancia, adolescencia y bienestar digital alerta de que “el entorno virtual se ha convertido en una extensión del espacio escolar donde el acoso no termina con la jornada lectiva”.
Sánchez y Moreno Bonilla piden más control a las tecnológicas
El caso de Sandra ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de proteger a los menores en internet. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayó ayer que “el espacio digital no puede ser un salvaje oeste donde se insulta y se amenaza impunemente” y reclamó a las grandes plataformas “valentía y responsabilidad” frente al ciberacoso.
Durante la presentación del informe elaborado por Red.es, UNICEF, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo de Colegios de Ingeniería Informática, Sánchez anunció que el Ejecutivo impulsará una ley de protección de la infancia en entornos digitales, que elevará la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales de 14 a 16 años y penalizará prácticas como el grooming o las deep fakes con menores.
En la misma línea, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reclamó semanas atrás controles más estrictos y propuso que los acosadores reincidentes pierdan el acceso a redes sociales hasta la mayoría de edad.
Otro caso en Córdoba hace saltar las alarmas
La conmoción por la muerte de Sandra Peña ha coincidido con una nueva investigación en La Guijarrosa (Córdoba), por un presunto caso de acoso escolar a un alumno de 13 años que tuvo que ser atendido por lesiones tras una agresión de un compañero.
La Junta de Andalucía ha activado los protocolos de acoso y ciberacoso, y la Guardia Civil ha abierto diligencias. El delegado de Desarrollo Educativo en Córdoba, Diego Copé, ha hecho un llamamiento a “intervenir como sociedad” para evitar que estas situaciones se repitan.
La familia de Sandra no quiere “venganza” sino justicia y reparación
Isaac Villar, tío de la víctima y portavoz de la familia, atiende a los medios ante la Fiscalía de Menores este miércoles en Sevilla. EFE/José Manuel Vidal
Mientras la investigación sigue su curso, la familia de Sandra Peña vive entre el dolor y la espera. Casi un mes después del suceso, no han recibido ningún contacto por parte del colegio, una ausencia que se suma a la incertidumbre judicial. Pese a todo, la familia insiste en mantener la confianza en la justicia y en las instituciones, convencidos de que el proceso servirá para evitar nuevos casos de acoso escolar. “El dolor sigue siendo inmenso”, admitía su tío, Isaac Villar, “pero no queremos venganza, queremos justicia. Lo que le pasó a Sandra no puede volver a ocurrir”.
Sus palabras resumen el propósito que guía a la familia desde el principio: transformar la pérdida en una llamada a la responsabilidad colectiva, para que ninguna otra adolescente quede atrapada en el silencio del acoso.
