Un médico cobra 110.000 euros en horas extra al servicio público de salud sin poder justificar el 37,5% del tiempo de trabajado

Sucesos

El juzgado sigue recopilando pruebas para determinar el alcance del posible perjuicio económico al sistema público de salud aragonés

Imagen de archivo de un médico

El facultativo está siendo investigado

ARCHIVO / Europa Press

Un médico habría cobrado unos 110.000 euros por horas de atención continuada no trabajadas. El Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza ha abierto una investigación por este presunto fraude al Servicio Aragonés de Salud cometido por el profesional.

El facultativo, identificado como S. L. A., habría cargado a su sector sanitario un total de 13.005 horas entre 2018 y el primer semestre de 2022, tal y como informa el Heraldo de Aragón esta semana.

El facultativo percibió 110.300,63 euros por jornadas de guardia y acumulaciones de consultas

El Servicio Aragonés de Salud ha aportado la documentación a la causa, la cual desvela que en 4.875 de esas horas no consta que el profesional realizara ningún tipo de asistencia a pacientes en el centro médico.

A pesar de este detalle, el facultativo percibió por las horas extra un total de 110.300,63 euros, siendo estas horas registradas como jornadas de guardia y acumulaciones de consultas. 

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Un agente de los Mossos d'Esquadra durante el dispositivo de Mossos para el GP de F1, 30 de mayo de 2025, en Montmeló, Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d'Esquadra han desplegado un dispositivo que llega a los 620 agentes desde hoy hasta el domingo, 1 de junio para el Gran Premio de Fórmula 1 en el Circuit de Catalunya de Montmeló (Barcelona), con el objetivo de garantizar la seguridad en las inmediaciones y en su interior, así como la movilidad de su entorno en coordinación con el Servei Català de Trànsit (SCT). En total, Mossos cifra en 58.000 las personas que pueden visitar el circuito hoy, pero el número puede ascender hasta los 125.000 que lleguen el próximo domingo.

Por el momento, la causa permanece en fase de instrucción y se busca esclarecer si existió una conducta delictiva por parte del profesional. El juzgado sigue recopilando pruebas para determinar el alcance del posible perjuicio económico al sistema público de salud aragonés.

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