Las consecuencias de la crisis del cribado de cáncer de mama comienzan a hacer tambalear la ‘estabilidad’ política de la que hace gala el Gobierno de Juanma Moreno. Así se refleja en el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra) realizado del 17 al 28 de noviembre, que señala que el Ejecutivo popular se quedaría al límite de conservar su mayoría absoluta con una estimación de entre 53 y 55 escaños.
Aunque los populares se mantienen como primera fuerza, con el 40,2 % de los votos, se observa un leve retroceso con respecto a los datos recogidos en la encuesta anterior debido a la desconfianza ciudadana por la gestión sanitaria, una brecha que ha calado entre los ciudadanos que serán llamados a las urnas en junio del próximo año y que ha tensionado al Ejecutivo, además de abrir un frente judicial con varias investigaciones llevadas a cabo por Fiscalía. Según el CIS andaluz, el único partido que se beneficiaría de esta pérdida de apoyo al PP sería VOX, que crecería de forma clara llegando a obtener entre 19 y 22 diputados (ahora cuenta con 14 diputados en la Cámara andaluza).
Hay que recordar que actualmente aún se mantiene abierta la causa que estudia si hubo un posible “defectuoso funcionamiento” del SAS y una presunta dejación de funciones en relación al cribado de cáncer de mama, “errores” que afectaron (según cifras oficiales) a 2.317 mujeres que, pese a tener una mamografía con lesiones dudosas, no fueron requeridas para someterse a una segunda prueba con las que poder obtener un diagnóstico.
Un mapa electoral fragmentado
La posición de VOX, que según Centra podría hacerse con el 17,5 % de los sufragios, podría tener la llave que haga posible un próximo Gobierno conservador en la región. El ascenso de la formación de extrema derecha se produce en paralelo al desgaste del resto de partidos, incluido el PSOE, que caería hasta los 25-28 escaños, su peor resultado histórico en unas autonómicas andaluzas.
El barómetro no solo dibuja un mapa electoral más fragmentado, sino que pone cifras a una preocupación que se ha colado en el centro del debate público. La sanidad aparece como el principal problema para los andaluces (22,3 %), por delante del paro y del acceso a la vivienda, y un 84 % de los encuestados considera que la sanidad preventiva debería ser el primer destino de la inversión pública.
El sondeo constata así el posible impacto político de una crisis que comenzó como un “fallo administrativo” y ha acabado por convertirse en uno de los episodios más complicados para el Ejecutivo. La apertura de diligencias judiciales, el relevo en la Consejería de Salud y la tensión vivida en el Parlamento han situado la gestión sanitaria en el foco del escrutinio público, justo cuando Andalucía entra en un año preelectoral.
La respuesta del Gobierno: estabilidad frente a desgaste
Desde el Gobierno andaluz, la lectura del sondeo es muy distinta. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado este lunes que el barómetro confirma que Juanma Moreno es “garantía de estabilidad y moderación” y que en Andalucía “no hay alternativa posible” al actual Ejecutivo. Los datos, ha dicho, muestran “una vez más el apoyo ciudadano a la forma de hacer política del Gobierno andaluz”.
A juicio del consejero, el hecho de que su partido vuelva a rozar la mayoría absoluta supone “una gran responsabilidad” y un estímulo para seguir profundizando en la llamada “vía andaluza”, basada en el diálogo, el consenso, la moderación y las reformas, ha explicado. Sanz contrapuso este escenario al contexto nacional, marcado, dijo, por “la crispación, los agravios y los escándalos de corrupción” que afectan al Ejecutivo central.
El consejero destacó además que el barómetro refleja que el 83,9% de los andaluces está de acuerdo en destinar más recursos a la sanidad preventiva, un respaldo que vinculó con el incremento de 1.000 millones de euros en el presupuesto sanitario para 2026, que alcanzará una cifra histórica de 16.265 millones. “Hemos demostrado que cuando hay que afrontar situaciones complejas, tomamos decisiones, reconocemos errores y ponemos medidas sobre la mesa”, barruntaba.
El Ejecutivo, bajo lupa
A pocos meses de las próximas autonómicas, el PP conserva la primera posición, pero su margen de maniobra se estrecha al ritmo que la crisis sanitaria se instala en la conversación pública. Las protestas a las puertas de los hospitales, el malestar de las afectadas y la desconfianza hacia la gestión del cribado han erosionado uno de los principales activos del Gobierno de Juanma Moreno: la imagen de estabilidad.
Ni el refuerzo presupuestario, ni el aumento de personal, ni el anuncio de la implantación de la cita única han logrado, por ahora, cerrar una herida que sigue abierta. Lo que comenzó como un “fallo administrativo” amenaza con traducirse en un coste político tangible, capaz de alterar la aritmética parlamentaria y de condicionar un escenario electoral que hasta hace poco parecía despejado para el PP andaluz.
