La investigación policial ha determinado que el incendio registrado el pasado viernes en un centro de menores extranjeros no acompañados de Teruel fue presuntamente provocado de forma intencionada por un menor tutelado por la Generalitat que residía en el centro. El fiscal ha dictado para el joven medidas cautelaras de internamiento en régimen cerrado en un centro de Zaragoza hasta que se celebre el juicio.
La consejera aragonesa de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, junto al consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro. (Fabian Simon)
Según la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, el chaval llegó en mayo al centro turolense por voluntad propia. Una vez allí, los servicios aragoneses requirieron al servicio de menores de Lleida, dependiente de la Generalitat, que acudieran a por él y lo trasladaran a su comunidad, que ostenta su tutela legal. “Pero no mostraron disposición de ir a Teruel a recogerlo”, ha añadido.
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Por eso, cuando haya sentencia firme, el Ejecutivo aragonés va a requerir el traslado del menor a Catalunya y reclamará a la Generalitat que sufrague los gastos de la reparación del centro turolense –todavía sin valorar- y el importe de la responsabilidad civil que se derive del caso.
El incendio del viernes provocó graves daños en el inmueble, en pleno centro de Teruel, y el ingreso hospitalario de dos educadores presentes en las instalaciones: uno recibió el alta a las pocas horas y la otra, más grave, permaneció un par de días en la uci antes de pasar a planta, donde está a la espera de recibir el alta médica. Además, los nueve menores que residían en el centro fueron interrogados por la Policía Nacional antes de ser reubicados en otros centros, momento en el que dos de ellos desaparecieron durante un rato –“se fueron a dar una vuelta”, ha aclarado Susín- antes de regresar por su propia voluntad.
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Desde el Ejecutivo aragonés también ha insistido en que el sistema de protección de menores en la comunidad se está viendo desbordado por la llegada de jóvenes con perfiles que requieren medidas propias de los sistemas de reforma.
“Hay perfiles complejos para los que las comunidades no tenemos herramientas suficientes, con menores que son más propios de un proceso de reforma que de protección”, ha apuntado la consejera, que no especificó el número o tipología de casos de este tipo que hay en su comunidad o los recursos que serían necesarios para su atención.
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A su juicio, la ley de Infancia es “proteccionista” y no responde a las necesidades que pueden tener las comunidades con determinados perfiles. “Es muy complejo que un menor entre en un centro de reforma”, ha apostillado.
En esta línea, Susín ha acusado al Gobierno centrar de generar este problema y “jugar” con la política de puertas abiertas y el efecto llamada “para acrecentar el malestar social”, por lo que ha reiterado que es el Ejecutivo nacional quien debe hacerse cargo de de estos menores más problemáticos “con sus medios, centros y herramientas” “Las comunidades no estamos preparadas para trabajar con este perfil de chavales”, ha incidido.
