Primeras condenas por el caso de corrupción del Consell Esportiu de l’Hospitalet. Dos exconcejales del PSC de la segunda ciudad de Catalunya, Cristian Alcázar y Cris Plaza, han aceptado este martes nueve meses de cárcel tras un acuerdo entre la defensa y la acusación en una pieza separada de la causa judicial principal. Ambas partes discrepan en la posible influencia que esto pueda tener en el resto del caso.
Como Alcázar y Plaza no tienen antecedentes, no ingresarán en prisión. Ahora bien, han aceptado delitos de apropiación indebida y contra la Seguridad Social. En esta pieza se investigaba si Alcázar, en el año 2016 en calidad de presidente del Consell Esportiu como concejal de Deportes del Ayuntamiento, simuló una indemnización por despido de Plaza como director del ente, que no tiene una vinculación orgánica con el Consistorio pero que recibe cuantiosas subvenciones municipales y hasta seis de los doce miembros de su comisión directiva son designados por el Ayuntamiento.
Cris Plaza saliendo de la audiencia provincial este martes
Los acusados han devuelto el dinero de aquella operación. Concretamente, 47.147 euros de la indemnización y 6.486,96 que Plaza cobró de paro. Un hecho que se ha tenido en cuenta como reparación del daño.
El acuerdo se ha comunicado de viva voz en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona y los acusados lo han aceptado ante del tribunal. El Ministerio Fiscal pedía cuatro años y medio de cárcel y la acusación popular, ejercida por l’Hospitalet en Comú Podem, seis. Finalmente, se ha retirado la acusación de malversación, que podía alargar todo el proceso.
“Lo importante es que han reconocido los hechos”, ha destacado el abogado de la acusación particular, Enrique Leiva. Por su parte, Jaume Graells, que denunció el caso cuando todavía estaba en el PSC y ahora es el portavoz de ERC en el Ayuntamiento, ha remarcado que lo que su antiguo partido tachaba de “simples irregularidades” de momento ya ha implicado “reconocimiento de nueve meses de cárcel”. Como en otras ocasiones, ha explicado que “se sintió solo” sin acompañamiento de su antiguo partido cuando denunció el caso.
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Según la defensa, representada por Martell Abogados, los ahora condenados “asumen la responsabilidad conscientes de que la documentación formal no era la correcta” y que el cese de Plaza “no se pasó por la comisión directiva ni por asamblea por un decoro mal entendido”.
Ahora bien, en su opinión, lo que se llevó a cabo fue una amortización triangular del puesto de Plaza que está permitida por jurisprudencia y no había intención de ocultarla. No se contrató a nadie en su lugar y la persona que en 2017 fue fichada como director del Consell desempeñaba funciones propias de otro cargo, han alegado.
Defensa y acusación discrepan de la repercusión del acuerdo en el resto del caso
La acusación popular y la defensa discrepan en si el acuerdo de este martes puede tener influencia o no en el resto del caso, en el que hay una veintena de personas investigadas y en el que se indagan delitos como falsedad documental, falsedad de documentación oficial y apropiación indebida. Mientras la defensa ejercida por Cristóbal Martell sostiene que “no afectará de ninguna manera”, la acusación pone en relieve que los implicados han reconocido hechos delictivos y que eso “destila” repercusiones en la causa principal.
Sea como sea, la otra vertiente del caso Consell Esportiu tardará en resolverse, ha reconocido Leiva, que no se ha atrevido a poner una fecha. Según el abogado de la acusación popular, está en manos del juzgado de instrucción número 2 de l’Hospitalet y necesita más recursos humanos para ayudar a la juez Beatriz Faura, que también se encargó del caso Mercurio. En este sentido, Leiva ha avanzado que intentarán que otras ramificaciones del caso también sean juzgadas como piezas separadas para agilizar el proceso.
La oposición reclama transparencia y que los implicados pidan disculpas
Los partidos políticos de la oposición al gobierno del PSC en l'Hospitalet de Llobregat han reaccionado a las primeras condenas por el caso Consell Esportiu asegurando que las sospechas de corrupción quedan acreditadas. Además de las declaraciones de su portavoz a las puertas de la audiencia provincial, ERC+EUiA ha enviado un comunicado reclamando que los culpables “pidan disculpas” ante la ciudadanía de l'Hospitalet.
Por su parte, el PP reclama transparencia. "Exigimos a Núria Marín, exalcaldesa de l’Hospitalet, las explicaciones
públicas que nunca llegó a dar, por lo que, teniendo en cuenta lo que ahora que se ha confirmado, pedimos
transparencia a David Quirós, y que rinda cuenta ante los ciudadanos”, ha dicho su portavoz, Sonia Esplugas.
Por otro lado, L'Hospitalet en Comú Podem, que ejerce de acusación popular, ha remarcado que su primer objetivo era la “devolución de los fondos sustraídos, objetivo que se ha conseguido íntegramente”. Para ellos, “se abre paso” para la instrucción principal.
