La sequía sigue, aunque no lo parezca. Las lluvias de los últimos meses han dado un alivio y alejado las restricciones severas. La situación ha mejorado, la hídrica, pero también la administrativa. Los municipios que consumieron más de lo permitido durante la fase de emergencia, según dispuso en su día el Govern de Pere Aragonès, no serán multados por ello. Y los que ya han pagado las sanciones, una treintena hasta la fecha, podrán reclamar su devolución si aún no lo han hecho. El Ejecutivo de Salvador Illa aprobó este lunes un Decreto Ley mediante el que todos los procesos iniciados y/o en trámite, 351 en total, decaen. Tampoco habrá nuevas multas.
Este cambio en la respuesta a la emergencia hídrica derogando el régimen sancionador a las administraciones locales por malgasto de agua era esperado. Las multas a los municipios no fueron del agrado del PSC cuando estaba en la oposición y ahora que gobierna ha decidido revertir la medida. La razón esgrimida por Illa es que si hubo ayuntamientos que rebasaron los máximos de consumo fijados no fue porque no quisieran cumplir esos límites sino porque no pudieron hacerlo. “Los ayuntamientos no tenían la voluntad manifiesta de incumplir la ley, sino imposibilidad por falta de recursos”, dijo el president tras la reunión del Govern. “Y la solución –señaló– no es poner multas, es poner recursos. Esto es lo que hemos hecho. Cuando un ayuntamiento tiene dificultades económicas u organizativas, lo que se debe hacer es ayudarle”.
Nada más abrirse los primeros expedientes sancionadores los ayuntamientos afectados alegaron diferentes causas para explicar sus incumplimientos. Los hubo que no informaron del nivel de la dotación de agua que consumían. Otros sí. Dijeron que no tenían todo el instrumental para medir los consumos, que carecían de personal para efectuar el control, en no pocos casos se culpó del malgasto a las numerosas fugas en las redes de distribución debido al mal estado de las conducciones, la mayoría soterradas y pendientes de costosas obras para localidades pequeñas... Hay estudios que cifran que se pierde así una cuarta parte del agua potable en plena sequía. Y hay casos extremos, donde se echa a perder nada más y nada menos que la mitad.
En febrero, con la posibilidad de imponer multas que iban desde 500 hasta 150.000 euros en los casos más graves, casi el 40% de los 202 municipios que estaban en estado de emergencia por la sequía en la región de Barcelona y en Girona (los territorios servidos por el Ter y el Llobregat en los que residen seis millones de habitantes, casi el 80% de la población catalana) superaba la dotación de agua establecida por la Generalitat de consumo máximo de 200 litros de agua por persona y día. En una primera etapa, se abrieron 147 expedientes sancionadores a ayuntamientos incumplidores y a partir de abril, cuando se suavizaron las restricciones, otros 204.
Aquellos primeros días de febrero se supo, por ejemplo, que en Vilobí del Penedès se consumían 485 litros por persona y día, 407 en Canyelles, 356 en Cubelles... Y la situación en las comarcas de Girona era peor: 599 en Pont de Molins, 566 en Palau de Santa Eulàlia y en Port de la Selva o 487 en Garrigàs. Luego se dieron a conocer otros muchos.
Illa: “Los ayuntamientos no tenían la voluntad manifiesta de incumplir la ley, sino imposibilidad por falta de recursos”
La Agència Catalana de l’Aigua (ACA) cifró en agosto que las sanciones sumaban un importe total 1,2 millones de euros. La treintena de municipios que hasta ahora ya las han abonado, la mayoría por infracciones leves (entre 500 y 1000 euros), si han presentado recurso, en la mayoría de casos se ha estimado y se les ha devuelto el dinero. Y los que aún no lo han hecho, pueden hacerlo, aseguraron fuentes del departamento de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
La derogación del régimen sancionador aprobada por el Govern de Illa no es del agrado de grupos ecologistas y, en el plano político, tampoco gusta a los comunes, con quienes los socialistas negocian los presupuestos de la Generalitat del 2025.
Entre las localidades multadas se encuentran Matadepera, que recibió una sanción de 50.000 euros (reducida a 12.000 euros), Sitges y Begur (ambas de 50.000 euros), Caldes de Malavella (24.000 euros), Palau-saverdera (18.000 euros) o Alella (4.500 euros).
Para acometer las mejoras reclamadas por los municipios, tanto de infraestructuras como técnicas, la ACA ha movilizado 130 millones de euros en ayudas que llegan a 705 corporaciones o entes locales. Los ayuntamientos tienen hasta octubre de 2025 para ejecutar las actuaciones aprobadas. La mayoría está en fase de redacción y/o licitación de los proyectos y algunas ya han iniciado las obras. Aún no hay datos sobre los niveles de ejecución.
Las ayudas en el ámbito municipal, abundó Illa, comportan “ahorros importantes” en el consumo de agua. El president auguró que cuando estén en marcha todas las infraestructuras hídricas “todavía habrá más ahorros”. Otro elemento que convence al Ejecutivo socialista de que los ayuntamientos están por la labor es que se ha multiplicado por cinco los que disponen de una ordenanza de ahorro de agua. En el último año se ha pasado de 57 a 315.
Un total de 16 municipios siguen en emergencia, 130 en excepcionalidad y 396 en alerta
No hay restricciones en el consumo a la vista pero el estado de los embalses no es el deseable. Según los últimos datos publicados este lunes, las reservas en las cuencas internas catalanas eran del 33,87%. Son claramente más que en los peores momentos de la sequía, cuando bajaron del 16% que marca en cambio de fase, pero sensiblemente por debajo –un 19,21%– de la media de los últimos cinco años. Todavía hay 16 municipios en emergencia, en la cuenca del Muga, 130 en excepcionalidad y 396 en alerta. Sólo 36 se encuentran en situación de normalidad y 52, en prealerta.
Agricultura
67 millones para paliar los efectos de la sequia
El departamento de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació efectuará este viernes –el compromiso era hacerlo antes de final de año– el pago de 67 millones de euros de ayudas destinadas a las explotaciones agrarias para revertir la situación de un sector primario afectado por la sequía y el conflicto bélico en Ucrania. El conseller Òscar Ordeig valoró ayer “muy positivamente” la gestión de estas ayudas, que se han tramitado de oficio, sin que los solicitantes tuvieran que realizar ningún trámite, y que ayudarán a 24.482 ganaderos en una superficie de 351.989 hectáreas. Las comarcas con más expedientes otorgados son el Baix Ebre (2.216), la Noguera (1.729) y las Garrigues (1.573), mientras que las que recibirán más financiación son el Alt Penedès (6,6 millones), la Segarra (4,8 millones) y la Noguera (4,4 millones).
El objetivo de las ayudas es compensar a las explotaciones agrarias ante la sequía persistente y el incremento de costes experimentado en 2024 y el agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania. Gran parte de las superficies beneficiadas son de cereales de invierno, oleaginosas y leguminosas en determinadas comarcas y municipios (29 millones), las de viñedo (18,3 millones) y las de olivo (13,9 millones).
