El que fuera el propietario de la casa Orsola hasta que el gobierno del alcalde Jaume Collboni orquestó la compra de esta finca de la calle Consell de Cent emitió este jueves una muy dura carta abierta para criticar las últimas políticas de vivienda. El empresario Albert Ollé subrayó que la inseguridad jurídica que las administraciones están generando entre los propietarios es tal que la mayor parte de ellos dejaran de lado la posibilidad de alquilar sus viviendas y tratarán de venderlas, extremo que a la postre no hará otra cosa que encarecer aún más los arrendamientos.
“El propietario no es el culpable –escribe el empresario Ollé–, sino la solución imprescindible de un mercado saludable. Penalizarlo sólo empobrece el parque disponible y asusta la inversión que tanta falta nos hace. Continuar restringiendo precios y eliminar apartamentos turísticos sin un plan alternativo no abaratará nada; al contrario, acelerará la huida de la oferta. El remedio es tan antiguo como ignorado: seguridad jurídica, incentivos a la propiedad y desalojo expreso de cualquier ocupación en 24 horas. Los grandes fondos tenedores hace tiempo que se han ido; si caemos en la arbitrariedad, también lo harán los pequeños ahorradores que todavía creen en esta ciudad”.
Este inversor también cuestiona la utilidad de la obligatoriedad de dedicar el 30% de cada nueva promoción a viviendas públicas. “Con el famoso 30% por bandera el gobierno de Ada Colau solo consiguió 65 pisos protegidos. En paralelo, la construcción privada quedó en punto muerto. Menos oferta, precios más altos: no se necesitan teorías sofisticadas para entenderlo”.
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Este inversor inmobiliario saltó a los titulares luego de comprar este edificio y comunicar a a sus inquilinos que no renovaría sus contratos de alquiler. Luego unos cuantos de estos inquilinos se rebelaron, anunciaron que no abandonarían las viviendas y denunciaron que la nueva propiedad no pretendía otra cosa que reformar los pisos ya vacíos y alquilarlos en régimen de temporada por rentas tres veces más caras que las que ellos venían pagando. Asociaciones de defensa del derecho a la vivienda entendieron que se trataba de un caso paradigmático. “El 20 de mayo firmé la escritura de compraventa que pone fin al larguísimo conflicto de la casa Orsola –dice también la carta de Ollé–. Salí aliviado, porque al fin y al cabo paso página, pero también indignado: dinero público sufragará alquileres de privilegio para vecinos que no son vulnerables ni de lejos, mientras miles de barceloneses siguen sin opción a una vivienda asequible”.
