En los últimos dos años, Sonia Rojas, su marido y sus dos hijos han cambiado cuatro veces de casa o, mejor dicho, de habitación.La familia de Sonia, procedente de Colombia, encaja a la perfección en el perfil mayoritario de personas atendidas por Càritas Diocesana de Barcelona en el último año: el 56% son inmigrantes en situación administrativa irregular y el 40% de los hogares se sitúan en un cuarto realquilado. La entidad ha avanzado esta mañana algunos datos relativos a la vivienda del próximo informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social, que presentará en base a 602 encuentas realizadas en Catalunya a finales del 2025.
Sonia y los suyos aterrizaron en Barcelona en diciembre del 2022 y se instalaron en una habitación hasta que la propietaria los echó. Una vecina del barrio, en Cornellà, los acogió en el salón de su piso. Su último habitáculo es como una camarote de barco, con dos literas, explica Sonia. Ella trabaja cuidando a personas mayores y su marido hace lo que sale, mudanzas, reformas...
Càritas plantea movilizar las viviendas vacías y recuperar los pisos turísticos sin licencia
Càritas recuerda que a pesar de que los niveles de ocupación han mejorado, el encarecimiento del alquiler obliga a las familias a destinar un porcentaje muy importante de sus ingresos a pagar la vivienda. En Barcelona, el precio se situó en 926,88 euros mensuales en el tercer trimestre del 2024.
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Càritas subraya que el 26,6% de la población del ámbito de la Diócesis de Barcelona, donde viven 2,7 millones de personas, tiene dificultades para acceder y mantener una casa; en el caso de las familias con hijos este porcentaje sube hasta el 41%. La carga de estos gastos relegan al 15% de los habitantes de esta área a una situación de pobreza extrema, según alerta Càritas.
Todos estos escollos llevan a un 16% de la población a residir en viviendas inadecuadas: “espacios insalubres, hacinados, sin luz natural, sin acceso a suministros, sin espacio suficiente para tener una mínima intimidad...”
La entidad proporcionó, en el 2023, un total de 1,3 millones de euros en ayudas económicas para satisfacer gastos relacionados con la vivienda a 1.300 hogares. Aún así, el 74% de las familias a las que presta apoyo no dispone de una vivienda digna.
Càritas reivindica que la Generalitat y los gobiernos locales pongan en marcha las medidas necesarias para incrementar el parque de alquiler social, que ahora representa solo el 1,7% del total de viviendas principales de Catalunya, el 1,8% del área metropolitana y el 1,9% de la ciudad de Barcelona, mientras que la media europea se sitúa en el 8%, según datos del Observatori Metropolità de l’Habitatge. Para ello plantean movilizar los pisos vacíos y recuperar los turísticos sin licencia, entre otras medidas.
Otro tema de preocupación es el incremento de personas que pernoctan a la intemperie. La demanda es dar un empuje a la tramitación y aprobación parlamentaria de la ley de medidas transitorias y urgentes para erradicar el sinhogarismo.
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