El barrio de la Mariola, en Lleida, ha sido el último escenario en Catalunya de una violencia callejera canalizada contra la policía y que desde hace un tiempo se viene repitiendo en otras ciudades. Antes que en las calles de la capital del Segrià, los contenedores ardieron en Mataró, Salt o Girona. Altercados callejeros que aparentemente surgieron de manera espontánea tras un primer conflicto que pasó a un segundo plano y que crecieron abonados por una violencia que va en aumento en algunos barrios.
El enfrentamiento callejero contra la policía, ahora contra los Mossos d’Esquadra y las policías municipales, no es nuevo. Los que tienen memoria o una cierta edad recuerdan las dos décadas con disturbios y cargas policiales que se sucedieron en la ciudad de Barcelona entre finales de noviembre de 1996, a raíz del desalojo del cine Princesa, y hasta los incidentes del Banc Expropiat. Aquellas algaradas nocturnas duraban días, se quemaban decenas de contenedores, no quedaba un escaparate a salvo y sobre la primera línea de los antidisturbios volaban los adoquines. “De alguna manera lo que ahora está pasando me recuerda a aquellas protestas de los grupos antisistema herederos de la izquierda radical”, afirma el catedrático de Psicología de la Violencia de la Universitat de Barcelona, Antonio Andrés Pueyo.
Las denuncias por atentados contra los agentes de la autoridad están creciendo
Sin tener más datos que los que se conocen a través de los medios de comunicación, advierte de antemano, el especialista asegura que los jóvenes inmigrantes o de segunda generación son los que han tomado el relevo en las calles protagonizando las nuevas protestas. Pero sin la intensidad ni la violencia de sus antecesores. Y sí reproduciendo el patrón de canalizar mediante la violencia un malestar contra el representante en las calles de ese sistema que ellos entiende que les defrauda: la policía.
Un dato objetivo que evidencia esa canalización del malestar contra los uniformados es el incremento de las denuncias por atentado contra agentes de la autoridad. La consellera Nùria Parlon, en una respuesta parlamentaria a Vox, detalló recientemente que fueron 2.550 los ataques el año pasado. De este 2025 solo se conocen los datos de enero, cuando se contabilizaron 223 ataques.
A estos ataques hizo referencia el comisario Sergi Pla durante su reciente intervención en el acto de las Esquadres de la región Metropolitana Nord. “No estamos obligados a dejarnos pegar, ya basta. Somos el escudo de la sociedad para defenderla de los violentos, no tenemos que dejarnos pegar, no estamos diseñados para aguantar golpes”, advirtió. Y añadió que “pegar a un policía es delito y no puede salir gratis; quien pegue a un policía tiene que pagar”.
Los últimos altercados, por lo menos hasta ahora, son de corto recorrido. Según los responsables policiales, basta la aparición de los equipos de la brigada móvil, con dos furgonetas, para restablecer el orden en pocas noches.
Los escenarios en los que se han producido los últimos conflictos tienen un denominador común: se trata de barrios con problemas, donde abundan la desigualdad y las dificultades económicas y sociales. Un contexto complejo con muchos elementos de riesgo en los que es fácil que se encienda y propague con rapidez la mecha. Barrios también en los que, advierte el catedrático, la gran mayoría de sus vecinos sobrevive honestamente y con esfuerzo, que se mantienen al margen de los disturbios y exigen seguridad. En Salt, en la Mariola, en la Font de la Pòlvora o en Cerdanyola de Mataró hay problemas de vivienda y desempleo, pero como en la mayoría de los barrios catalanes.
La radiografía de esos altercados muestra un denominador común: los que se enfrentan desde la primera línea a la policía son en su mayoría adolescentes de muy corta edad. En algunos casos, como en el barrio mataronés de Cerdanyola, algunos de los detenidos acababan de cumplir los 13 años.
