Más vale tarde que nunca. Las administraciones, por fin, han escuchado el clamor de situar en el epicentro del gobierno las políticas de vivienda. El abismo de un estallido social o de un coste partidista inasumible para quienes nos gobiernan ha sido determinante.
Las acciones a promover no han de ser meros escaparates sin pisos que ofertar o simples actuaciones gobernativas de fachada sin contenidos reales, cronogramas y presupuestos. Han de ser múltiples y en todas direcciones. Desde la coordinación de los actores públicos, a su colaboración con el privado (promotores, fondos y propietarios).
La propiedad privada no es la culpable de la carestía ni de las carencias habitacionales y no se la puede responsabilizar del incumplimiento administrativo de la obligación de construir vivienda. A las regulaciones excesivas del mercado, a las restricciones legales urbanísticas y a la desidia pública debe sucederles una serie de medidas. Individualmente adoptadas serán ineficaces, pero aplicadas en su conjunto, la suma sí tendrá un efecto multiplicador.
Si no se afrontan las soluciones desde el todo, el solo una parte hará perdurar el problema
El incremento de la oferta construyendo promociones públicas de alquiler es esencial. También los cambios legislativos para agilizar las concesiones de licencias de obras o la aprobación de los planes urbanísticos. Una licencia tarda en concederse unos doce meses, cuando la ley establece un plazo de tres. Se tarda más tiempo en permisos previos y ocupaciones posteriores que en construir la vivienda.
Es capital la seguridad jurídica al propietario ante okupas y arrendatarios morosos para que no opte por vender su vivienda o mutar el alquiler residencial por el turístico o de alojamiento temporal. Defendamos la propiedad y actuemos contra el intruso.
En la ciudad de Barcelona, aún hay encaje para construir hasta 70.000 viviendas a mitades entre lo público y lo privado, en la Sagrera y la Marina del Prat Vermell, por ejemplo. Sobran compras municipales, casas Orsola, caras, a destiempo y con agravios a los demasiados vecinos con elevados alquileres y para las 40.300 familias en lista de espera de un piso de protección y a las que el Ayuntamiento ignora. Barcelona acumula durante lustros una treintena de solares públicos en los que podrían haberse construido hasta 4.000 pisos sociales. Y no todo ha de ser nuevo. La rehabilitación es imprescindible, y más en nuestra ciudad, con un amplio parque de vivienda que supera el medio siglo.
Pónganse manos a la obra. Deben derogarse medidas ineficaces como la cesión del 30%. Se aprobó esta medida en el 2018 y, de los 300 pisos sociales a obtener al año, solo han sido 26 en seis años. Levántense moratorias hoteleras y déjese de hacer demagogia con expropiaciones de pisos turísticos sin cobertura legal o con indemnizaciones millonarias inasumibles para las arcas municipales.
La carestía es una adversidad a paliar desde el incremento de oferta de suelo, con normativas administrativas diligentes y una fiscalidad favorable. ¿Por qué no reducir precios, además de una mayor oferta, con una fiscalidad menor? El 25% del coste de construir son tributos. Redúzcanse, junto a los del adquirente, y aplíquense bonificaciones y desgravaciones para arrendadores y arrendatarios.
A la imperiosa necesidad de vivienda para los jóvenes y colectivos vulnerables, debe adicionarse la sensibilidad para promover las residencias, centros de día o pisos tutelados para nuestros mayores y las personas con discapacidad. Precisan también de estos techos o equipamientos sociales. Si no se afrontan las soluciones desde el todo, el solo una parte hará perdurar el problema. Hay que dar la batalla por la vivienda sin cuartel y ganarla.