La Fiscalía Jurídico Militar ha pedido ocho años de prisión para el capitán Zúñiga y cinco para el teniente Tato por la muerte del soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla), y del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, de Adamuz (Córdoba), fallecidos durante unas maniobras realizadas el 21 de diciembre de 2023 en la base militar de Cerro Muriano, en Córdoba.
El escrito de acusación sitúa la responsabilidad en el diseño, preparación y ejecución de un ejercicio de “paso de río” incluido en las maniobras ALFA, desarrollado en condiciones que la Fiscalía califica de improvisadas y carentes de las medidas de seguridad necesarias. El capitán Zúñiga, jefe de la compañía en periodo básico de instrucción y responsable de la actividad, actuó, según el fiscal, bajo un criterio personal, sin comunicar a sus superiores cómo se iba a desarrollar el ejercicio ni los riesgos asociados.
La práctica consistía en cruzar a nado el pantano desde una orilla a otra con el uniforme completo, fusil de asalto, casco y mochila de combate, que debía servir como elemento de flotabilidad. Durante el ejercicio se dispuso una cuerda que fue presentada a los soldados como cuerda guía y no como línea de vida, con la indicación expresa de no sujetarse a ella salvo en caso de necesidad.
Sin instrucciones claras
La Fiscalía subraya que no hubo instrucciones claras y precisas, lo que provocó que “el desorden se produjera de manera inmediata”. Los militares tuvieron dificultades para avanzar sobre un fondo fangoso y con ramas, en un agua cuya temperatura rondaba los ocho grados. Según el relato judicial, las mochilas de muchos soldados no garantizaban la flotabilidad, algunos compañeros se adelantaban a otros y apenas se distinguían las cabezas que subían y bajaban en el agua. Se escucharon gritos de auxilio, mientras algunos soldados se sujetaban entre ellos o buscaban agarrarse a la cuerda, que llegó a perder tensión e incluso a quedar sumergida.
El escrito también atribuye responsabilidad al teniente Tato, conocedor del diseño del ejercicio y de que se trataba de una práctica de flotabilidad, por no ordenar comprobaciones previas sobre la estanqueidad de las mochilas ni evitar que su sección portara una mina de instrucción de más de tres kilos, lo que dificultó aún más mantenerse a flote.
Sin atención sanitaria inmediata
A las deficiencias en la planificación y ejecución se sumó la falta de apoyo sanitario inmediato. Ese día no había una ambulancia en las inmediaciones del pantano, circunstancia que había sido comunicada al capitán la noche anterior y reiterada la misma mañana, al coincidir la actividad con un ejercicio de tiro. Tras detectarse la desaparición de uno de los militares, la ambulancia tardó nueve minutos en llegar, y no se advirtió la ausencia del soldado Carlos León hasta que se realizó un recuento de personal en una zona situada a unos 500 metros del embalse.
Además de las dos muertes, dos soldados tuvieron que ser atendidos por hipotermia, uno de ellos en estado de inconsciencia. Los cuerpos del cabo Jiménez y del soldado León fueron localizados sumergidos y recuperados por el Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil. Las autopsias determinaron que la causa de la muerte en ambos casos fue un síndrome anóxico por sumersión.
La Fiscalía no aprecia responsabilidad penal en la actuación de un teniente coronel y un comandante también procesados inicialmente, para quienes solicita la libre absolución, y reclama una indemnización conjunta de 422.174,40 euros para los familiares de las víctimas, siendo el Estado responsable civil subsidiario. Las familias han anunciado su intención de solicitar penas más elevadas a lo largo del procedimiento judicial.