“Ninguno de los arrestados menores de edad sabía exactamente por qué quemaba contenedores ni lanzaba piedras a la policía. El desencadenante ya no era importante”, aseguran fuentes policiales. De hecho, en Mataró, tanto el Consistorio como los responsables policiales son críticos con la actuación del Sindicat d’Habitatge, cuyas portavoces acusaron a los Mossos de causar los disturbios con su presencia “provocadora” en las calles.
Ese malestar, esa violencia que se focaliza contra la policía por lo que significa, está muy presente en el día a día de algunos de los protagonistas de esos disturbios. Uno de los detenidos en el barrio de Cerdanyola fue arrestado cuatro semanas antes por ser uno de los cuatro adolescentes que presuntamente propinaron una paliza a un menor de Mataró a las puertas de un colegio. Agresión que grabaron y difundieron.
Trapero advierte a los violentos de que no hay espacio en las calles para la impunidad
La escalada de violencia en determinados barrios preocupa a Interior y a la jefatura de la policía catalana. Los sindicatos policiales fueron los primeros en alzar la voz para denunciar “indefensión” ante una situación que aseguran está fuera de control y en la que agredir a un uniformado tiene un castigo que estiman leve. “Pegar a un policía sigue siendo muy barato en este país”, asegura Toni Castejón, uno de los portavoces del sindicato mayoritario de la policía catalana, SME-Fepol.
Las puertas de la comisaría de los Mossos de Lleida acogieron la semana pasada una protesta secundada por todos los sindicatos. Una pelea multitudinaria entre dos familias en la Mariola acabó con un mosso ingresado por una fractura de cráneo tras ser brutalmente golpeado con una barra de hierro. Otro recibió 15 puntos de sutura por una profunda herida y cuatro más resultaron heridos cuando medio centenar de personas se abalanzaron sobre ellos. “En Lleida y en toda Catalunya, ni impunidad, ni silencio. Quien nos agrede, pagará. Quien nos abandona, también”, advertía el comunicado de la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (Uspac).
La pelea se inició por motivos que se investigan y participaron un centenar de personas. La situación parecía calmada cuando agentes del área regional de recursos operativos (ARRO) y patrullas de seguridad ciudadana llegaron al barrio. En ese momento, varias decenas de individuos que rondaban por la zona reaccionaron de forma violenta contra los policías.
El siguiente en tomar la voz fue el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero que hizo referencia a los altercados en sus intervenciones en los actos de las Esquadres. Trapero aseguró que cuando agreden a un policía “están atacando a un sistema de convivencia, es una agresión a cada uno de los ciudadanos”. Porque un policía en la calle, recordó, “nos representa a todos”. Y quiso tener unas palabras para los violentos e intolerantes: “No habrá espacio de impunidad ni autogestión en ninguna calle de Catalunya”. Admitió que los recursos son escasos, que faltan policías, pero pidió tiempo para que los Mossos también estén en aquellos espacios en los que durante un largo periodo su presencia “solo fue testimonial”, en clara referencia precisamente a esos barrios del extrarradio de las grandes ciudades donde la presencia policial debe ser mayor y constante y no solo como respuesta a los incidentes.
La petición sindical
Demanda en el Congreso
Lo ocurrido en la Mariola, Cerdanyola o Salt ha llevado a una agrupación de sindicatos policiales a registrar en el Congreso de los Diputados una iniciativa para endurecer las medidas contra la violencia policial. A la propuesta se han añadido otras agrupaciones como la Organización Sindical Euskal Polizien Elkartasuna (Euspel), Unió Sindical de Policies Locals de Catalunya (Uspol) o la Unió Sindical de Comandaments Operatius de Policia de los Mossos d’Esquadra (Uscop), entre otras. Las organizaciones firmantes instan a los grupos parlamentarios a tramitar con urgencia dos reformas legislativas para garantizar una protección jurídica eficaz y uniforme para los agentes de la autoridad. La más esencial es la modificación del Código Penal para, a grandes rasgos, endurecer las penas por delitos de atentado, resistencia y lesiones a agentes de la autoridad. La otra demanda es la creación de una Fiscalía especializada en la persecución penal de estos delitos, con competencia nacional y criterios homogéneos
