Las Claves
- Los abogados de Juan David R.C. piden invalidar el registro de su vivienda en Garrucha por vulnerar sus derechos fundamentales durante la inspección.
- El letrado Manuel Martínez Amate solicita retirar diecisiete pruebas obtenidas sin la presencia del investigado ni de su representante legal correspondiente.
- La defensa alega indefensión material absoluta debido a la colisión de intereses con la madre del menor, también imputada en el proceso.
- Trasladan al encausado desde El Acebuche hasta la prisión de Albolote en Granada tras recibir amenazas de muerte y un intento de agresión.
Los abogados de Juan David R.C., el varón encausado por el presunto homicidio del niño de cuatro años de Garrucha (Almería) a principios de diciembre, han reclamado al juzgado de instrucción la invalidez de la entrada y registro en su vivienda, sosteniendo que se ejecutó con infracción de sus derechos fundamentales.
De acuerdo con el documento remitido por su letrado, Manuel Martínez Amate, la inspección se efectuó “a espaldas” del sujeto investigado, dado que no se hallaba en el lugar ni se le brindó la oportunidad de desistir de su prerrogativa de comparecencia, a pesar de que ya estaba bajo custodia de la Guardia Civil. Por tal razón, la defensa pide que se retiren del proceso las 17 pruebas, pertenencias y rastros decomisados durante la actuación, particularmente los hallados en el cuarto común de la casa.
La inspección se efectuó a las 17:15 horas del 4 de diciembre, contando solamente con la asistencia de la madre del menor, quien también figura como imputada en el proceso, y de su defensora. El abogado afirma que tal situación origina una “evidente colisión de intereses” entre los dos co-investigados, al estimar que sus planteamientos de defensa resultan contradictorios.
Abogado alega indefensión material absoluta
Dentro de su documento, el letrado puntualiza que la inspección de la vivienda debe ejecutarse ante el afectado o su representante legal, circunstancia que, según su parecer, no se cumplió en esta ocasión. Resalta además que la incomparecencia del encausado le habría generado una “indefensión material absoluta”, puesto que la madre del niño no podía asegurar sus facultades jurídicas al existir un conflicto de intereses evidente.
La parte defensora consolida sus alegatos tras la última resolución de inhibición del magistrado, que traslada una fracción de la causa a la instancia competente en violencia de género. Según el letrado, tal fallo judicial evidencia de manera “irrefutable” la falta de armonía entre las dos posturas y torna “jurídicamente insostenible” que un individuo considerado víctima de maltrato logre velar por los derechos del presunto agresor.
Conducción del encausado a la prisión de Albolote, en Granada.
Juan David R.C., quien se halla en detención preventiva por un supuesto cargo de asesinato, ha sido movilizado hace poco desde el establecimiento penitenciario de El Acebuche, en Almería, hasta la prisión de Albolote, en Granada.
La transferencia se pactó luego de que sus representantes legales pidieran protocolos de seguridad debido a la preocupación por su bienestar personal. A través de una instancia registrada el último 22 de diciembre, el defensor avisó que el procesado había recibido advertencias de fallecimiento explícitas así como una tentativa de ataque colectivo, que pudo frenarse por la actuación de un recluso distinto.
A pesar de haber sido movido a una sección distinta, sus abogados juzgaron que la disposición no bastaba, pues permanecía vulnerable ante otros internos que sabían su nombre y los cargos señalados, entre los que figura un supuesto abuso sexual al niño. Debido a este contexto, Instituciones Penitenciarias determinó su envío a una cárcel de los alrededores, movimiento que terminó efectuándose en Granada.