Agentes de la Guardia Civil de Fraga (provincia de Huesca) han desarticulado un grupo de empleadores que llevaban años explotando laboralmente a temporeros extranjeros, la mayoría en situación irregular.
El operativo se ha saldado con tres personas detenidas y otras tres investigadas como presuntas autoras de delitos contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, coacciones y amenazas. Son cinco varones y una mujer, con edades comprendidas entre los 25 y los 50 años y todos vecinos de la comarca del Bajo Cinca, próxima a Lleida.
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Según ha informado la Comandancia de Huesca, los primeros indicios del delito se obtuvieron el pasado mes de marzo, en el marco de las diferentes inspecciones llevadas a cabo por efectivos de la Guardia Civil con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Huesca.
A lo largo de los meses de abril hasta principios de este mes de mayo se han recibido diferentes denuncias que referían que las víctimas afectadas llevaban un largo periodo de tiempo en los que eran explotadas laboralmente, no habiendo denunciado con anterioridad por miedo a las represalias.
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Las víctimas no habían denunciado por miedo a represalias
El modus operandi de la red les llevaba a captar a sus víctimas a través de redes sociales, donde primaban “su especial situación de necesidad”. Por ello, los empleadores ofrecían unas condiciones laborales que no se ajustaban a la realidad, ni en jornada de trabajo, horas o salario.
En un buen número de casos se trataba de extranjeros en situación irregular en España, a los que se les prometía que, tras pasar un tiempo trabajando para la empresa, sus empleadores les conseguirían la documentación para residir y poder trabajar legalmente en territorio nacional. Con el paso de los años, cuando las víctimas insistían en regularizar su situación, eran despedidos.
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Las condiciones de trabajo de las víctimas eran muy precarias, al hacerlo sin contrato todos los días de la semana, recibiendo un “salario ínfimo”, mucho menor que un profesional en el mismo ámbito. Así mismo, les ofrecían condiciones de alojamiento pésimas que además tenían que abonar como parte de su sueldo, alojándolos en un antiguo edificio abandonado y viviendo en condiciones insalubres, todo ello bajo constante presión de trabajar más rápido.
Dentro de las averiguaciones realizadas, se puso de manifiesto el bajo número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social para la alta actividad real de la empresa.
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Las condiciones de las víctimas eran muy precarias, con un salario ínfimo y condiciones de alojamiento pésimas
Con la información recabada, la autoridad judicial autorizó la entrada y registro. Dada la situación de las víctimas, los agentes requirieron la colaboración de los servicios sociales de la comarca del Bajo Cinca, facilitando alojamiento y manutención a parte de los afectados, así como el apoyo y asesoramiento acerca de su situación irregular en España.
El puesto de la Guardia Civil de Fraga instruyó las correspondientes diligencias que junto con los detenidos fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de Fraga, quedando los detenidos en libertad con cargos.
