El Juzgado de lo Penal 5 de Granada ha condenado a un subinspector de la Policía Local de la capital granadina a una pena de dos años y ocho meses de prisión por maltrato en el ámbito familiar. El agente ha sido declarado culpable de un delito de violencia física y psíquica habitual y otro de menoscabo psíquico contra la que fue su pareja sentimental. Este caso de violencia de género se remonta a 2017.
Además de esta condena, el subinspector enfrenta otros dos procesos judiciales de gran calado. Por un lado, el conocido como ‘Caso Viogén',en el que se le investiga, junto a varios compañeros del cuerpo, por un presunto delito de revelación y descubrimiento de secretos. La investigación se centra en el acceso no autorizado al sistema de protección de mujeres víctimas de violencia de género para obtener datos reservados. En estas diligencias, incluso el exjefe del cuerpo, José Manuel Jiménez Avilés, fue llamado a declarar.
Por otro, también estaría implicado en la causa sobre el ‘Amaño de Oposiciones’, donde se analiza su implicación en la presunta trama de amaño en los exámenes a empleo público convocadas por la propia Policía Local.
Detalles de la condena
Sin armas y sin poderse acercar a sus víctimas
Según la resolución judicial, el subinspector ha sido condenado a dos años de prisión por el delito de violencia habitual y a ocho meses de prisión por el menoscabo psíquico. Como penas accesorias, se le retira el derecho a tenencia y porte de armas durante tres años y se le impone la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima y de su hija mayor durante el mismo periodo. El agente fue absuelto del resto de los hechos por los que era acusado. Cabe señalar que la Fiscalía había solicitado inicialmente casi siete años de cárcel (seis años y diez meses), mientras que la acusación particular elevaba su petición a más de 15 años.
Un polémico nombramiento y una tardía rectificación
La condena se enmarca en un contexto de profunda controversia por un nombramiento que generó una gran polémica. A pesar de que el policía ya estaba siendo investigado por el caso Viogén, la alcaldesa, la popular Marifrán Carazo, lo nombró jefe de Estudios de la Escuela de la Policía Local de Granada. Inicialmente, el gobierno local defendió la legalidad de este ascenso, pero ante la presión social y política, acabó rectificando y el subinspector fue relegado a tareas de archivo.
